Tras la derogación de la obligación de informar subas, los incrementos se aplican sin previo aviso. El impacto ya se siente en el consumo y la logística.
En un nuevo golpe al bolsillo, los combustibles volvieron a aumentar en todo el país sin comunicación oficial, acumulando una suba del 5% en apenas mes y medio. La medida se enmarca en la derogación de la normativa que obligaba a las empresas a informar públicamente los ajustes de precios, lo que ha generado malestar entre consumidores y transportistas.
El incremento se suma a la actualización impositiva dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 617/2025, que elevó los tributos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono desde septiembre. Esta combinación de factores —suba de impuestos, alza del dólar oficial y falta de comunicación— ha generado un escenario de incertidumbre en el sector energético y logístico.
La situación afecta directamente a los costos de producción, transporte y distribución, y podría tener consecuencias en la inflación general, especialmente en sectores sensibles como alimentos y logística.
La decisión de no comunicar oficialmente los aumentos responde a un cambio normativo que busca “desregular” el mercado de combustibles, permitiendo que las petroleras ajusten sus precios de manera autónoma. Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada por asociaciones de consumidores y cámaras de transporte, que reclaman mayor previsibilidad y transparencia.
Mientras tanto, el precio del litro de nafta y gasoil continúa en ascenso, y se espera que el impacto total de los nuevos impuestos se refleje plenamente en octubre.
