La desesperación de Ana Jover se nota apenas comienza a hablar. Se escucha la angustia en la voz cuando dice: “Desde hace un mes mis hijas no van a la escuela”. Se refiere a Cristina, de 11 años, que cursa sexto grado de la primaria, y a Melissa, de 5, en el último año de salita del jardín. Las clases se interrumpieron porque las maestras no pueden llegar a la escuela rural: el camino principal que conecta ese lugar con Carlos Casares, en el centro oeste bonaerense, quedó bajo el agua. Para hacer los 30 kilómetros de tierra hasta la escuela hoy Jover tiene que transitar 120 kilómetros por Bellocq y Pehuajó. Lo que más la indigna es que, asegura, “no hay un plan de acción” por parte de las autoridades para mitigar la situación. Más de la mitad del campo que trabaja en la región junto a su marido está inundado.
Su historia no es un caso aislado. A unos kilómetros de allí, en Santos Unzué, partido de 9 de Julio, Eugenio Aramburu vive un derrumbe productivo que se aceleró en el último tiempo. “Tuve que sacar las 285 vacas que tenía porque el campo quedó inhabilitado”, cuenta. De 378 hectáreas, apenas unas 40 quedaron a salvo, pero tampoco puede aprovecharlas: “No les puedo dar uso porque no puedo ni llegar ni nada. No puedo hacer nada. La actividad de esta campaña está anulada. No voy a sembrar nada. Y ya no tengo vacas”, resume.
Esta escena, con la vida cotidiana detenida, los caminos anegados y los campos improductivos, se repite hoy en buena parte del centro oeste bonaerense. Según estimaciones de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), cerca de 5 millones de hectáreas de la provincia están comprometidas, en un año en el que muchos partidos ya duplicaron su promedio anual de lluvias.
Aunque la cantidad de agua explica una parte del desastre, hay reclamos que vienen de arrastre, por la falta de mantenimiento y de la ejecución de obras hidráulicas que, de haberse concretado, hubieran acelerado el escurrimiento. También hay un deterioro histórico de los caminos rurales. En este contexto, historias como las de Jover y Aramburu se multiplican: escuelas aisladas, campos inutilizados y familias que quedaron sin acceso a sus establecimientos.
Rutina
En la casa de Jover, algunas tareas de la escuela llegan por Whatsapp, pero nada reemplaza la rutina que Cristina necesita para terminar la primaria ni el acompañamiento que Melissa tendría en el jardín. “Yo no soy maestra; hago lo que puedo, pero no es lo mismo”, dice. En este contexto reclama que no hay un plan de acción que los ayude a salir de la situación.
Mientras tanto, la situación en el campo que trabaja con su marido también se deteriora. “El 60% es todo agua. Es todo una laguna”, insiste Jover. La casa y un espacio que tienen para hacer eventos quedaron en una parte alta; el resto es barro, charcos y pasturas que ya no existen. Los animales terminan comiendo cerca del patio porque los lotes bajos desaparecieron con la inundación. Incluso llegaron a vivir un aislamiento total durante la última crecida. “Estuvimos tres días sin luz, sin comunicación y sin caminos”, recuerda. La antena que les daba conectividad dejó de funcionar y, durante esos días, la única forma de pedir ayuda hubiera sido salir por un camino que también estaba bajo el agua. “Fue angustiante”, admite. Y, aun así, dice que no quiere irse del lugar: “Elegimos la vida rural, pero así es imposible”.
Aramburu también quedó aislado. Con 1250 milímetros ya acumulados —cuando un año normal ronda entre 900 y 1000, el campo colapsó. “Mi campo está a 3 kilómetros de la ruta y cortado. Hice bien en abandonarlo porque no hubiese podido ir”, explica.
Entre lo que no pudo cosechar y lo que no podrá sembrar, siente que el año está perdido. Una situación que agrava un escenario que ya venía complejo porque había sembrado en la campaña pasada 60 hectáreas de soja que este año no pudo cosechar y tampoco pudo hacer trigo.
Aunque mantiene otras actividades, sabe que el impacto económico recién se hará visible más adelante: “Capaz me doy cuenta el año que viene. Hoy no me estoy dando cuenta. Pero me va a pegar.” Sobre la situación de la infraestructura detalla: “Si los canales no están limpios, el agua tarda mucho más en irse. Esto no pasaría si hidráulica hubiera hecho lo que debía haber hecho”.
En Carlos Casares el panorama se repite con María Esther Ramundo, que heredó 150 hectáreas de su padre. “La mitad del campo ahora es una laguna”, dice. Con tanta lluvia, “las napas están explotadas” y el agua empezó a subir, metiéndose en todos los bajos. Las pasturas quedaron destruidas y, junto a su marido Carlos, se vieron obligados a vender parte de los animales. “Lo vamos manejando como podemos”, cuenta.
El día a día también cambió por completo. Hay sectores donde ya no pueden entrar y otros donde el agua directamente tapa los alambrados. Las vacas se concentraron en los pocos lugares que todavía están firmes y todo lo planificado para estos meses quedó suspendido. “Todo lo que está bajo agua se perdió”, lamenta.
La escena revive un recuerdo que preferiría no repetir: la inundación de 2017. Entonces también habían quedado aislados, sin poder moverse y saliendo apenas para lo indispensable. “Y ahora volvimos otra vez”, señala. Su pedido es simple y directo: “Que las autoridades no nos abandonen”. No pide obras nuevas ni promesas abstractas, solo presencia, mantenimiento y acompañamiento.
A pocos kilómetros de allí, en el partido de 9 de Julio, Luis María Vanina atraviesa una situación similar en la empresa familiar que maneja junto a su familia. Tienen ganadería, agricultura y tambo en la zona de Bragado y en todos los casos, cuenta, la actividad quedó muy limitada. En agricultura, por ejemplo, habían proyectado 700 hectáreas de maíz temprano, pero solo pudieron avanzar sobre 200. El resto quedó pospuesto para una eventual implantación de maíz tardío después del 25 de noviembre, siempre que aparezca una ventana de trabajo. “Y ahora estamos a la espera de poder arrancar con la soja”, explica. Las lluvias, sin embargo, no frenan y complican.
Según detalla, alrededor del 50% de la superficie total que manejan quedó bajo el agua. Entre las 400 hectáreas propias —300 de uso agrícola— y las más de 1200 hectáreas arrendadas, la inundación alcanzó tanto los lotes agrícolas como las áreas destinadas al tambo, con pasturas, alfalfa y verdeos.
En su caso, el impacto también se siente en lo personal. “Anímicamente, esto te pega”, admite. La incertidumbre diaria, la espera de una ventana de siembra y la sensación de que cada lluvia vuelve a atrasar todo se trasladaron a la vida cotidiana de la comunidad. “Todo el día mirando al cielo”, describe.
La situación en las zonas inundadas no es algo que afecte solo a los productores: mecánicos, concesionarios, agronomías, estaciones de servicio y comercios están pendientes de lo que pueda ocurrir. “Hasta los mismos empleados te dicen: ‘El pronóstico da una semana linda’… pero la ventana más larga que tuvimos fueron ocho días sin lluvia. Después vuelve a largar 40, 80, 90 milímetros”, dice. Así, remarca, semana tras semana, el calendario productivo se va corriendo mientras la región sigue en pausa.
