El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, interponer ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regula el reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados.
Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en el Palacio de San Esteban, en Murcia.
Ortuño ha señalado que el decreto «es un auténtico atropello jurídico y político» e «invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores», al tiempo que «quiebra» el principio de lealtad institucional.
«Además, vulnera la autonomía financiera de las comunidades ya que no asegura la financiación necesaria para garantizar la atención adecuada a estos menores», ha dicho el dirigente regional, para quien, además, es «se ha impuesto de espaldas a las autonomías, sin consenso, sin diálogo, sin respeto a los órganos de cooperación en materia de protección de menores».
Asimismo, ha agregado que el Real Decreto, «improvisado y sin fundamento», pretende que las comunidades «asumamos responsabilidades que son competencia directa del Estado y que lo hagamos sin recursos, sin coordinación y sin planificación», y todo ello «mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue de brazos cruzados».
Ortuño ha subrayado que el Gobierno central «no tiene política migratoria alguna» y le ha urgido a asumir esta materia como «una cuestión de Estado».
«Es imprescindible que el Gobierno de España implique a la Unión Europea, actúe en los países de origen, luche contra las mafias ilegales, escuche a todas las comunidades autónomas, porque el Gobierno de España está de brazos cruzados en esta materia, mientras las comunidades autónomas somos el destino de la inmigración irregular que están permitiendo», ha apostillado.
ARGUMENTOS JURÍDICOS
Entre los argumentos jurídicos que justifican la interposición de ese recurso, el Gobierno regional expondrá la invasión por parte del Estado de competencias autonómicas en materia de protección de menores, ya que ésta es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Además, el Ejecutivo autonómico considera que el Real Decreto vulnera el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Así, el Gobierno central no ha asegurado la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados, ni ha llevado a cabo una previsión económica de lo que supondría esa atención durante el tiempo que dure la acogida.
Otro de los argumentos jurídicos que recogerá el recurso es la vulneración del principio de lealtad institucional, colaboración, cooperación y coordinación, dado que el procedimiento de reubicación y traslado se ha determinado sin consensuarlo con las autonomías en el órgano de cooperación en materia de protección de menores, es decir, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Por tanto, se entiende que el Ejecutivo central ha actuado, una vez más, de espaldas a las comunidades autónomas.
De la misma forma, el Ejecutivo regional estima que la norma vulnera el principio de igualdad y no discriminación.
El Real Decreto determina que las autonomías deben remitir al Estado el número de plazas de acogida que disponen para personas menores de edad extranjeras no acompañadas, y aportar la cifra de las que están siendo atendidas por su sistema de protección, pero para la Comunidad, esta petición supone una discriminación directa de los menores migrantes, ya que, según la legislación de protección a la infancia, no pueden ser atendidos de forma distinta en función de su procedencia o nacionalidad.
En la Región de Murcia no hay centros específicos de menores migrantes, ya que la Comunidad apuesta por la integración de estos menores atendiendo a sus necesidades y circunstancias específicas. No existen recursos específicos en función de la nacionalidad de los menores tutelados.
