Las investigaciones en torno al proceso de adjudicación para un programa de formación de nueve meses dirigido a diplomáticos europeos señalan que se habría compartido información confidencial sobre los criterios de selección antes de que se publicara el concurso oficial. Este proyecto, denominado ‘Academia Diplomática de la UE’ y financiado con fondos comunitarios, tendría como sede el Colegio de Europa en Brujas durante el periodo 2021-2022. Según consignó la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), existen fundadas sospechas de que se vulneraron las normas comunitarias relacionadas con la financiación pública y la competencia leal, afectando directamente la integridad de los procesos de contratación y el uso de recursos europeos.
La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, actualmente rectora del Colegio de Europa, figura entre las personas que han sido interrogadas y acusadas en el marco de este caso. De acuerdo con la información publicada por EPPO y detallada por diversos medios, Mogherini fue detenida el martes en Bélgica bajo cargos de fraude y corrupción en la contratación pública, junto a Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y actual alto cargo en la Comisión Europea, así como otra persona vinculada a la dirección del Colegio de Europa, cuya identidad no ha sido revelada.
Según el reporte difundido por la Fiscalía Europea, las detenciones se produjeron tras una operación judicial diligenciada por la Policía Judicial belga que incluyó registros tanto en las oficinas del SEAE en Bruselas como en las instalaciones del Colegio de Europa en Brujas. También se realizaron registros en los domicilios de los imputados. La operación, solicitada directamente por la EPPO, buscaba reunir pruebas sobre la gestión y adjudicación de contratos financiados con fondos de la Unión Europea.
La Fiscalía Europea detalló que los tres acusados fueron sometidos a interrogatorios ante el juez de instrucción hasta altas horas de la noche del mismo martes. Tras la audiencia, el juez determinó su puesta en libertad bajo cargos, al no considerar que existiera riesgo de fuga. Sin embargo, permanecen imputados formalmente por presuntos delitos de fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, según comunicó la EPPO.
Las sospechas iniciales de los investigadores se centran en que tanto Mogherini como Sannino, en sus respectivos roles institucionales, y la tercera persona implicada pudieron haber influido en la concesión del contrato relativo a la ‘Academia Diplomática de la UE’. De acuerdo con la investigación recogida por la Fiscalía Europea, los responsables del Colegio de Europa o sus representantes habrían sido informados anticipadamente sobre los criterios de adjudicación, lo que les habría permitido confiar en la obtención de la licitación antes de la publicación oficial del concurso, una conducta que, de confirmarse, atenta contra los principios de transparencia y competencia previstos por las normas europeas del sector público.
El medio EPPO especificó que estas “fuertes sospechas” apuntan principalmente a la manipulación del proceso de licitación y la posible filtración de información confidencial durante la fase de preparación de la convocatoria. La EPPO también analizó de qué manera la vulneración de estos procedimientos podría haber derivado en un trato preferencial hacia el Colegio de Europa, desviando así el objetivo de que la concesión se otorga mediante libre competencia y bajo criterios de transparencia.
Tanto Federica Mogherini como Stefano Sannino han ocupado posiciones de relevancia en la estructura institucional de la Unión Europea. Mogherini lideró la política exterior y de seguridad de la UE como Alta Representante entre los años 2014 y 2019, antes de pasar a su cargo actual en el Colegio de Europa. Sannino, por su parte, ocupó la Secretaría General del SEAE durante el mandato de Josep Borrell y actualmente forma parte de la Comisión Europea. Sus trayectorias y vínculos con organismos de la Unión han situado este caso en el centro de la atención institucional y mediática en Bruselas.
La Fiscalía Europea puso de manifiesto que la investigación no solo pretende dilucidar las responsabilidades individuales, sino también examinar el funcionamiento de los mecanismos de contratación pública en proyectos financiados con fondos europeos. El caso constituye una muestra del escrutinio que ejercen las autoridades comunitarias sobre la gestión de recursos y la necesidad de evitar cualquier práctica que altere el acceso equitativo a los contratos subvencionados. Reportó la EPPO que los hechos imputados tienen relación directa con la concesión del programa de formación en el periodo 2021-2022, y forman parte de una prioridad de la institución para prevenir y perseguir el fraude dentro de la administración comunitaria.
Según informó la EPPO, los próximos pasos procesales incluyen nuevas fases de investigación y la posible presentación de cargos formales ante los tribunales competentes. Las pesquisas continúan abiertas y se centran en la obtención de documentación y testimonios que permitan esclarecer si hubo violaciones adicionales a la normativa europea. La Fiscalía Europea agregó que se mantiene en contacto con las autoridades belgas para coordinar las acciones judiciales y garantizar la correcta tramitación del expediente penal.
El Colegio de Europa y las partes implicadas no han emitido comentarios públicos sobre el caso hasta el momento. La atención de las autoridades continúa puesta en esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades y en reafirmar la integridad de los procedimientos de contratación financiados con fondos de la Unión Europea.
