Juan Lorenzo Holmann mira con atención las fotografías recién divulgadas del doctor Yerri Estrada. Repasa el uniforme azul, limpio y nuevo, los platos en la mesa, las botellas de agua con servilletas primorosamente enrolladas, el mantel tarabisconeado que cubre la mesa y la mirada altiva y de fastidio que muestra Estrada. “Es un circo”, concluye. “El lenguaje corporal lo dice todo”. La puesta en escena, Holmann la conoció en carne propia.
El médico Yerri Gustavo Estrada Ruiz, de 30 años, fue detenido el 13 de agosto de 2025 en el Hospital Departamental Amistad Japón-Nicaragua, en Granada, tras volver de una brigada médica.
Desde entonces permaneció en condición de desaparecido. Su madre, Rosa Ruiz, denunció el secuestro y advirtió que podía estar siendo torturado. La presión creció cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos y diputados de Costa Rica exigieron conocer su paradero.
“Hace tres semanas la dictadura Murillo-Ortega arrestó, torturó brutalmente y finalmente hizo desaparecer al Dr. Yerri Estrada”, denunció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos en un mensaje compartido por su embajada en Managua el 10 de septiembre pasado. “¿Su ‘delito’? Defender la libertad durante manifestaciones cívicas pacíficas. ¿Está Murillo tan insegura de sí misma que no puede proporcionar evidencias de que esté vivo? #LibertadYa”.
Solo entonces, el 12 de septiembre, el régimen divulgó fotografías de una visita de su esposa el 3 de septiembre, en las que se observa al joven rapado y con uniforme azul de preso, en una sala con una mesa-comedor sobria, pero limpia y bien dispuesta.
Las imágenes, difundidas por medios oficialistas, fueron presentadas como prueba de que el médico estaba con vida. Acto seguido, la Cancillería nicaragüense envió una nota de protesta a Washington acusándola de “calumniosa y difamatoria” por haber pedido fe de vida.
“El ciudadano nicaragüense, golpista, acusado y condenado por actividades terroristas en Nicaragua, ha sido presentado el día de hoy ante los medios de comunicación, y como se pudo observar, goza no solo de perfecta salud, sino de todos sus derechos como persona en situación de cárcel, incluyendo visitas de sus familiares”, señala una nota de la cancillería nicaragüense.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, en primer lugar, exige respeto ante las ofensas que esa nota expresa, y les recuerda, que nada puede legitimar la difusión de mentiras y calumnias, como las que hoy, el Departamento de Estado y esa Embajada, han difundido”, añade. “Esto (las fotografías) contradice completamente las mentiras difundidas de manera ofensiva y oficiosa, con intereses impropios, por esa Embajada”.
Juan Lorenzo Holmann Chamorro, es el gerente general del diario La Prensa, el más grande y antiguo de Nicaragua. Fue apresado el 13 de agosto de 2021, cuando patrullas de la Policía entraron al diario, y tomaron posesión por la fuerza del edificio y la maquinaria. Desde entonces, Holmann permaneció en la cárcel El Chipote, aislado y con visitas ocasionales, aproximadamente cada tres meses. El 9 de febrero de 2023, fue desterrado junto a otros 221 presos políticos enviados a Estados Unidos.
Antes, entre agosto y septiembre de 2022, fue uno de los 27 presos políticos que la dictadura de Nicaragua se vio obligada a presentar en la más masiva prueba de vida política que ha dado, tras reiteradas denuncias nacionales e internacionales por la condición crueles en que los mantenía.
“Así mismo nos vestían a nosotros, con ropa limpia que no era la que usábamos todos los días”, recuerda Holmann cuando ve el uniforme nuevo que luce el doctor Yerri Estrada. En El Chipote, el uniforme habitual estaba raído, sucio y hediondo. “Ese que lleva Estrada se ve que lo acaban de sacar de la bolsa plástica”, dice.
Sabe también que antes de tomar esa imagen hubo un ritual: cortar el pelo, afeitar la barba, dar una comida distinta, tal vez hasta permitir una Coca-Cola servida por el mismo carcelero que interroga. Y semanas antes, cambian la comida en cantidad y calidad para que los reos a presentar agarren unas libras más y presenten mejor semblante. “Todo eso lo montan para engañar, para mostrar una realidad que no existe”, señala.
“Cuando nos llevaron a los juzgados en septiembre de 2022, ya nos habían cambiado la alimentación desde julio, tratando de mejorar nuestro aspecto. Pero el deterioro era evidente. En mi caso, yo llegué a pesar 142 o 143 libras, cuando toda mi vida he pesado 182. Imaginate: 40 libras menos en alguien que ya es delgado. En la foto de esa presentación en los juzgados cualquiera que me conociera se daba cuenta del deterioro”, relata.
La dictadura nicaragüense ha recurrido en al menos cuatro ocasiones, desde 2022, a presentar pruebas de vida de presos políticos desaparecidos, como respuesta a la presión nacional e internacional.
En marzo de 2023, cuando la presión internacional alcanzó su punto máximo, el régimen exhibió al obispo Rolando José Álvarez Lagos, condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”.
Las imágenes mostraban al jerarca católico en uniforme de prisionero dentro de la cárcel La Modelo, junto a dos de sus hermanos en una aparente comida familiar. Fue una respuesta directa a la exigencia de organismos de derechos humanos que reclamaban ver con vida al religioso.
Para presentarlo se preparó toda una escenografía en la cárcel, que comprendió almuerzo, visita familiar, cortinas en las paredes, mesa con manteles, uniforme nuevo de reo, cámaras, entrevistas a medios oficialistas, y un trato exageradamente obsequioso, muy distante del tratamiento hostil y agresivo que le dispensaban Daniel Ortega y los más visibles de sus simpatizantes hasta pocos días antes.
“Está en la Cárcel Modelo, lógico, si él es un hombre común y corriente. ´El hábito no hace al monje´. Ahí lo que tenemos son comportamientos de soberbia de quien se considera ya el jefe de la Iglesia de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana, y debe pensar en optar a ocupar el cargo de Su Santidad el Papa. ¡Sí, está desquiciado! ¡Está desquiciado!”, dijo Ortega de Álvarez el 9 de febrero, luego que este se negara a ser desterrado.
“Ahora que llegó a La Modelo, llegó que era un energúmeno; o sea, no tiene el coraje, no puede tener el coraje de Cristo, que aguantó los azotes y soportó la crucifixión… ¡No, no acepta ni siquiera que lo metan en una celda donde hay centenares de presos!”, añadió el dictador nicaragüense en un mensaje trasmitido en cadena de radio y televisión en el que relató la negativa del obispo y el destierro de otros 222 presos políticos.
La noche del 2 de enero de 2024, el régimen volvió a divulgar una nota de prensa con ocho fotografías que mostraban al obispo Rolando Álvarez durante una revisión médica, acompañado de dos altos jefes policiales.
La nueva “prueba de vida” se produjo después de demandas de organismos de derechos humanos que denunciaban condiciones crueles de aislamiento para el jerarca católico, y de una nota del gobierno de Estados Unidos, divulgada pocas horas antes, exigiendo la liberación de Álvarez.
“Una vez más, hacemos un llamado al Gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente y sin condiciones al obispo Rolando Álvarez”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller ese mismo 2 de enero.
El 29 de agosto, el régimen nicaragüense comenzó a mostrar a los reos a través de fotografías de audiencias judiciales, a las que solo se permitió el ingreso de los medios oficialistas. Los eventos fueron denominados “audiencias informativas”, una figura que no existe en el procedimiento penal nicaragüense, señalaron expertos, quienes las consideraron un pretexto para exhibir a los presos políticos.
La exhibición fue la reacción a una fuerte campaña que desarrolló el organismo Sé Humano desde junio pasado para denunciar el deterioro físico de los reos políticos a través de la publicación de retratos hablados (identity kit) construidos con la información que proporcionaron los familiares que los visitanban.
Berta Valle, presentó un retrato hablado que revelaba su deterioro físico de su esposo, el dirigente opositor Félix Maradiaga. Apenas un día después, el régimen llevó al exprecandidato presidencial a los juzgados capitalinos para la lectura de su condena, transmitida por los medios oficialistas.
Las imágenes, a pesar de todo, confirmaban el desgaste físico de Maradiaga tras 289 días de aislamiento en El Chipote. Al mes siguiente, en agosto de 2022, 26 presos políticos más, entre ellos Miguel Mora, Lesther Alemán, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro, Dora María Téllez y Juan Lorenzo Holmann, fueron llevados a audiencias supuestamente “informativas”, en las que aparecieron visiblemente desnutridos, algunos rapados y todos bajo control absoluto del aparato judicial.
“Cuando la presión interna y externa aumenta, huelgas de hambre, denuncias, pronunciamientos, el régimen no corrige el abuso; cambia de libreto. Empieza el teatro”, señala Félix Maradiaga quien permaneció 611 días recluido en El Chipote, antes de su destierro a Estados Unidos.
“Primero, levemente ´mejoran´ la comida y permiten paquetería: galletas, refrescos, algo de azúcar. Nada de libros ni Biblia. A las botellas les quitan hasta las etiquetas, como si la información nutricional fuera una amenaza. Paralelamente, nos pesan a diario. Registran el peso con disciplina de laboratorio. Buscan llevarlo a una cifra que dé ´buena foto´”, explica.
Luego, dice, aparecen las cámaras. “Nos trasladan a un salón improvisado, decorado para la ocasión, colocan platos servidos y refrescos. Hay cámaras oficiales. A veces, varias jornadas seguidas. Quieren imágenes de ´trato digno´: presos sentados, comida abundante, una postal que se pueda exportar al mundo”.
Como en todo teatro, cuando la función termina, se desarma el escenario, y los presos regresan al mundo real. Raciones pobres, silencio impuesto, uniformes raídos y viejos, castigos por reclamar, atención médica insuficiente, prohibición de leer, llamadas prohibidas o casi nulas. “La generosidad dura lo que dura la grabación”, dice Maradiaga.
Todos los procesos contra personas consideradas opositoras se desarrollan bajo la acusación de “traición a la patria”, un delito con el que el régimen justifica condenas automáticas. Solo cuando las familias, organismos internacionales o gobiernos extranjeros presionan con fuerza, el régimen responde con fotografías y videos preparados, cuidadosamente controlados y presentados como “evidencia” de normalidad.
Actualmente, al menos 14 presos políticos permanecen en condición de desaparición forzada. Entre ellos, el diputado indígena miskito Brooklyn Rivera, detenido en septiembre de 2023, cuya hija ha suplicado pruebas de vida e incluso ha llegado a sospechar que está muerto.
También figuran nombres como Fabiola del Carmen Tercero, periodista; Eveling Carolina Matus, pequeña empresaria; Carmen María Sáenz, abogada; y Steadman Fagot, exasesor presidencial y líder miskito. Otros desaparecidos son el coronel retirado Víctor Boitano, la feminista Lesbia Gutiérrez, el abogado Julio Quintana, y José Alejandro Hurtado, dirigente del PLI capturado en enero de 2025, entre varios más.
“Yo vi el teatro desde el escenario”, señala Félix Maradiaga. “Si mañana vuelven a circular fotos de presos con vasos de gaseosa y mesas generosas, no las desechen sin más, pero mírenlas completo: pregunten qué pasó antes, qué pasa después, quién tomó la imagen, quién la autorizó, quién no pudo estar presente”.
“Desenmascarar esto es más que una disputa de percepciones. Tiene consecuencias reales. Esas postales se usan para lavar responsabilidades, para contestar informes de organismos internacionales, para confundir a diplomáticos bienintencionados, para relativizar el testimonio de las familias. Si el mundo compra la foto sin preguntar, se alarga el sufrimiento de quienes siguen adentro”, concluye.
