La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, acusa a la industria del tabaco de «comprar influencia en los pasillos del poder y frenar reformas que salvarían miles de vidas» al contratar a ex altos cargos de distintos Gobiernos, y exige una ley que les impida trabajar para esta industria hasta 10 años después de dejar su cargo.
«Estamos ante un escándalo democrático y sanitario. La industria del tabaco busca comprar influencia en los pasillos del poder y frenar reformas que salvarían miles de vidas para poder salvaguardar sus intereses comerciales y seguir vendiendo, a una muy alta rentabilidad, productos que matan y enferman. España necesita una ley de incompatibilidades contundente que blinde la política sanitaria frente a los intereses de una industria letal», señala en un comunicado.
Fernández Megina advierte de que estos fichajes se producen en un contexto en el que tanto el Ministerio de Sanidad como la Comisión Europea están preparando reformas decisivas para el futuro del control del tabaco.
Así como ejmplo señala que «el caso más reciente es el de Rubén Baz Vicente, ex subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha sido nombrado responsable senior de Relaciones Institucionales en Philip Morris apenas unos meses después de dejar su cargo. Asimismo, Japan Tobacco International ha incorporado a Antonio José Olivera Herrera, ex jefe de gabinete del ministro de Política Territorial».
Por su parte, afirma, «Logista, el mayor distribuidor de tabaco en España, mantiene en su Consejo de Administración a varias figuras procedentes de altos niveles de la política y la administración, como la ex ministra Cristina Garmendia, la ex presidenta de SEPI Pilar Platero y la ex responsable del Ministerio de Cultura María Echenique».
La organización recuerda que el Ministerio de Sanidad anunció, a la entrada como ministra de Sanidad de Mónica García, su intención de ampliar los espacios sin humo, aumentar los impuestos del tabaco y avanzar en la introducción del empaquetado neutro. Sin embargo, afirma que «la enorme interferencia de la industria tabaquera en las instituciones públicas ha conseguido de momento, evitar que se pongan en marcha, o al menos frenar, estas dos últimas medidas».
«Estamos viendo cómo las tabaqueras utilizan las puertas giratorias como una herramienta más de lobby», denuncia Fernández Megina.
«Quienes ayer ocupaban cargos de máxima responsabilidad en la administración pública hoy trabajan para empresas que tienen como objetivo impedir cualquier avance en salud pública. Esto pone en cuestión la neutralidad de las políticas públicas y abre la puerta a la captura regulatoria», añade.
