El Ministerio de Exteriores palestino confirmó que los organizadores del vuelo exigieron pagos a los pasajeros provenientes de Gaza y que ejecutaron la operación de traslado de manera irregular, desentendiéndose de cualquier responsabilidad frente a las complicaciones que surgieron tras la llegada a Sudáfrica. Según consignó el medio, ciudadanos palestinos volaron desde el aeropuerto Ramón, ubicado en el sur de Israel, hasta el aeropuerto internacional OR Tambo, en Johannesburgo, haciendo escala en Nairobi, capital de Kenia, sin que en ningún momento las autoridades sudafricanas recibieran información detallada o autorización previa sobre el viaje.
De acuerdo con la información publicada, el avión transportó a 153 personas originarias de la Franja de Gaza. La llegada de este grupo, cuyos miembros poseían permisos de ingreso al país, generó alarma entre las autoridades sudafricanas ante la falta de coordinación oficial tanto con el gobierno de Sudáfrica como con representantes del Estado palestino. El medio reportó que los pasajeros quedaron retenidos durante varias horas dentro de la aeronave a la espera de una decisión de las autoridades migratorias y policiales.
Tal como publicó la agencia, finalmente el gobierno sudafricano otorgó visados temporales por 90 días a los 153 palestinos, permitiéndoles ingresar al país bajo un estatus excepcional por motivos humanitarios y en consonancia con el seguimiento internacional del caso. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, explicó que “normalmente, les habríamos dicho que debían regresar porque no tenían documentación, pero por empatía, por compasión y porque son un pueblo al que Sudáfrica ha brindado su apoyo, sentimos que debíamos acogerlos y tramitar su caso. Su caso está en trámite, lo estamos analizando y nuestras agencias de inteligencia están involucradas”.
El gobierno palestino manifestó preocupación por las circunstancias irregulares del viaje y denunció, a través de un comunicado oficial, la existencia de un supuesto plan de “desplazamiento forzado”. Señaló que “participar en planes de desplazamiento forzado constituye un delito según el derecho internacional y nacional, y no será tolerado”. En el mismo texto, el Ministerio de Exteriores palestino y la Embajada en Sudáfrica destacaron que la entidad responsable de organizar el vuelo no ofreció detalles sobre su identidad ni asumió responsabilidades ante los problemas derivados de este traslado. La Embajada advirtió a los habitantes de Gaza sobre el riesgo de confiar en intermediarios o organizaciones no reconocidas y publicó en su cuenta oficial de X: “La Embajada insta encarecidamente a nuestro pueblo en Gaza a mantenerse alerta y evitar cualquier tipo de contacto con dichas organizaciones o intermediarios no oficiales”.
El medio detalló que, tras la revisión de documentos, el Ejecutivo sudafricano accedió a proceder con la acogida temporal de los pasajeros, considerando factores humanitarios y el contexto de apoyo histórico brindado a Palestina. El Ministerio de Exteriores palestino, a través de una nota, agradeció este gesto y subrayó el liderazgo del gobierno de Cyril Ramaphosa. “La Embajada (palestina en Sudáfrica) valora enormemente la decisión soberana y humanitaria del Gobierno de Sudáfrica de conceder visados de entrada de 90 días a los pasajeros palestinos”.
Según informó la fuente, el gobierno sudafricano ha iniciado una investigación sobre el plan de traslado, involucrando a sus agencias de inteligencia con el fin de analizar en profundidad las circunstancias de este vuelo y establecer responsabilidades. Paralelamente, la Cancillería palestina ha anunciado la intención de seguir de cerca cualquier caso que implique a personas de su comunidad que hubieran sido víctimas de engaños relacionados con promesas de refugio, señalando que supervisará estos procesos tanto en tribunales locales como internacionales.
Las autoridades de Sudáfrica recalcaron que la adjudicación de estos permisos temporales responde al carácter excepcional de la llegada y no constituye precedente de aceptación automática para futuros traslados irregulares. Mientras tanto, la situación de los 153 ciudadanos palestinos continúa bajo evaluación, a la espera de resoluciones sobre su estatus definitivo tanto a nivel migratorio como en relación a los posibles responsables de la operación de desplazamiento detectada.
