(Desde San Pablo) El último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) ha revelado la magnitud de un drama persistente en la sociedad brasileña: el matrimonio infantil. Según los datos revelados este mes, 34.000 niños y adolescentes, de entre 10 y 14 años, viven en Brasil en uniones conyugales. Ocho de cada diez, alrededor del 77%, son niñas y la mayoría tiene relaciones informales. Solo el 7% está casado civilmente y por la iglesia, el 4,9% solo civilmente y el 1,5% únicamente por la iglesia.
La ley brasileña prohíbe el matrimonio de adolescentes menores de 16 años, salvo en casos excepcionales autorizados por los tribunales. Entre los 16 y los 18 años es necesaria la autorización legal de los padres o de quienes ejercen la tutela.
“La recopilación de datos se basa exclusivamente en las declaraciones de la persona que entrevistamos”, declaró al sitio web de noticias G1 Marcio Mitsuo Minamiguchi, del Departamento de Estudios y Análisis de Dinámicas Demográficas del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Según Luciene Aparecida Longo, técnica del IBGE, se hacen preguntas sobre el tema a partir de los 10 años.
“El Instituto quiere obtener una imagen del país, no solo de lo que es legal o no, precisamente para identificar dónde hay problemas en los que las políticas públicas pueden intervenir para mitigar o eliminar lo que no se ajusta a la ley”, declaró Longo a G1.
El censo también puso de relieve que la mayoría está compuesta por personas mestizas (20.414), blancas (10.009), negras (3.246), indígenas (483) y amarillas (51). El número más alto se registra en el estado de San Pablo, con 4.722 niños y adolescentes, lo que representa el 0,02% de las personas en unión estable. Pero, proporcionalmente, el número más alto es el del estado de Amazonas, donde el 0,11 % (es decir, 1.672) de las uniones corresponden a jóvenes de este grupo de edad. En 2023, la prensa brasileña se hizo eco del matrimonio de un hombre de 65 años, Hissam Hussein Dehaini, alcalde de Araucária, en el estado de Paraná, que se casó con una joven de 16 años.
El problema de los matrimonios en la adolescencia suele estar relacionado con el de la maternidad precoz, otro tema de gran actualidad en Brasil. Un estudio publicado el pasado mes de julio por el Centro Internacional para la Equidad en Salud de la Universidad Federal de Pelotas, en el estado de Rio Grande do Sul, reveló que una de cada 23 adolescentes de entre 15 y 19 años es madre. Entre 2020 y 2022, más de un millón de jóvenes de esta franja de edad tuvieron hijos. Entre las niñas de entre 10 y 14 años, la cifra superó las 49.000.
En este último grupo de edad, según la ley, cualquier embarazo se considera el resultado de una violación a una persona vulnerable. Según los investigadores del estudio, detrás de este tipo de embarazos adolescentes se encuentran principalmente problemas como la pobreza y la falta de oportunidades.
“Brasil no consigue proteger a sus mujeres jóvenes. Se necesitan políticas públicas para abordar las causas profundas del problema, como la pobreza, el abandono escolar y la falta de acceso a los servicios”, declaró a la Agencia Brasil Aluísio Barros, director del estudio. El impacto social es muy alto, también desde el punto de vista económico.
Entre 2022 y 2024, la hospitalización de adolescentes le costó al sistema de salud pública 254,5 millones de reales (48,1 millones de dólares), según un estudio de Planisa y de DRG Brasil, consultoras especializadas en la gestión de costos de salud. De hecho, los embarazos adolescentes son más riesgosos que los que se llevan a cabo en la edad adulta. Según esta misma investigación, en Brasil el 21,63% de las adolescentes embarazadas tuvieron complicaciones, frente al 13,38% de las adultas, mientras que los casos graves fueron del 6,21% contra el 4,31% de las mujeres adultas. Entre las enfermedades registradas en el 3,3% de las adolescentes embarazadas aparece la sífilis.
Según otros datos del IBGE, el 23,1% de las jóvenes de entre 14 y 29 años abandonaron la escuela debido a un embarazo. Más allá de los porcentajes, la imagen que ofrece el censo es la de un país atrapado entre las promesas de evolución del sistema escolar y público y una realidad que aún no logra ofrecer grandes oportunidades, especialmente a los sectores más pobres de la población.
A principios de noviembre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ratificó una nueva ley que establece el Sistema Nacional de Educación (SNE), ya rebautizado por la prensa brasileña como el nuevo SUS, acrónimo del sistema nacional de salud. El objetivo es crear una maquinaria más coordinada entre el gobierno federal, los estados y los municipios para mejorar la calidad de la educación y reducir las desigualdades. Es decir, no se modifica el programa educativo, sino que se trata de uniformar las políticas públicas en la materia y superar la fragmentación de las iniciativas dispersas y a corto plazo que ha existido hasta ahora.
En particular, el SNE se encargará de uniformar la formación de los profesores y la comunicación entre docentes y alumnos, a menudo uno de los mayores obstáculos en la prestación pública de la educación. Sin embargo, no han faltado las críticas.
En primer lugar, la iniciativa lleva un retraso de al menos ocho años, ya que estaba prevista para 2016 por otra ley, la que aprobó en 2014 un plan nacional de educación. La otra gran incógnita es la financiación y su reparto entre las distintas entidades implicadas.
“Cada vez que en la política pública se hace algo sin tener en cuenta las cuestiones fiscales, corremos el riesgo de crear una ley que podría convertirse en letra muerta o que pone a los municipios en una situación incómoda porque no pueden cumplirla”, declaró al sitio web O Globo Claudia Costin, presidenta de Equidade. Info, un instituto asociado a la Universidad de Stanford.
Otros expertos, en cambio, han criticado la centralización del proyecto. “Las adaptaciones regionales son fundamentales para aplicar correctamente las políticas y alcanzar los objetivos.
Es esencial que haya equilibrio dentro del sistema unificado para alcanzar los objetivos clave, pero con la flexibilidad necesaria para que cada red encuentre respuestas a sus propias necesidades. Una centralización excesiva creará dificultades y sería inconstitucional porque existe la autonomía de las entidades”, declaró al diario O Globo Ivan Pereira, de Mind Lab, una organización especializada en metodologías educativas.
Los retos educativos son muchos y varían de una región de Brasil a otra. Si en el país la tasa de analfabetismo funcional, es decir, la dificultad para escribir y leer, es del 29%, el impacto es mayor en la población negra e indígena.
Tres de cada diez brasileños de entre 15 y 64 años apenas pueden leer palabras aisladas, frases cortas e identificar los números de la vida cotidiana, como los precios en el supermercado o los del teléfono. Según Anna Helena Altenfelder, presidenta del Consejo de Administración del Cenpec, una organización no gubernamental que desarrolla proyectos para mejorar la educación pública, la alfabetización tardía o el estancamiento en el nivel de analfabetismo funcional “niega derechos fundamentales y compromete el ejercicio de la ciudadanía”.
“Ser ciudadano significa participar en diferentes instancias y esferas sociales”. Por eso es fundamental “dominar las competencias de lectura y escritura para que la persona pueda informarse, participar en la vida comunitaria e insertarse en el mundo laboral”, declaró Altenfelder al sitio web de noticias G1.
El retraso educativo de Brasil afecta a toda la trayectoria escolar, incluida la universidad. En la edición de 2025 del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), titulado “Una mirada a la educación” (Education at Glance en inglés), el 51% de los brasileños que acceden a la universidad no se gradúan hasta tres años después de la duración normal de los estudios, frente a una media del 30%.
Según los expertos, las razones son múltiples, desde la baja calidad de la educación recibida en la trayectoria escolar hasta la falta de recursos económicos y de perspectivas tras los estudios. “Pocos estudiantes llegan con un buen nivel de aprendizaje, lo que afecta a su capacidad para continuar los estudios. Llegan con lagunas significativas en los conocimientos que deberían haber adquirido en la escuela”, declaró al sitio web G1 Ernesto Martins Faria, director y fundador de la organización no gubernamental Interdisciplinariedade e Evidências no Debate Educativo (Iede).
Tanto en Brasil como en todos los demás países analizados en el estudio, las mujeres que se matriculan en cursos de grado de tres años tienen más probabilidades que los hombres de completar la carrera a tiempo o en un plazo de tres años a partir de la fecha prevista. Sin embargo, paradójicamente, son precisamente las jóvenes las que representan la mayoría de la llamada generación “ni-ni”, es decir, ese sector de la población que no estudia ni trabaja.
En 2024, en Brasil, casi una cuarta parte de los jóvenes (24%) de entre 18 y 24 años no trabajaba ni estudiaba, con un porcentaje del 29% entre las mujeres y del 19% entre los hombres. “Tenemos el problema de los embarazos adolescentes y el cuidado de los hermanos menores. Dado que en Brasil la cultura de la escuela a tiempo completo aún no es predominante, alguien tiene que quedarse en casa para cuidar de los más pequeños. Por lo general, cuando no es la madre, es la hermana mayor”, explica Costin.
Por último, un dato preocupante que ha surgido en las últimas semanas es el aumento del trabajo infantil. Según datos del IBGE, al menos 1,65 millones de niños y adolescentes brasileños de entre 5 y 17 años se encuentran en esta situación, lo que supone un 4,3% del total. En Brasil, el trabajo infantil está prohibido hasta los 13 años; de 14 a 15, la ley solo permite el aprendizaje, mientras que entre 16 y 17 años solo se puede trabajar con la libreta de trabajo, pero están prohibidas las actividades insalubres, peligrosas o nocturnas, un escenario que a menudo contradice la realidad brasileña.
