José Miguel Castro, exgerente general de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán y pieza fundamental en el destape del financiamiento ilegal de campañas del municipio, fue hallado muerto en su vivienda. Su deceso ocurre en un momento clave para la causa Lava Jato, a pocos meses del inicio del juicio oral —programado para el 23 de septiembre— por presunto lavado de activos y organización criminal. Las autoridades ya han iniciado investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, siendo la principal hipótesis un homicidio al encontrarse un arma blanca cerca a la escena.
El exfuncionario edil ejerció como principal colaborador eficaz de la fiscalía en el emblemático caso de aportes ilícitos realizados por Odebrecht y OAS entre 2012 y 2014. A su salida del penal Castro Castro y ya bajo arresto domiciliario, prestó declaraciones ante el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público que delinearon la estructura de financiamiento ilegal dentro de la campaña por el “No” a la revocatoria y la eventual reelección de Villarán al frente del municipio de Lima.
¿Qué declaró antes de ser hallado sin vida?
El exgerente municipal relató con detalle cómo se efectuaron operaciones de entrega de dinero a diferentes figuras políticas, describiendo montos, fechas y hasta mecánicas de distribución. Sostuvo que, por instrucción de Susana Villarán, la entonces congresista Anel Townsend recibió US$20.000 en dos partes: la mitad durante la campaña para cubrir movilidad y gastos publicitarios, y la otra mitad como “bono de éxito” al terminar la contienda contra la revocatoria. Castro precisó que estas operaciones surgieron a raíz de un almuerzo convocado por Villarán en su casa y que luego, Townsend fue contratada por la municipalidad a través del PNUD para trabajar en Participación Ciudadana.
Castro señaló también que las regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, activas en la coordinación de eventos y cierre de campaña, recibieron S/60.000 en efectivo para cubrir los costos de logística, producción y movilidad, fondos que provenían de dinero entregado por OAS. Afirmó que ambas firmaron recibos de entrega, aunque no se han presentado copias de estos documentos. Tanto Glave como Reátegui han negado los hechos y aseguraron no haber recibido sumas ilícitas ni haber firmado recibos por tales montos.
Otro de los nombres que figura en sus declaraciones es el del sociólogo Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, quien según Castro habría recibido pagos directos que suman US$60.000 por trabajos de asesoría política para Villarán en las dos primeras etapas de su gestión municipal. Castro dio cuenta de su intervención directa ante directivos de OAS para coordinar la entrega de estos fondos, así como la continuidad de pagos mensuales por consultorías adicionales. Nieto reconoció haber asesorado a Villarán, pero negó haber recibido remuneración alguna y menos pagos de OAS.
En su condición de colaborador, José Miguel Castro también declaró que Odebrecht pagó entre US$30.000 y US$40.000 a la encuestadora Giovanna Peñaflor, directora de Imasen, para realizar estudios de opinión y focus groups relacionados a la campaña del “No”. Detalló que durante una reunión en el Club La Unión, Peñaflor habría reconocido públicamente que era la empresa constructora la que costeaba estos servicios, cuestión que ella luego negó, precisando que Imasen solo realizó estudios para Odebrecht sobre el proyecto vial Rutas de Lima.
Las declaciones de Castro se extendieron sobre otros operadores políticos. Aseguró que Jaime Salinas, exregidor de Unidad Nacional, recibió US$120.000 repartidos en cuatro cuotas, tras interceder con el apoyo del PPC a la campaña contra la revocatoria. Mencionó que las entregas se realizaron a través del tesorero de campaña Luis Gómez Cornejo en un café de Miraflores. Salinas negó tajantemente estas acusaciones y manifestó que nunca respaldó ni recibió recursos del equipo de Villarán.
También reveló que parte del financiamiento de la campaña se destinó al alquiler y funcionamiento de un local partidario en Jesús María, cuyos costos corrían por cuenta de los saldos de campaña financiados por Odebrecht y OAS. Detalló que se invirtieron aproximadamente S/10.000 mensuales en alquiler, con planillas cercanas a los S/20.000 y la adecuación de un departamento para Villarán que superó los US$15.000; en total, unos US$300.000.
¿Cuál era el papel de José Miguel Castro en la trama Lava Jato?
La colaboración de Castro no solo incluyó minuciosos detalles sobre los aportes ilícitos sino también sobre los vínculos entre la gestión municipal y las constructoras. Testimonios de ejecutivos como Jorge Barata de Odebrecht y Raúl Ribeiro del consorcio Rutas de Lima, confirmaron que Castro intermedió solicitudes de dinero —incluyendo US$3 millones para campañas— y coordinó la entrega de fondos al publicista Valdemir Garreta y a sus propias cuentas.
El Ministerio Público, a partir de su testimonio y de diversa documentación, sostiene que Castro fue pieza clave en la recepción y distribución de US$10 millones de Odebrecht y OAS a cambio de adjudicaciones y facilidades administrativas en megaproyectos municipales como Vía Parque Rímac y Rutas de Lima. Su nombre figura además en operaciones bancarias en la Banca Privada de Andorra y en la gestión de cuentas para recibir giros de las firmas investigadas.
Las versiones recogidas por la fiscalía también lo vinculan con presuntas amenazas y presiones a empresarios para asegurar los pagos bajo la advertencia de favores o represalias administrativas, así como a coacciones para que otros investigados guardaran silencio sobre su participación.
Ministerio Público inicia investigación preliminar por su muerte
La Fiscalía de la Nación indicó, mediante mensaje en sus redes sociales, que la “Primera Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo y San Borja (Cuarto Despacho) inició diligencias preliminares tras la muerte de José Miguel Castro, a quien se le encontró sin vida en su vivienda ubicada en el distrito de Miraflores”.
“El fiscal provincial Richard Rojas Gómez informó que se iniciaron las diligencias para el levantamiento del cadáver. Además, señaló que en el lugar de los hechos se encuentra personal forense del Instituto de Medicina Legal y de criminalistica de la PNP”, agregó el Ministerio Público.
