Tras la reunión institucional que mantuvieron el presidente aragonés, Jorge Azcón, y el presidente valenciano, Carlos Mazón, durante los actos del Día de la Constitución, Vox detectó una predisposición favorable del Gobierno de Aragón a considerar políticas de corte similar a las aprobadas en la Comunidad Valenciana. Esta percepción se trasladó de manera directa a las negociaciones presupuestarias de Aragón de cara a 2026, donde el partido marca condiciones “línea roja” antes de aportar su respaldo. Europa Press informó que el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco, justifica la conveniencia de replicar medidas tomadas en Valencia que incluyen la reducción de impuestos, restricción de ayudas a ONG que trabajan con inmigración irregular y priorización de nacionales en el acceso a la vivienda.
Según publicó Europa Press, la orientación de estas demandas parte de la decisión reciente del Ejecutivo valenciano de eliminar la financiación a organizaciones ligadas con la inmigración irregular, acción que Vox plantea como ejemplo a seguir en Aragón. En la exposición de motivos ante diputados y medios de comunicación, Nolasco concretó que su grupo propone no solo rebajas fiscales sino también la limitación de ayudas públicas a entidades vinculadas al apoyo de migrantes irregulares y una reestructuración de las políticas de vivienda, encauzando de manera prioritaria los recursos hacia la ciudadanía española.
Para Vox, detalló Europa Press, resulta irrenunciable el establecimiento de mecanismos de control exhaustivo sobre el destino y uso de los recursos presupuestarios, reclamando que las políticas aprobadas incluyan compromisos claros de fiscalización y seguimiento dentro del articulado legal. “Si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026?”, argumentó Nolasco, manifestando su «relativo optimismo» sobre las negociaciones abiertas con el Gobierno aragonés.
En este contexto, según recogió el medio Europa Press, Vox se declara dispuesto a pactar con el Ejecutivo liderado por Azcón, siempre que ese acuerdo implique una traducción directa de las pautas ya aplicadas en territorios donde gobierna el Partido Popular. El partido sostiene que tales políticas se han mostrado eficaces ante retos compartidos por diferentes comunidades autónomas y deben considerarse un modelo trasladable.
Nolasco, tal como enfatizó Europa Press, insistió en que estos principios conforman el marco programático de Vox y se presentan como “condición sine qua non” para cualquier posible acuerdo alrededor de las cuentas públicas. Además, el grupo señala que el contexto político actual, con mayor alineación entre gobiernos autonómicos del Partido Popular, puede propiciar la coordinación de políticas dirigidas a reforzar cuestiones como el control del gasto público, la fiscalidad y el acceso a viviendas para nacionales.
Europa Press informó que durante el proceso negociador, Vox mantiene su postura inflexible respecto a la necesidad de trasladar los compromisos pactados al articulado de los presupuestos, asegurando la incorporación literal y verificable de cada una de sus exigencias. La formación no descarta aumentar la presión sobre el Ejecutivo regional hasta conseguir la garantía de que sus condiciones quedarán reflejadas de forma inequívoca en el proyecto final.
En la argumentación presentada y según publicó Europa Press, el partido liderado por Nolasco vincula el respaldo a los presupuestos autonómicos no solo a la adopción de recortes en el gasto social y la bajada de impuestos, sino también al establecimiento de límites estrictos para quienes, a juicio del partido, no integran los colectivos prioritarios para Aragón. La vigilancia y verificación exhaustiva del cumplimiento de estos acuerdos se reconoce como un aspecto clave en el diálogo establecido con el Gobierno autonómico.
Vox concluye que la actual dinámica de convergencia política con otros gobiernos del Partido Popular representa, desde su perspectiva, una oportunidad para cimentar reformas presupuestarias de alcance estructural, supeditando cualquier apoyo efectivo a la asunción y materialización completa de sus demandas en el ciclo presupuestario de 2026.
