Más Madrid ha reclamado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el cese de su consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras censurar Arcópoli las «limitaciones y presiones» ante la publicación del ‘Informe Anual de Incidentes de Odio motivados por LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid’.
Lo ha pedido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la líder de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, quien ha indicado que han registrado, además, una iniciativa orientada a «reprobar» a Dávila por «este escándalo».
Arcópoli afirmaba en un comunicado el sábado que a lo largo de las últimas semanas habían recibido «comunicaciones por parte de la administración que, en tono y forma, rozan la amenaza y generan un clima de presión» hacia su trabajo. «No hablamos de prohibiciones explícitas, pero sí de una actitud que condiciona la libertad con la que una organización como la nuestra debe poder expresarse», señalaban desde la organización, quienes incluyen este año una «valoración crítica» de las reformas de las leyes LGTBI y Trans en 2023 que dejan «a las víctimas en una situación de mayor desprotección».
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha explicado que «simplemente» ha requerido a Arcópoli que corrijan defectos de forma y maquetación del documento del estudio y que «eliminen las valoraciones subjetivas de contenido político», ya que la Comunidad de Madrid destina una subvención a esta entidad para que elabore «un informe basado en datos objetivos».
Bergerot ve en este movimiento de la Consejería un intento de «censurar» el informe de Arcópoli por «mencionar las consecuencias negativas del vaciado de las leyes LGTBI y Trans. «Ante este hecho hemos presentado una iniciativa parlamentaria para que Ayuso deje de torpedear la publicación del estudio financiado por la propia Comunidad de Madrid y elimine las cláusulas censoras de los pliegos de futuras subvenciones para elaborar informes y estudios», ha afirmado.
Entiende la líder de Más Madrid que es «incompatible con la democracia» el «uso de los pliegos de las subvenciones» para «condicionar el trabajo de las entidades sociales», al tiempo que ha destacado que el pasado año se han «duplicado las agresiones LGTBIfóbicas».
Frente a ello, el portavoz adjunto del PP Rafael Núñez ha destacado que el Ejecutivo regional ha «pedido simplemente a esta asociación que corrija defectos de forma y de maquetación en el documento de solicitud». Asimismo, ha negado que «nadie esté en condiciones de mínimamente dudar de la vocación social que tiene esta Consejería y en particular con el colectivo LGTBI».
Para la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, lo que se evidencia es que el Gobierno autonómico «siente vergüenza por las políticas que hace» al ser la primera comunidad en toda España» que está «dando pasos atrás en los derechos LGTBI».
«Lo que debería hacer el Gobierno de Ayuso es sentarse con las asociaciones, es escuchar y trabajar por una educación en diversidad. Que garantice que las generaciones futuras crezcan en respeto o igualdad. Si hiciera eso, quizás sentiría menos vergüenza de las leyes que saque adelante», ha espetado la socialista.