El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sigue enfrentando duros cuestionamientos tras la confirmación de que altos mandos sabían sobre la posible presencia de menores de edad en el campamento disidente de Iván Mordisco en Guaviare antes de autorizar el reciente bombardeo.
La controversia se intensificó luego de que Medicina Legal estableció el fallecimiento de siete adolescentes, sumando un total de veinte víctimas mortales en la operación militar.
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En defensa de la decisión tomada, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que las labores de inteligencia habían detectado una “alta probabilidad de presencia de menores dentro del campamento”.
No obstante, la operación se llevó a cabo, ya que estos jóvenes habían sido calificados como combatientes ilegales en armas. Sánchez argumentó ante los medios que la función que desempeñaban en el grupo armado, y no su edad, determinó su estatus de objetivo militar legítimo bajo la interpretación del Derecho Internacional Humanitario.
“Lo que le da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal y en este caso eran combatientes”, señaló el ministro de Defensa en una rueda de prensa.
El ministro reiteró que, según las verificaciones y análisis de inteligencia, “no había niños, no había niñas” en el campamento, sino adolescentes con funciones de combate agrupados entre disidencias armadas.
“Ahí, en ese grupo, solamente habían combatientes ilegales en armas de diferentes edades. De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas y el resultado que da Medicina Legal es que habían adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No habían niños, no habían niñas”, comentó el ministro.
Las autoridades recalcaron que la operación buscaba neutralizar a un grupo compuesto por más de cien personas “armadas con alto poder de combate”, y que se valoraron todos los métodos y capacidades disponibles para responder a lo que denominaron “amenaza inminente y grave”.
La cartera ministerial añadió que la delicada situación de los militares en terreno impulsó la rápida autorización del ataque aéreo. Según expuso el vocero oficial, 20 uniformados estaban expuestos a una amenaza letal inminente, por lo que el bombardeo buscó evitar una emboscada y preservar la vida de la tropa.
“Si dejo avanzar los ciento cincuenta hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan a veinte soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”, escribió el presidente Petro en la red social X.
La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, lamentó profundamente la muerte de los menores y remarcó el carácter atroz de este escenario: “Es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”.
El Ministerio de Defensa aseguró que en la operación también se logró rescatar con vida a tres adolescentes que formaban parte del grupo criminal. Respecto al uso de la fuerza, la institución manifestó que evaluó “con especial cuidado los principios de precaución, proporcionalidad, distinción, humanidad y necesidad militar”, en consonancia con el Derecho Internacional Humanitario.
Sánchez insistió: “El principio de distinción se refiere a determinar quiénes son combatientes en función continua de combate y quiénes están protegidos por el DIH al no ser combatientes. Es decir, los civiles que no participan de hostilidades”.
Frente a la polémica, el Gobierno reiteró que el Estado debe proteger la vida de sus agentes y aplicar sus capacidades legales en situaciones de riesgo extremo, aunque ello implique controversias jurídicas y éticas sobre el uso de la fuerza y la clasificación de los menores involucrados en conflictos armados.
