Más de 30 exintegrantes del INTA, personal ya jubilado y principalmente exinvestigadores, fustigaron duramente al ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, por sus dichos sobre el organismo. Vale recordar que el Gobierno apunta a cambiar el modelo de gobernanza del instituto, lo que hará con un decreto, para tener el control directo sobre su administración. El INTA tiene un Consejo Directivo, órgano de máxima conducción, con las entidades del agro y las facultades de agronomía y veterinaria de las universidades nacionales, además de miembros del Gobierno.
En las últimas semanas, Sturzenegger tuvo palabras con las cuales insinuó que el organismo debía ser más eficiente en su estructura y funcionamiento. Tras ello, por ejemplo, Ariel Pereda, director nacional de carrera del organismo, le contestó al funcionario: “Este gobierno viene a intervenir el INTA con la intención de usarlo a trochi mochi y a piacere,[de hacer] lo que le parezca”, marcó.
Antes de ello, en mayo pasado, 21 presidentes de Consejos Regionales y Centros de Investigación de todo el país calificaron el proceso en el organismo como “irracional, inconsulto y violento de ajustes unilaterales”. Se hicieron eco de que el Gobierno quiere modificar la composición del Consejo Directivo Nacional. “Esa decisión es el pasaporte para llevar adelante un ajuste irracional e inconsulto de la estructura funcional y humana del INTA. Irracional porque nadie sabe cuál es el criterio ni el fundamento con el que funcionarios de los Ministerios de Economía y Desregulación han sostenido que hay que reducir en 1500 empleados la plantilla de personal del organismo o que el organismo cuenta con un presupuesto de 400.000 millones de pesos, cuando solo son 230.000 y una flota de vehículos de 3000 unidades (que si ese fuera el número más del 70% está destruido o en los talleres de los pueblos en reparación producto de haber tenido que transitar las deterioradas rutas de todo el interior argentino)”, dijeron en la carta.
En este contexto, en la carta el personal jubilado de exinvestigadores criticó a Sturzenegger. Comenzaron: “En el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, realizado en la city porteña el 13 de mayo de este año, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, preguntó a la audiencia si sabían qué hacía el INTA con una planta de 6000 personas, 3000 vehículos y un presupuesto de 400 mil millones de pesos. El lugar y la audiencia para formular esta pregunta retórica no fueron elegidos al azar: se trataba de un público ajeno o alejado culturalmente del campo y sus problemáticas, y que probablemente supiera poco sobre la labor del INTA”.
Agregaron: “El ministro Sturzenegger debería haber aclarado que esas 6000 personas —personal profesional, técnico y de apoyo altamente calificado— se distribuyen a lo largo y ancho del país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, en 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación y unas 258 agencias de extensión rural, ubicadas en los lugares más alejados y menos poblados del país. En estos sitios, los técnicos de la institución brindan asistencia y asesoramiento a los productores que desarrollan una actividad económica sumamente relevante para la Argentina”.
Entre otros puntos, luego indicaron que “el ministro omitió mencionar que, durante casi 70 años, el INTA se ha adecuado a las cambiantes necesidades de los agroecosistemas”. Remarcaron que “actualmente cuenta con un presupuesto de 223 mil millones de pesos —no 400 mil—, y que compensa ese presupuesto con subsidios internacionales y convenios con empresas privadas produciendo tecnología de alto impacto local, regional, nacional y exportando conocimiento”.
También hicieron foco en subrayar distintos avances donde estuvo el sello del INTA. “Podría haber señalado que tecnologías como la siembra directa, el almacenamiento de granos en silo bolsa, el mejoramiento genético de variedades de granos, oleaginosas, especies frutícolas, hortícolas, forrajeras y cultivos forestales e industriales con técnicas avanzadas, incluyendo la edición génica, son logros del INTA”, expresaron.
Añadieron: “También que la institución es responsable de la evaluación genética de las principales razas bovinas y ovinas del país, y que, junto al sector privado, ha desarrollado innovaciones en maquinaria agrícola —especialmente en agricultura y ganadería de precisión—, creando prototipos que hoy exportan empresas nacionales. Podría haber agregado que el INTA desarrolló vacunas para enfermedades que causan grandes pérdidas en ganadería como la “tristeza”, E. coli enterohemorrágica, “rabia paresiante”, la enfermedad de Gumboro en aves, o que creó un kit de diagnóstico único en el mundo para detectar el mal del Río Cuarto, la principal enfermedad del maíz, y que decodificó el genoma de la “chicharrita”, el vector de esa enfermedad, en tiempo récord. O tal vez podría haber contado que INTA desarrolló un centro de controladores biológicos de plagas frutícolas, que le permitió a los productores y empresas ahorrar millones en costos de aplicación de insecticidas”.
En este marco, el personal jubilado criticó una mención del ministro cuando dijo que el presupuesto equivalía a la mitad de las retenciones del maíz. “Aquí corresponde otra aclaración: según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Rosario para 2025, la recaudación por retenciones de los principales complejos agroindustriales sería de 9.370.410 millones de pesos (8386 millones de dólares al cambio oficial), mientras que el presupuesto del INTA asciende a 224.357 millones de pesos (193,4 millones de dólares), lo que representa apenas el 16% de las retenciones del maíz y el 2,3% del total recaudado por el sector agropecuario”, detallaron.
Remarcaron: “Una vez más, el ministro demuestra un desconocimiento alarmante de las cifras del sector agropecuario y del presupuesto del INTA. Esto es grave, porque si no se maneja información correcta, difícilmente se pueden tomar buenas decisiones. Esa es una forma de verlo. Otra, algo más “conspiranoica”, debemos admitirlo, es suponer que el ministro miente deliberadamente para obtener la licencia social que le permita avanzar en el desmantelamiento del INTA y otros organismos de ciencia y técnica. Una postura demasiado superficial para alguien con semejante nivel de responsabilidad”.
Según señalaron, modernizarse es parte del trabajo del organismo, pero deslizaron que el ministro lo que busca es “quitarle la autarquía, reducir la participación del sector privado en la toma de decisiones (recordemos que hoy ese sector tiene mayoría en el Consejo Directivo), despedir personal sin criterio, cerrar agencias de extensión, vender tierras y nombrar políticamente a los gerentes del organismo”.
Más repercusiones
En medio de la polémica por el INTA, exministros y exsecretarios de Agricultura con el peronismo y el kirchnerismo criticaron al Gobierno por su plan para el INTA. Fue en un documento conjunto de Felipe Solá, Javier de Urquiza, Carlos Cheppi, Julián Domínguez, Norberto Yauhar, Luis Basterra y Juan José Bahillo.
Tras esta postura, reaccionaron, pero contra los exfuncionarios del peronismo y el kirchnerismo, las sociedades rurales y asociaciones de productores de San Pedro, Pergamino, Rojas, Lincoln, Baradero, Capitán Sarmiento, Salto, Colón, San Antonio de Areco y Arrecifes. Precisaron que “efectivamente el INTA fue vaciado”. Remarcaron: “Sobre todo por los exsecretarios de Agricultura, quienes recientemente se manifestaron al respecto. Se lo vació cuando se lo desfinanció en la década del ‘90 obligándolo a subsistir firmando contratos al servicio de las empresas y no de la producción argentina”.
“Se lo vaciaba de dignidad toda vez que se suscribía uno de ellos, con garantía de confidencialidad. Es decir que se trabajaba con los dineros públicos, pero sujeto a la conveniencia comercial de las empresas. Se lo vaciaba cada vez que la protegida sindicalización era refugio de profesionales que nada producían”, agregaron. “Se lo vaciaba de dignidad y compromiso, cuando los técnicos eran supervisados y estaban impedidos de realizar publicaciones que no aprobaba la política imperante. Se lo bastardeaba y saqueaba cuando se desmerecía el trabajo y la investigación de los mejores en detrimento de punteros y politiqueros de turno”, precisaron.
Las entidades consideraron necesaria “la continuidad del Instituto de Investigación y Desarrollo protegiendo los mejores técnicos que en el subsisten, renovándoles la confianza institucional a partir del necesario saneamiento económico y burocrático”. Hablaron de que hay que “sentar en una dirección reducida de 6 miembros a las 4 entidades del sector”.
