La condena por corrupción que está siendo cumplida por Cristina Kirchner representa un hito institucional. Quien las hace las paga, sea quien fuere. Pero la reacción de ciertos sectores políticos revela, una vez más, el rostro más bochornoso y regresivo de una militancia que prefiere el agravio antes que la reflexión y el ataque físico antes que el respeto por el orden democrático.
El ingreso violento a las instalaciones de TN y eltrece por parte de manifestantes que, además de causar destrozos materiales, pusieron en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en el lugar, es un hecho de extrema gravedad. Más alarmante aún es que entre los autores de ese ataque se encuentra José Lepere, mientras que en las últimas horas la policía aseguró haber identificado también allí a Juan Pablo Giles, dos exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, que trabajaron a las órdenes del exministro Eduardo de Pedro, estrechamente vinculados a la agrupación La Cámpora.
Cuando el odio verbal es llevado a los hechos por parte de exintegrantes de un gobierno se degrada la política a su nivel más irrazonable. Quien ha ocupado un cargo público tiene el deber ético de actuar con templanza, no con patoterismo; de canalizar sus desacuerdos dentro de los límites de la ley, no con hechos vandálicos.
Desde hace ya tiempo, una parte del kirchnerismo radicalizado ha cultivado la peligrosa lógica amigo-enemigo que no distingue entre debate democrático y agresión física. Los escraches, los linchamientos mediáticos y los actos públicos de humillación —como aquel lamentable episodio de niños escupiendo fotos de periodistas, en 2011— son expresiones de un deterioro cívico alarmante.
Ningún contexto justifica semejantes conductas. Ni la frustración por un fallo judicial adverso ni la identificación ideológica con una dirigente condenada pueden habilitar, de modo alguno, el uso de la fuerza para mostrar oposición.
Es clave destacar que estos hechos no son fruto del descontrol espontáneo de una multitud enceguecida. Por el contrario, la presencia de exfuncionarios evidencia planificación, connivencia política y una voluntad deliberada de intimidar. No se trata de un exceso aislado, sino de una acción organizada que busca sembrar miedo y erosionar la libertad de prensa.
Debe señalarse en este aspecto la lamentable diatriba verbal del Presidente contra numerosos sectores de la sociedad que disienten con él o con sus políticas. Ni lo uno ni lo otro son cuestiones inocuas.
Quienes han formado o forman parte del Estado deben ser los primeros en respetar sus normas y preservar sus instituciones. La participación en este tipo de actos no solo resulta peligrosa, sino moralmente nefasta. Lejos de representar a una ciudadanía movilizada, estos individuos encarnan lo más oscuro de la política: el autoritarismo encubierto bajo ropajes partidarios.
La Justicia debe actuar con celeridad y sin contemplaciones castigando a quienes buscan quebrantar las reglas de la convivencia ciudadana.
Ningún desacuerdo, por profundo que sea, puede derivar en actos de violencia. Nuestro país necesita más ejemplos de integridad y menos muestras de fanatismo.
Urge un compromiso firme de todos los sectores tendiente a respetar la ley, las instituciones y la libertad de expresión. Si la violencia verbal es ya intolerable, la violencia física es su forma más degradada y peligrosa.
