CÓRDOBA.- En una visita de campaña electoral el presidente Javier Milei estuvo ayer en Tierra del Fuego, una provincia con la que ha mantenido una relación de tensión latente que se profundizó cuando anunció en mayo pasado la baja de aranceles para la importación de celulares, aire acondicionados y televisores.
Milei defendió la vigencia de los derechos adquiridos y los acuerdos existentes, y consideró que “Tierra de Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. El problema no es la ventaja que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente, todo lo que paga, además de impuestos”.
El régimen especial fueguino hace tres años fue calificado por Milei, entonces diputado, como “una estafa a los argentinos de bien. Ese régimen les cuesta muchísimo a los argentinos en términos de dinero y en términos de bienestar” pero un año después reconoció que “hay derechos adquiridos, no se va a tocar porque se renovó hace muy poco”.
El esquema se sancionó el 16 de mayo de 1972. Establece un esquema fiscal y aduanero especial para la provincia. Excluye a la industria fueguina del pago del IVA, de Ganancias y de los aranceles de los insumos importados.
En 2021, el subrégimen de beneficios para la industria electrónica se prorrogó hasta 2038, mientras que para las textiles rige hasta 2028, con una paulatina disminución de beneficios.
Su costo fiscal, según datos del Iaraf, que dirige Nadín Argañaraz, equivale este año a $1,5 billones, 0,18% del PBI. Para 2026, 0,17% del PBI, o sea $1,8 billones. El think tank Fundar estima que es alrededor de US$1.000 millones anuales (no incluye las exenciones en Ganancias y en el impuesto al cheque).
Para compensar la baja gradual de aranceles a los importados que termina con su eliminación total en 2026, el Gobierno puso en marcha el “courier fueguino”, con lo que los productores de la isla pueden vender directamente al consumidor final continental, sin intermediarios y con beneficios fiscales sin la necesidad de “importar” los productos. El límite por operación es de hasta US$3.000 y los beneficios son la exención de IVA y derechos de importación (incluso para montos que excedan los US$400).
Fiduciario
La Isla, además del régimen de promoción, cuenta con un fondo fiduciario que acumula unos $180.000 millones. En su presentación en Diputados en abril pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno busca eliminar el régimen especial y sostuvo que su manejo es “poco transparente y opaco”. La administración está a cargo de tres funcionarios designados por el Ejecutivo.
Los fideicomisos siempre estuvieron en la mira de Milei, que los consideró “una caja de la política”. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) fue creado en el 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández para complementar el régimen de promoción y está constituido por aportes privados. Las ensambladoras radicadas en la isla, excepto las textiles, destinan 15% de los beneficios que les genera el no pago de IVA. El tres por ciento del FAMP se destina a gastos administrativos.
Noelia Ruiz, cercana a Santiago Caputo, es quien preside el comité ejecutivo que administra ese fiduciario que logró, hasta ahora, sobrevivir a los recortes que viene haciendo Nación.
