La búsqueda de Loan Danilo Peña tendrá nuevamente movimiento en territorio desde hoy, luego de que el sábado, el Juzgado Federal de Goya dictara la Resolución N° 527/2025, que autoriza un amplio dispositivo de rastrillaje, allanamiento y registro en la zona rural de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes y donde fue visto por última vez el menor. La medida se enmarca en el expediente FCT 2157/2024/96 y tiene como finalidad profundizar la investigación por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024.
Desde hoy se realizarán tareas simultáneas de búsqueda acuática y lacustre en cuatro lagunas situadas alrededor del campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, en las inmediaciones del eucaliptal situado sobre la Ruta Provincial 113. Las coordenadas de los puntos a inspeccionar fueron precisadas por el Comando Unificado Corrientes (CUC) y abarcan zonas de difícil acceso y amplia extensión. El operativo se extenderá por 50 días corridos, con posibilidad de prórroga en función de las condiciones climáticas y de los resultados obtenidos.
El despliegue estará encabezado por el CUC, con apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes, bajo supervisión del juzgado. También colaborarán organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Dirección de Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.
La jueza Cristina Pozzer Penzo autorizó la participación del Ministerio de Seguridad de Corrientes, con la aclaración de que su intervención se limitará al apoyo logístico y humano. Las tareas investigativas quedarán bajo control federal.
Además de los rastrillajes en las lagunas, se ordenaron allanamientos en propiedades rurales adyacentes y en cualquier construcción o galpón ubicado dentro o cerca de los espejos de agua. En caso de ser necesario, se permitirá el uso de la fuerza pública. Para estas diligencias se estableció un control de acceso y circulación en las áreas de trabajo, con registro fílmico y fotográfico obligatorio, resguardo de la cadena de custodia y presencia de testigos hábiles ajenos a las fuerzas de seguridad.
La resolución judicial considera que estas medidas resultan oportunas, conducentes y proporcionales a los fines de la investigación, conforme a lo dispuesto en los artículos 193 y 225 del Código Procesal Penal de la Nación. También se otorgó intervención a la querella, en representación de la familia de Loan, y se autorizó la presencia de un familiar directo y de un abogado en las diligencias, siempre bajo coordinación del CUC.
La decisión se fundamenta en los principios de tutela judicial efectiva y participación de las víctimas, con el objetivo de evitar situaciones de revictimización secundaria y garantizar la transparencia del proceso.
El operativo busca hallar cualquier rastro, evidencia u objeto que aporte información sobre el paradero de Loan Danilo Peña o que permita identificar a los autores, cómplices o instigadores del hecho. Las tareas se desarrollarán bajo protocolos nacionales de seguridad, preservación de evidencias y protección ambiental, con comunicación directa al juzgado ante cualquier hallazgo relevante.
El esquema operativo prevé equipos diferenciados por especialidad. Los grupos lacustres trabajarán sobre los cuatro espejos de agua señalados, con cobertura simultánea para aprovechar las condiciones de visibilidad y clima. Otras brigadas realizarán recorridas terrestres en el entorno de la Ruta Provincial 113 y los accesos al eucaliptal, con especial atención a tranqueras, sendas rurales, alambrados y construcciones auxiliares que pudieran haber sido utilizadas para ocultar elementos o facilitar el tránsito sin ser advertidos.
El registro audiovisual de cada intervención será obligatorio y quedará adjuntado a las actuaciones, con metadatos de tiempo y georreferencia, según las pautas de cadena de custodia establecidas.
Se implementará un perímetro de seguridad con control de ingresos y egresos de personas y vehículos, con el fin de reducir interferencias, prevenir la contaminación de los sitios de rastrillaje y ordenar la circulación de los equipos intervinientes. Los testigos hábiles externos a las fuerzas actuarán como garantes de legalidad y transparencia de cada diligencia, desde el inicio hasta el cierre.
El CUC coordinará la interoperabilidad de las agencias federales y provinciales. La Prefectura Naval Argentina llevará la conducción técnica de las tareas acuáticas; la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes asistirán en las medidas de control territorial, allanamientos y aseguramiento perimetral; el ICAA aportará peritajes y criterios sobre niveles, corrientes y suelos en las lagunas; Senasa y Flora y Fauna intervendrán con asesoramiento para evitar afectaciones a la fauna y los ecosistemas; y los Bomberos Voluntarios proveerán apoyo en rescate, iluminación y logística. La Municipalidad de 9 de Julio se integrará con recursos operativos de cercanía y servicios de apoyo.
La reactivación de los rastrillajes sobre los cuatro espejos de agua ubicados en torno al campo de Pérez y Caillava concentra el mayor esfuerzo de esta etapa de la búsqueda en el lugar donde el niño fue visto por última vez.
La determinación de puntos y radios de acción combina criterios de accesibilidad, profundidad y visibilidad, además del análisis de movimientos posibles entre el eucaliptal y la Ruta Provincial 113.
Ante cualquier indicio significativo, se deberá informar de forma inmediata al juzgado y desplegar el protocolo de preservación y traslado de evidencias, con labrado de actas, sellado, custodia y remisión para peritajes. Estas acciones estarán acompañadas por la querella, que podrá presenciar las diligencias con los límites funcionales fijados por la coordinación operativa del CUC.
En la causa penal se encuentran procesados Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Ramírez y el ex comisario Walter Maciel. La nueva fase de rastrillajes y allanamientos busca generar insumos probatorios que permitan avanzar en la determinación de responsabilidades y aportar elementos que orienten hacia el paradero del niño.
Con un horizonte de 50 días de trabajo y la posibilidad de extender los plazos si el clima o los hallazgos lo demandan, el operativo en 9 de Julio abre una nueva etapa en una investigación que, desde junio de 2024, combina medidas territoriales y judiciales en busca de respuestas.
