La Universidad Alas Peruanas (UAP), que suspenderá sus operaciones el 22 de septiembre de 2025, se encuentra otra vez en el centro de la polémica tras una reciente resolución de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa. El documento concluyó que la institución educativa incurrió en una grave infracción al demorar más de 15 meses en calificar el plan de tesis de un bachiller, pese a múltiples solicitudes, pagos efectuados y documentos entregados.
Según la Resolución Final 073-2025/INDECOPI-AQP, el denunciante presentó su plan de tesis en junio de 2022. Desde entonces, y a pesar de insistentes correcciones, reenvíos de documentos y hasta tres pagos que suman S/2200, la universidad nunca emitió una calificación formal —aprobatoria o desaprobatoria— que le permitiera continuar con su trámite de titulación universitaria.
Más de un año de espera, respuestas confusas y pagos sin devolución
El caso evidencia un serio incumplimiento al artículo 73° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a brindar un servicio idóneo. A lo largo del proceso, el bachiller fue sometido a una cadena de respuestas contradictorias y parciales, en las que la universidad no solo evitó emitir un veredicto oficial sobre su plan de tesis, sino que tampoco le ofreció una guía clara sobre los pasos a seguir, generando una situación de incertidumbre e indefensión.
El estudiante denunció que tras enviar su documento por primera vez en junio de 2022, se le informó que no había pasado el software antiplagio Turnitin. Luego de hacer las correcciones solicitadas, presentó la nueva versión, pero los retrasos continuaron. Entre septiembre de 2022 y junio de 2023, efectuó tres pagos por derechos de titulación, sin recibir una respuesta definitiva.
A pesar de enviar su tesis hasta en tres ocasiones diferentes, la universidad nunca emitió una resolución sobre su aprobación o rechazo. En octubre de 2023, más de 15 meses después del primer envío, la UAP aún no había dado una respuesta formal. Indecopi calificó esta conducta como una clara afectación al deber de idoneidad en el servicio educativo.
Como parte de las medidas correctivas, Indecopi ordenó a la UAP devolver el monto total pagado por el proceso de titulación y los gastos vinculados a la tesis, en un plazo máximo de 15 días hábiles, siempre que el denunciante acredite dichos pagos. Además, la universidad fue sancionada con una multa de 6.89 UIT, equivalente a más de S/36 861, e inscrita en el Registro de Infracciones y Sanciones del organismo regulador por un periodo de cuatro años. La resolución —emitida en primera instancia— aún puede ser apelada en un plazo de 15 días hábiles.
UAP logró prórroga: su cierre definitivo será hasta septiembre de 2025
La Universidad Alas Peruanas (UAP), que se encontraba en cuenta regresiva para cerrar sus puertas el pasado 22 de marzo, obtuvo una extensión excepcional de funcionamiento tras presentar una solicitud ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). De acuerdo con el Oficio N.º 00658-2025-SUNEDU, la institución podrá seguir operando hasta el 22 de septiembre de 2025, lo que representa una prórroga de seis meses respecto al plazo original dictado por la Resolución del Consejo Directivo N.º 172-2019-SUNEDU/CD.
La medida permite a la universidad continuar brindando servicios académicos durante el primer semestre del año, asegurando a los estudiantes matriculados una mayor estabilidad en su proceso formativo. La UAP anunció que su ciclo académico 2025-I iniciará con normalidad el 28 de abril, y reafirmó su compromiso de cumplir con lo estipulado en el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado. Esta prórroga representa un alivio temporal para cientos de alumnos que aún se encuentran en proceso de concluir sus estudios.
Sin embargo, la extensión no significa una revocación de su condición de universidad no licenciada. La Sunedu mantiene firme el cronograma de cierre definitivo, y continuará supervisando que el cese se realice con orden, sin afectar la calidad educativa ni los derechos de los estudiantes. Este caso se enmarca en una serie de cierres programados durante 2025 para universidades que no lograron adecuarse a las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la ley universitaria vigente.
