En medio de un acto público celebrado en Cali, donde se oficializó un convenio para llevar energías limpias a comedores comunitarios y escuelas culturales, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó una crítica directa al modelo que regula la distribución eléctrica en Colombia. El blanco de su cuestionamiento fue la Resolución Creg 058 de 2008, base normativa del esquema de Áreas de Distribución implementado desde 2009.
“No puede la empresa pública terminar subsidiando a la empresa privada“, sentenció el funcionario, al señalar las distorsiones que, a juicio del Gobierno, generó este sistema.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
El problema de fondo, explicó Palma, es que este esquema impone un cargo de distribución unificado dentro de cada área, sin tener en cuenta la eficiencia o ineficiencia de los operadores individuales. Es decir, las empresas con una red más robusta o costos más bajos se ven obligadas a compensar a aquellas menos eficientes. En el caso del suroccidente del país, la consecuencia es clara, los hogares más vulnerables de Cali están asumiendo, vía tarifa, parte del costo de los usuarios industriales y comerciales de otros municipios.
Para ilustrarlo con cifras, el gerente de Emcali, Roger Mina, fue contundente: “Durante todo 2024 se recaudaron $497.000 millones por concepto de distribución, de los cuales se giraron más de $278.000 millones a operadores de red privado, mientras que Emcali solo contó con $219.000 millones, una participación de 44% durante todo 2024. En resumen, del total de la tarifa de distribución Emcali está entregando un subsidio cruzado a otros operadores de más $278.000 millones por año. En detrimento de los hogares de estrato 1, 2 y 3 de la ciudad”.
Esta dinámica, que el Gobierno calificó de regresiva, está siendo revisada con lupa por el ministerio. Los cálculos iniciales apuntan a que una modificación normativa podría traducirse en una disminución del 15% al 20% en las facturas de luz para miles de familias caleñas.
Según los técnicos de la cartera, la actual fórmula de distribución impone un sobrecosto injustificado sobre los usuarios de bajos ingresos, quienes, al estar en una misma área tarifaria que grandes empresas privadas, terminan cubriendo parte de sus obligaciones.
Palma también hizo alusión al marco legal que sostiene este modelo. “Es un dilema fácil de resolver, lo público no puede estar financiando lo privado, esto además es producto de una ley que acaba de cumplir 31 años que son la 142 y 143, que ha tenido comisiones de regulación que han estado al servicio del capital privado, por eso, hoy la mayoría de las empresas generadoras del país son de capital privado”, afirmó, dejando entrever la necesidad de una reforma estructural.
Frente a este panorama, el sindicato Sintraemcali ya solicitó formalmente al Ministerio de Minas y Energía abrir mesas de trabajo que permitan revisar a fondo el esquema de Áreas de Distribución de Energía. La idea es construir soluciones técnicas y políticas que garanticen una distribución más equitativa y que no castigue a los sectores más frágiles del mercado.
Mientras tanto, la polémica en torno al modelo vigente sigue creciendo, y con ella la expectativa de que el Ejecutivo cumpla su promesa de intervenir en favor de las familias que hoy pagan más de lo justo por un servicio esencial.
La situación evidencia una contradicción estructural, un modelo tarifario que, bajo el pretexto de eficiencia regulatoria, termina premiando la ineficiencia privada a costa de lo público. No se trata solo de un desbalance económico, sino de una distorsión ética en el diseño del sistema eléctrico. Mientras Emcali, empresa pública, asume cargas ajenas, se profundiza la desigualdad tarifaria en una ciudad con altos niveles de pobreza energética.
El problema no es técnico, sino político, un marco normativo que prioriza la rentabilidad privada sobre el acceso justo a los servicios básicos. La revisión del esquema no debería limitarse a ajustes puntuales, sino abrir paso a una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la garantía de derechos esenciales como la energía.
