Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump endureció las políticas migratorias. Entre sus medidas más polémicas se encuentra la orden ejecutiva que firmó para cancelar el derecho a obtener la ciudadanía por nacimiento en caso de que los padres no cuenten un estatus migratorio regular. Esta nueva ley para niños nacidos en Estados Unidos, que atravesó múltiples bloqueos y fue duramente criticada, se mantiene en el foco de atención durante octubre, con una petición del presidente republicano a la Corte Suprema.
El último avance sobre la ciudadanía por nacimiento: la petición de Donald Trump
La orden ejecutiva firmada por el presidente de EE.UU. en enero de este año no logró implementarse, dado que jueces federales dictaminaron que la medida violaba la 14ª Enmienda. Lejos de renunciar a su postura, la administración Trump le solicitó el pasado 26 de septiembre a la Corte Suprema que confirme la vigencia de la medida para ponerle fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Tras presentar la petición el pasado viernes, todo quedó en manos del máximo tribunal judicial, que aún no decidió si tomará el caso.
El escrito argumenta que la promesa de ciudadanía prevista en la Constitución fue diseñada para aplicarse a los esclavos liberados y a sus descendientes, pero no a hijos de extranjeros sin estatus legal o de visitantes temporales. Según el gobierno federal, los tribunales interpretaron erróneamente la enmienda durante décadas.
De acuerdo con CNN, el Procurador General D. John Sauer, que lidera las apelaciones de la administración Trump ante la Corte Suprema, se quejó de los bloqueos que recibió la orden ejecutiva: “Las decisiones de los tribunales inferiores invalidaron una política de máxima importancia para el presidente y su gobierno, de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza”.
En la misma línea, remarcó que estas decisiones conceden sin fundamento legal el privilegio de la ciudadanía a cientos de miles de personas que no califican.
Los argumentos en contra de la ley para niños nacidos en Estados Unidos
Este movimiento judicial de la administración Trump no pasó desapercibido entre las organizaciones defensoras de migrantes, como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), que se encuentra entre los grupos que impugnan la orden ejecutiva.
Cecillia Wang, directora jurídica nacional de ACLU, se quejó en diálogo con The New York Times: “Si la Corte Suprema acepta el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, el presidente irá en contra de la Constitución estadounidense, de un precedente de 127 años de la Corte Suprema y de una ley del Congreso, y perderá”.
Por su parte, Cristina Rodríguez, profesora de Derecho en Yale, también alertó sobre los riesgos de avanzar con la medida. Según la especialista, la norma generaría un “lío gigantesco” con consecuencias serias: familias sujetas a deportaciones y niños privados de servicios médicos esenciales.
Jueces bloquearon la orden ejecutiva de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento
Varias decisiones judiciales pausaron la aplicación de la orden ejecutiva de Trump. En julio, el juez Joseph Laplante, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo Hampshire, acordó admitir a trámite una demanda colectiva, lo que congeló su vigencia.
Ese mismo mes, un grupo de jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, dictaminó que la orden ejecutiva del presidente violaba la Constitución.
Poco después, el 7 de agosto de 2025, la jueza Deborah Boardman, del Tribunal de Distrito de Maryland, dictó otra orden preliminar para bloquear su aplicación. En su fallo, advirtió que la medida “plantea serios riesgos” para derechos constitucionales como el de ciudadanía garantizado por la 14ª Enmienda.
Ante estos precedentes, la administración Trump presentó un recurso para que la Corte Suprema acepte revisar el caso y determine la validez de la orden ejecutiva
