La mañana del viernes 23 de mayo parecía una más para Paola Jiménez. Salió rumbo a su trabajo en una clínica dermatológica de Anchorage, en Alaska, Estados Unidos, con el apoyo habitual de su esposo, Cristian Ibáñez Velásquez, de nacionalidad peruana, quien la dejó en la entrada, como siempre. Media hora después, recibió una llamada que alteró el rumbo de sus días: Cristian le dijo que lo acababan de detener.
No hubo advertencia previa, ni cartas oficiales, ni una notificación que anticipara la acción. Según contó Jiménez, los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron en la entrada de la casa y, sin un intérprete disponible, esposaron a su esposo, quien solo habla español. Desde ese momento, comenzó una cadena de llamadas, visitas a centros de detención, preguntas sin respuesta y la angustia de no saber cuándo volverán a encontrarse.
“Dijo: ‘Me detuvieron. Es con ICE. Estoy esposado. Quieren hablar contigo’”, recordó Jiménez en una entrevista realizada casi una semana después. En medio de su jornada laboral, atendió el teléfono sin sospechar que la vida de ambos tomaría un giro tan radical.
Una detención sin aviso
Ibáñez Velásquez, de 32 años, ingresó a Estados Unidos por la frontera de Arizona en 2022, según su esposa. En su expediente figura una orden de deportación emitida en 2023 por no haberse presentado a una audiencia migratoria en Nueva York, un detalle que Jiménez asegura desconocían. “Ese mismo oficial (de ICE) que le hacía los registros fue el mismo que lo detuvo”, afirmó. “Entonces, si hubo una orden de deportación en ese entonces, ¿por qué nadie le dijo nada?”
Durante casi dos años, Cristian mantuvo contacto con las autoridades migratorias, aseguró Jiménez. Usaba una aplicación en su celular para tomarse fotos semanales que confirmaban su ubicación y asistía a citas presenciales cuando era requerido. En 2023 se trasladó a Anchorage, donde conoció a Paola. En octubre de 2024 contrajeron matrimonio.
“Todo el proceso es caro al principio. A, B y C, siempre había algo intermedio”, explicó. “Era difícil pagar todo por nosotros y luego empezar el proceso. Así que, por desgracia, nunca lo hicimos. Y entonces ocurrió esto, y lo cambió todo por completo.”
Un sistema inaccesible
Tras su detención, Ibáñez fue trasladado al Complejo Correccional de Anchorage, a la espera de su envío al centro de detención de ICE en Tacoma, Washington. En ese tiempo, según relató su esposa, le permitieron hacer llamadas telefónicas limitadas y algunos días pudo recibir visitas. En uno de esos encuentros, Cristian le expresó que no estaba recibiendo su medicamento para la acidez estomacal. La razón: nadie le explicó cómo pedirlo y no sabe leer ni escribir en inglés.
“Dijo que la enfermera le dijo que tenía que pedirlo por escrito y entregárselo al guardia”, señaló Jiménez. “Pero mi esposo no sabe leer, ni decir ni hacer nada en inglés.”
Paola también cuestionó la falta de servicios de interpretación durante el arresto y dentro del centro de detención. Cuando consultó sobre las responsabilidades legales respecto a estos servicios, la vocera del Departamento de Justicia de Alaska, Patty Sullivan, respondió: “El DOC brinda el mismo nivel de atención a los reclusos y detenidos federales que a los reclusos estatales. Esto incluye atención médica y servicios de traducción, según sea necesario”.
La experiencia de esta pareja se inscribe en un contexto más amplio. Según cifras proporcionadas por el Departamento de Correccionales de Alaska, desde enero de 2025 al menos once personas fueron detenidas por ICE en ese estado. En todo 2024, se reportó una cifra similar. La diferencia: aún no se alcanza la mitad del año.
Además, como explicó la abogada de inmigración Margaret Stock, estos datos no capturan a todos los detenidos, pues algunos son llevados directamente fuera del estado, sin pasar por los registros locales.
“El ICE no aplica medidas de control indiscriminadamente a personas al azar”, declaró David Yost, oficial de relaciones públicas del organismo, en respuesta a una consulta sobre el caso. “Todos los extranjeros que violen la ley de inmigración estadounidense pueden ser arrestados, detenidos y, si se determina su deportación por orden judicial, expulsados de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad.”
En el caso de Cristian, la falta a una audiencia judicial en Nueva York en 2023 fue el detonante legal que llevó a la orden de deportación. El abogado Nicolás Olano, consultado por Jiménez, revisó el Número de Registro de Extranjero asignado a Ibáñez y confirmó la existencia de esa orden. “Con una orden de deportación y una falta a una comparecencia judicial, no se puede hacer mucho”, le dijo.
El impacto doméstico
En Anchorage, Paola y Cristian compartían una rutina sencilla. Juntos adoptaron a dos gatos, Cosmo y Tac. Repartían productos de supermercado por medio de la aplicación InstaCart, veían televisión por las noches y frecuentaban tiendas locales. También hacían viajes breves a Wasilla o salidas a cenar. Desde su arresto, esa rutina desapareció.
“Cuando llego a casa del trabajo, la casa está vacía”, confesó Jiménez. “No sé cuándo volveré a ver o saber de mi marido.”
El viernes por la tarde, el localizador de detenidos en línea confirmó lo que ella temía: Cristian ya estaba en Tacoma. A partir de ese momento, no supo nada más. El plan ahora es claro, aunque difícil: reencontrarse con él en Perú.
“Lo único que queremos ahora mismo es que regrese a Perú”, dijo. “Me encantaría que pudiera quedarse aquí, pero no va a suceder.”
Aunque lamenta que no iniciaron antes el proceso de regularización migratoria, Jiménez aseguró que las dificultades económicas pesaron más que su voluntad. En retrospectiva, solo queda adaptarse. “Cuando lo envíen a Perú, iré tras él”, sentenció. “Porque, bueno, es mi esposo.”
