La inseguridad impactó a la comunidad educativa de San Juan de Lurigancho (SJL), tras registrarse una balacera contra la institución educativa nacional Francisco Bolognesi en reconstrucción en la zona de Huáscar.
Dos individuos en motocicleta dispararon varias veces hacia el portón principal del colegio en proceso de obras. El incidente dejó heridas a dos personas encargadas de seguridad: Víctor Balvín Araujo y Jesús Díaz Aliaga, ambos reportados con estado estable tras recibir atención médica.
Fuentes policiales afirmaron que la obra, financiada por una organización no gubernamental, cuenta con vigilancia privada. Al momento del ataque no se encontraban estudiantes ni personal docente, ya que las actividades académicas se desarrollan en locales alternos habilitados por el Ministerio de Educación (Minedu) mientras se efectúan los trabajos, según comunicaron representantes del Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) del Minedu.
El ataque se insertó en un contexto de extorsión frecuente hacia proyectos de construcción en la zona. Comerciantes y vecinos señalaron que los atentados se producen para presionar a las empresas constructoras e imponer pagos por “seguridad”, una práctica extendida en obras públicas y privadas de San Juan de Lurigancho.
Testigos dijeron a medios locales que los agresores suelen merodear el área con motocicletas, y que hechos similares ya han ocurrido mientras avanza el proyecto escolar.
Durante el patrullaje posterior, efectivos de la comisaría de Santa Elizabeth recolectaron casquillos y declaraciones para concentrar la investigación. Los atacantes huyeron por la zona Villahermosa sin ser ubicados, por lo que continúan las acciones para dar con los responsables.
Reacción del Minedu
En respuesta a los hechos, el Ministerio de Educación, a través del PEIP, aseguró que colabora activamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y mantiene comunicación constante con la empresa encargada de la reconstrucción.
La entidad indicó que las obras seguirán en marcha, acompañado de un refuerzo de la seguridad, con el objetivo de proteger al personal operativo y dar continuidad a los trabajos en la zona de construcción.
Las autoridades recalcaron que la integridad de los escolares no se vio comprometida porque las clases se desarrollan en sedes temporales, situadas lejos del lugar afectado.
El Minedu afirmó que la prioridad es garantizar el avance del proyecto y la seguridad de la comunidad educativa, por lo que hubo acuerdos con la Policía para intensificar la vigilancia en inmediaciones del colegio nacional y otros planteles en construcción en San Juan de Lurigancho.
La comunidad local renovó su exigencia de mayor presencia policial y acciones articuladas para frenar la ola de extorsiones en el distrito más populoso de Lima.
Organizaciones vecinales y comerciantes alertaron que estas prácticas delictivas se repiten en obras públicas, lo que genera temor en familias y trabajadores del sector educativo y constructor.
La empresa contratista responsable del proyecto no ha ofrecido declaraciones públicas hasta el momento. La investigación policial sigue abierta, con recopilación de evidencias y búsqueda de implicados en ataques anteriores.
El distrito permanece bajo estado de emergencia, medida motivada por la incidencia de criminalidad organizada y extorsiones recurrentes a colegios nacionales y privados.
