La fuerza política que hoy gobierna la Argentina tras imponerse en las elecciones presidenciales de 2023 recibió un claro mandato de sus votantes: poner en orden la economía del país y terminar con la corrupción que durante demasiado tiempo carcomió las bases morales sobre las que debe asentarse el Estado.
No sin dificultades, la administración de Javier Milei logró avanzar hacia el equilibrio fiscal y pudo reducir la inflación mensual desde niveles de dos dígitos al 2% en la actualidad. Pero, aun cuando nada puede resultar comparable con la megacorrupción de la era kirchnerista, el gobierno nacional ha sembrado dudas sobre su voluntad de terminar definitivamente con los corruptos. Las tardías respuestas brindadas por las autoridades nacionales frente a los escándalos derivados de la criptomoneda $LIBRA y de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad no hicieron más que acrecentar la desconfianza en amplios segmentos de la ciudadanía. El reciente caso del diputado José Luis Espert, cuestionado por haber recibido en 2019 financiamiento de un empresario con un pedido de extradición de la Justicia estadounidense por supuestos vínculos con actividades del narcotráfico, también empañó la imagen del Gobierno, especialmente por la defensa que de él hizo el propio presidente de la Nación.
Independientemente de que será la Justicia la que dirimirá si Espert ha cometido algún delito, las contradicciones y ocultamientos iniciales en los que el legislador incurrió provocaron serias sospechas en la sociedad. Una fuerza política que promete dejar atrás el retroceso de la Argentina y diferenciarse de la vieja política, no solo debe ser distinta, sino también parecerlo.
El solo hecho de anunciar a los cuatro vientos la consigna “Kirchnerismo nunca más” no habilita al titular del Poder Ejecutivo ni a su entorno a dejar de lado su responsabilidad de responder con claridad y con verdad frente a toda sospecha de corrupción o de procederes reñidos con la ética. Alegar que no se dejarán correr por las presiones de dirigentes kirchneristas desacreditados, imputados o incluso condenados por la Justicia no resulta un argumento válido. Es la ciudadanía la que reclama explicaciones.
Aun cuando resultara tardía, la decisión de apartar a Espert de la lista de candidatos de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires es correcta y al menos exhibe una actitud distinta de la que ha caracterizado al kirchnerismo, que alberga en sus listas de postulantes a dirigentes procesados por presuntos delitos, como Juan Grabois, al tiempo que protege, detrás de los fueros parlamentarios, a personajes imputados por otros hechos de corrupción, como el diputado Máximo Kirchner o el senador Oscar Parrilli.
Actuar de otra manera implicaría asemejarse a quienes se han enriquecido ilícitamente desde la función pública, socavando las bases morales de la República.
