MENDOZA.- Las sorpresivas y repudiadas pintadas en las rocas del imponente Dique Potrerillos no serán gratuitas. No se trata de un delito; sí, de una contravención, que contempla sanciones y días de arresto. Por lo tanto, los acusados de atentar contra el patrimonio natural mendocino, en medio de la montaña, deberán hacer frente a una abultada multa, que podría superar los 20 millones de pesos, en caso de que la Justicia, que ya abrió una investigación de oficio, determine el cargo mayor. Hasta ahora no se conoce la identidad ni el origen de las personas denunciadas, quienes habrían cometido el ataque en los últimos días, durante las vacaciones de invierno.
De esta manera, se busca poner un freno a los actos de vandalismo en los sitios turísticos, ya que siguen ocurriendo en distintas partes del país y del mundo, con antecedentes importantes que también tuvieron represalias oficiales.
El caso tomó relevancia nacional tras viralizarse en las redes sociales, con un video donde un joven decidió exponer a un pequeño grupo de turistas, todos adultos mayores, que realizaban grafitis con aerosol de color verde sobre rocas ubicadas en las inmediaciones del espejo de agua más visitado por locales y turistas. En una de las piedras se observa que dejaron impreso, lo que serían sus nombre: “Gui, Mari, Muni 2025”. Aunque las personas no han sido todavía identificadas formalmente por las autoridades mendocinas, sus rostros quedaron plasmados en la grabación, donde también se observa que piden perdón tras los insultos de quien filmaba, quien se mostraba cada vez más ofuscado por el proceder de los foráneos.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza explicaron a LA NACIÓN que el accionar de estos turistas no es considerado un delito, de acuerdo con el Código Penal, aunque sí cometieron una falta o contravención, vinculada al vandalismo, que reviste graves sanciones. “Las contravenciones no son delitos, sino faltas. Esto lo que significa que se sancionan con multas, días de arresto, trabajo comunitario reparación del daño, etcétera, no implicando un procedimiento que conlleve una pena de prisión”, aclararon.
El Código Contravencional, en su artículo 138 quater, contempla sanciones a quien “produjere una degradación ambiental no autorizada sobre el Piedemonte”. Así, frente a este caso, la jueza contravencional de turno, Viviana Fernández, procedió a abrir una causa de oficio. La decisión la tomó durante la tarde del martes, viendo que el caso tomaba cada vez mayor repercusión. Para este tipo de hechos se prevé una multa de 5000 a 50.000 Unidad Fiscales (UF), que tiene cada una un valor de 420 pesos, lo que representa en montos reales una suma que va de $2.100.000 a $21.000.000, además de hasta 10 días de arresto.
“Se están tomando las medidas correspondientes a fin de esclarecer el hecho. La causa pasará en los próximos días a los Juzgados Contravencionales de Luján de Cuyo”, indicaron fuentes judiciales, a la espera de que avance la investigación.
Qué dice el artículo 138 quater del Código Contravencional:
“El que por sí o por interpósita persona produjere una degradación ambiental no autorizada sobre el Piedemonte sujeto al régimen de la presente Ley Provincial de Pautas de Manejo y Disposiciones Específicas para la Planificación Integrada y Sostenible de la Precordillera y el Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza, o provocare la destrucción, alteración o pérdida de la funcionalidad de los cauces aluvionales de dicha zona, será sancionado con multa desde los cinco mil (5000) U.F. hasta cincuenta mil (50.000) U.F., o con arresto de hasta diez (10) días, y con la suspensión, paralización, clausura o destrucción de la acción infractora, según la gravedad de la transgresión. Debe fijarse además como obligación de conducta la realización de cursos sobre la temática ambiental, a cargo de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial o el organismo que en el futuro la reemplace”.
