Durante una comparecencia ante el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aludió a la preocupación que genera la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España, señalando que tales episodios pueden perjudicar la confianza de las víctimas en la justicia y las instituciones. El fallo del TEDH responsabilizó a las autoridades judiciales y policiales españolas por deficiencias en la gestión y la investigación de un caso de presunta doble agresión sexual con sumisión química en Pamplona en 2016, hecho que nunca llegó a juicio. Esta preocupación se ha expresado, según consignó el medio, en el marco de una sesión de control en el Congreso, en respuesta a planteamientos de la diputada Marije Fullaondo, representante de EH Bildu, quien calificó lo ocurrido durante el gobierno del Partido Popular como un “escándalo mayúsculo” y exigió garantías para que no vuelva a repetirse un caso así.
Según detalló el medio, Grande-Marlaska reconoció que la sentencia del TEDH pone de relieve la gravedad de la vulneración de derechos humanos, precisamente porque deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad y desconfianza respecto al sistema. No obstante, subrayó que estos incidentes no constituyen una práctica extendida ni generalizada en el ámbito policial ni judicial. El titular de Interior respondió a EH Bildu marcando una diferencia entre el reconocimiento de la preocupación legítima y la afirmación de una pauta sistemática de mala praxis, defendiendo los procedimientos y mecanismos de control existentes.
De acuerdo con la información publicada, Marlaska recordó que el marco legal vigente en España contempla medidas de protección específicas para las víctimas de agresiones sexuales. Reafirmó la existencia de protocolos y controles al interior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los cuales, según dijo, buscan garantizar la aplicación efectiva de la normativa en materia de protección de víctimas. Insistió en que resulta preocupante cualquier episodio de vulneración de derechos, pero rechazó que puedan vincularse estos sucesos a una dinámica común dentro de las instituciones mencionadas.
La intervención de la diputada Fullaondo de EH Bildu incluyó cuestionamientos por la actuación policial en el caso, centrando su crítica en la supuesta pérdida y manipulación de pruebas, hecho que formó parte de las conclusiones del TEDH. En este contexto, Bildu exigió responsabilidades y reclamó mecanismos reforzados para evitar la repetición de situaciones similares, manifestando el efecto negativo que estos hechos tienen sobre la percepción de las víctimas y la sociedad.
El medio también reportó que la condena del TEDH ha tenido eco en el debate político, especialmente en el posicionamiento del Partido Popular. En el desarrollo de la sesión, el diputado del PP Carlos García Adanero calificó como “indecente” la postura del Gobierno en relación con EH Bildu, vinculando esta actitud con una supuesta falta de firmeza ante las demandas de la izquierda abertzale. García Adanero acusó al Ejecutivo de mantener su permanencia en el poder a costa de acuerdos con Bildu, contexto en el que ubicó también la respuesta gubernamental a incidentes como el abordado en la sentencia internacional.
Grande-Marlaska, en su turno de respuesta al Partido Popular, defendió la postura del Gobierno en materia de apoyo a las víctimas, con una mención expresa a las del terrorismo. Sostuvo que el Ejecutivo central se compromete de manera permanente con la reparación y el reconocimiento de quienes han sufrido violencia, rememorando la orden expresa del presidente Pedro Sánchez en 2018 de “dignificar a las víctimas del terrorismo” mediante iniciativas como el Centro Memorial de Vitoria. Subrayó que no se trata de fomentar el rencor ni la confrontación, pero sí de mantener la memoria de los episodios pasados en el marco del respeto institucional.
Tal como describió el medio, la discusión sobre la sentencia del TEDH sirvió también de escenario para que Marlaska reiterara la política de controles internos y legislación de apoyo a las víctimas implementada desde el Ejecutivo. Destacó que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los órganos judiciales disponen de protocolos e instrumentos de supervisión para disminuir la posibilidad de errores o malas prácticas, reiterando que la condena europea requiere una valoración crítica pero no implica una acusación generalizada a las instituciones nacionales.
En cuanto a la gestión gubernamental en situaciones de emergencia, Grande-Marlaska mencionó la intervención del Gobierno durante la depresión aislada en niveles altos (DANA) que afectó a Valencia el año anterior, enfatizando la voluntad de asistencia a los afectados y reiterando la centralidad de la atención a las víctimas en la acción pública. Según lo consignado por el medio, afirmó que el Gobierno siempre ha ofrecido apoyo tanto en casos relacionados con la criminalidad común como en episodios de terrorismo, reafirmando el compromiso institucional en materia de derechos humanos y reparación.
El debate parlamentario reflejó posiciones divergentes respecto a la interpretación y las consecuencias de la condena europea. La sesión fue escenario para la confrontación de narrativas políticas alrededor del funcionamiento de las instituciones, el papel del Gobierno en la protección de las víctimas y la respuesta a los fallos internacionales como el dictado por el TEDH, tal como expuso el medio.
