Son miles de familias y profesionales que decidieron manifestarse. Se convocaron a las 11.30, frente al Congreso en rechazo del veto del presidente Javier Milei, que busca dejar sin efecto la ley que crea un fondo específico y aumenta las partidas presupuestarias para evitar que todo el sector de discapacidad colapse.
Pasado el mediodía, continuaban reunidos sobre la Plaza del Congreso y la avenida Entre Ríos, con pancartas y consignas para visibilizar el reclamo: “El Estado nos dio la espalda”; “Vetaron derechos, no fondos”, “Vetar la ley es abandonar a las personas con discapacidad”. En medio de la manifestación, instalaron una silla de ruedas inflable para llamar la atención sobre el dramático pedido.
El Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad convocó a la movilización, a la que respondieron miles de personas. Desde familias, terapeutas, transportistas, trabajadores de los centros de día y talleres protegidos, hasta los acompañantes terapéuticos, entre otros. “La emergencia en discapacidad abarca múltiples realidades. Personas que trabajan en talleres protegidos, que hoy sobreviven con apenas $28.000 mensuales. Personas que aún esperan acceder a una pensión para contar con un ingreso y acompañamiento integral que les permita desarrollarse. Personas que reciben apoyos o prestaciones que hoy están en riesgo, porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre. Presidente Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir”, señala un comunicado que difundió el Foro y que fue leído durante el encuentro.
Desde el Gobierno, no llegó la respuesta oficial. Sin embargo, se apuntó que esta declaración de emergencia significaría un enorme gasto para el Estado: unos 6 billones de pesos entre este año y el próximo. “Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores, y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan. Señor Presidente, convenza a quienes con su esfuerzo alcanzaron un buen nivel de vida que las crisis no afectan a todos por igual. Que es un acto de humanidad y justicia que los sectores con mayores recursos ayuden a quienes hoy están en mayor riesgo o necesitan apoyos para poder alcanzar condiciones para una vida digna. El verdadero desafío es construir una sociedad más justa, donde nadie quede excluido ni solo frente a las dificultades”, siguió el mensaje del Foro.
Tenso momento
Uno de los momentos más tensos se vivió pasado el mediodía, cuando la Gendarmería Nacional intentó despejar la avenida, con efectivos con escudos que intentaban avanzar sobre los manifestantes. Algunos de los presentes, muchos de ellos padres de personas con discapacidad, se enfrentaron con los gendarmes. Hubo gritos y empujones. Finalmente, hubo una orden de no continuar con el desalojo de la manifestación y los efectivos de la Gendarmería se concentraron en evitar que los manifestantes volvieran a la avenida.
La actriz Valentina Bassi, madre de Lisandro, que tiene 17 años y autismo, participó de la movilización. “Estamos acá para pedirles a los diputados y senadores que voten igual que votaron antes. Si votan lo mismo que votaron, la ley no se puede vetar. Acá somos muchas familias movilizadas por nuestros hijos, si no se veta la ley de emergencia, que dice justamente que la discapacidad está en emergencia, por ejemplo, no vamos a tener miedo de que cierren las instituciones a las que van nuestros hijos, como ocurre ahora. Vetar la ley es abandono y crueldad”, dijo Bassi. “Todo el sector vinculado a la discapacidad se está asfixiando. A la persona que es transportista, le pagan 500 pesos el litro de nafta. A quienes trabajan en talleres protegidos les pagan 28.000 al mes, no hay aumentos y ya ni se reúnen para debatirlo. El plan es ahogar a la discapacidad. El sector de discapacidad ya venía mal desde hace tiempo. Mi hijo tiene 17 años, de a poquito empecé a ver cómo un día te quedás sin transportista, que los profesionales se van a otro sector, que las instituciones empiezan a cerrar. Somos un montón de personas que estamos acá, queremos que se nos escuche”, agregó Bassi.
Román tiene 39 años y una discapacidad motora. Él y su familia participaron de la movilización y cuentan que es probable que el centro de día al que concurre Román cierre. La misma situación describen muchas familias y organizaciones. Héctor Stavsky, su padre, sostiene que el Gobierno los “abandonó a su suerte”. La desfinanciación del sector está provocando cierres en muchos centros y haciendo que los profesionales recorten los tiempos de atención, ya que los honorarios no se actualizan desde diciembre y resultan insuficientes para cubrir los costos.
La crisis y la emergencia en discapacidad en la Argentina convocó también a los medios internacionales: “El veto de Milei amenaza a atención a las personas con discapacidad”, publicó el diario EL PAÍS, de España. “La negativa del presidente argentino vulneraría el acceso a servicios esenciales e inclusión social para personas con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial”, apuntó.
Desde la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie) también participaron de la marcha. “El presidente Javier Milei decidió vetar la ley, desoyendo la voluntad del Congreso y las demandas históricas del sector. Esta ley se fundamenta en la necesidad urgente de proteger a las personas con discapacidad frente a recortes, demoras y desfinanciamiento de servicios esenciales como atención médica, educación inclusiva, tratamientos de rehabilitación, transporte accesible y sostenimiento de instituciones. El veto significa negar la emergencia estructural que atraviesa el sector y profundizar la exclusión y el abandono estatal”, sentenció un comunicado de Casaie.
“Venimos a pedir que se dignifiquen los derechos de las personas con discapacidad y que tengamos aranceles acordes a la atención que se brinda, porque es la única forma de que los centros no cierren y los servicios no se corten”, dijo Elizabeth Foschi, de Casaie, desde la marcha.
