En una jugada que podría servirle al Gobierno para contrarrestar y eventualmente desactivar la ofensiva de las provincias en sus reclamos fiscales, el presidente Javier Milei recibirá el próximo martes a la Mesa de Enlace de las entidades rurales.
Así lo adelantó en una entrevista radial el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, el dirigente ruralista de mejor y más cercana relación con Milei.
Agenda abierta
“Es todo un gesto que nos reciba el presidente. La agenda será abierta, con los temas que nos preocupan al sector”, dijo Pino, entrevistado en el programa CNN Campo.
“En derechos de exportación (retenciones) el camino es transitar hacia cero y estoy seguro que estamos yendo hacia ahí”, destacó el titular de la Rural, que a partir del próximo jueves 17, y hasta el domingo 27, en que se espera la visita presidencial, albergará la tradicional “Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional” en el predio de Palermo.
El encuentro, que sería a media mañana y en lugar aún a confirmar, coincide con el inicio de la llegada de los primeros ejemplares vacunos a la Feria Rural. Pino dijo que si hay un sector “al que pondera el presidente”, el el campo.
“Tenemos pedidos y quejas para tratar”, señaló en cuanto a lo que podrían plantear las entidades de la Mesa de Enlace en su reunión con el presidente. Las entidades que conforman la Mesa son, además de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, que reúne a cooperativas agrarias de todo el país.
El encuentro será a “agenda abierta”, dijo Pino, que mencionó que si bien aclaro que no hay un “tema puntual” a tratar, mencionó la cuestión de las retenciones, los cambios en el INTA y la instrumentación del fin de la “barrera sanitaria” patagónica, a la que se oponen los frigoríficos y productores de las provincias de la Patagonia.
Momento clave
La entrevista del Jefe de Estado con la dirigencia ruralista llega en un momento clave. El 30 de junio expiró la ventana temporal de reducción de las retenciones a la exportación de soja y maíz (la reducción sí fue prolongada para trigo y cebada) y el campo reclama porque la reducción se haga permanente, en un momento de precios internacionales deprimidos y todavía relativamente bajo tipo de cambio real (pese al aumento del dólar de las últimas semanas).
De hecho, hace dos semanas, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociación Rurales de Buenos Aires y la Pampa, la confederación más poderosa de la también poderosa CRA, realizó una fuerte crítica al gobierno nacional por volver por no hacer permanente la reducción de retenciones.
“Este Gobierno todavía no cumplió nada” dijo entonces el titular de CRA, quien argumentó que el bolsillo del productor “no aguanta más”, que exportar es cada vez más difícil y que los impuestos a la exportación son “un robo, con cualquier gobierno”.
La reducción temporal de las retenciones agilizó por cierto la liquidación de exportaciones del campo, que en el primer semestre del año alcanzaron un récord de divisas, el mayor de los últimos veinte años, con más de USD 16.000 millones.
La rebaja temporal de las retenciones, que en el caso de la soja ya regresó a su nivel del 33% desde el 26% anterior, terminó el 30 de junio pero su efecto seguirá hasta bien entrado julio. La consultora 1816 estimó que durante este mes se liquidarán cerca de USD 4.500 millones, ya declarados en junio, para aprovechar la alícuota reducida. La normativa obliga a liquidar los dólares dentro de los 15 días hábiles siguientes a esa declaración.
Pero la perspectiva para el resto del año es diferente, y en un momento en que, como ocurre habitualmente en las etapas pre-electorales, se espera un aumento de la demanda de divisas, azuzadas ahora por el riesgo que significa para la política económica del gobierno, y en particular para la preservación del superávit o -al menos- el equilibrio fiscal, las iniciativas ya sancionadas por el Congreso de la Nación para mejorar las jubilaciones, brindar una nueva moratoria previsional de dos años y aumentar los fondos para situaciones de discapacidad. Además, hay otros dos proyectos pendientes, impulsados por las provincias, que restarían más fondos a la Nación y agravarían el cuadro fiscal.
Todo esto ocurre además, en un contexto de precios internacionales no favorables para la producción argentina. De hecho, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), precisó que los actuales precios de la harina de soja, el principal producto de exportación de la Argentina, son los más bajos de los últimos 15 años, habiendo tocado a fin de junio una cotización de USD 281 la tonelada y moviéndose actualmente en torno de USD 283 la tonelada.
Gobernadores como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, de Córdoba y Santa Fe, dos de las provincias agroindustriales más importantes del país, han reclamado insistentemente por la reducción de retenciones y gestos favorables a la producción rural, y a su vez son provincias de peso en el reclamo fiscal por una “distribución automática” de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que tendría un costo fiscal de $290.000 millones para el gobierno nacional en el segundo semestre del año. Un gesto favorable hacia el campo podría, eventualmente, servir para contrarrestar o desactivar esos reclamos.
