El Ministerio del Interior rompió su silencio tras el informe de la Contraloría que reveló que más de 500 cámaras corporales adquiridas para la Policía Nacional del Perú (PNP) están almacenadas sin uso y, en muchos casos, sin los implementos necesarios para su funcionamiento.
Sin embargo, la mayoría permanece empolvada en almacenes de comisarías de Lima, Callao y La Libertad, mientras crecen las críticas por la falta de planificación e implementación de esta inversión millonaria.
El ministro del Interior, Carlos Malaver, respondió públicamente por primera vez a la denuncia difundida por el programa ‘Panorama’ y por los informes de la Contraloría. “El tema de las bodycam no es de ayer. Es del año pasado. Son una compra del año 2022”, afirmó, deslindando responsabilidad directa de su gestión.
Malaver reconoció que el informe que revela el estado de los equipos prometidos para combatir la inseguridad en el país, brinda “unas luces” sobre lo ocurrido. En esa misma línea, favorecería a la Contraloría quienes “ya están tomando las acciones del caso”, añadió.
Además, el funcionario insistió que en que su despacho tomó acciones en su momento. “El sector Interior tomó las medidas del caso con los responsables y finalmente se les cesó en sus funciones”, aseguró.
Contraloría alertó sobre equipos abandonados y sin sistema de respaldo
Según el vocero de la Contraloría General de la República, Guzmán Vera Coronel, la inspección realizada a 20 comisarías detectó serias deficiencias en la implementación de las ‘bodycam’, adquiridas por el Mininter como parte del programa “Perú Seguro”.
“Esos equipos tienen cargadores portátiles, equipos que almacenan la información, porque esa información tiene que ser almacenada en un dispositivo y a su vez también tiene que ser remitida a una plataforma que administra esta información”, explicó. En varios casos, sin embargo, las cámaras continúan en cajas originales y no cuentan con el sistema operativo para conservar los videos registrados.
Pese a ello, Vera Coronel advirtió que la finalidad de los dispositivos es clave dado que, en caso funcionen, “van a reportar toda la información de la intervención. Esa información es vital porque va a servir al Ministerio Público como evidencia”.
El problema, además de la falta de uso, radica en que los dispositivos no están conectados a ninguna red operativa y presentan errores como ‘Station connection network disconnected’.
Cámaras clave para fiscalización ciudadana siguen sin usarse
Las ‘bodycam’ compradas en 2022 cuentan con GPS y capacidad de grabación continua, lo que las convierte en herramientas valiosas para fiscalizar la labor policial y reforzar la transparencia en operativos. La inversión fue de S/ 3 millones 955 mil, pero su impacto en la seguridad ciudadana sigue siendo nulo.
Según los reportes, muchas de las cámaras ni siquiera han sido activadas. Algunas se encuentran abandonadas en almacenes de comisarías, otras fueron entregadas a comisarías sin instrucciones claras ni capacitación para su uso. Tampoco se distribuyeron chalecos porta-cámara, lo que limita su implementación.
Esta situación ocurre en medio de la crisis por criminalidad que ha cobrado la vida de más de 1.200 personas en lo que va del año. Sin embargo, parte de los recursos destinados a mejorar la respuesta policial están inoperativos o desaprovechados.
