La presencia de actas físicas bajo resguardo y los mecanismos de revisión para corregir inconsistencias constituyen algunos de los principales salvaguardas que la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) identificó durante las elecciones en Honduras. Esta garantía cobra relevancia ante los señalamientos por demoras e irregularidades técnicas observadas por los supervisores internacionales, según consignó Europa Press. De acuerdo con este medio, la percepción de fraude electoral entre la ciudadanía hondureña se ha intensificado no solo a partir de la polarización política entre el oficialismo y la oposición, sino también por el comportamiento de la autoridad electoral, que aumentó el clima de desconfianza hacia la institucionalidad y el proceso democrático.
El informe de la misión internacional, reportado por Europa Press, detalló que los resultados preliminares del escrutinio, con el 99,4% de las actas contabilizadas, ubicaron a Nasry Asfura, representante del Partido Nacional, con el 40,52% de los votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se posicionó apenas detrás con el 39,20%. Pese a este avance, persistía un pequeño lote de actas pendientes de procesamiento, lo que retrasó la proclamación definitiva del resultado y avivó la inquietud ciudadana y política por la transparencia del proceso.
Europa Press detalló que la misión de la OEA detectó demoras y fallas operativas relacionadas principalmente con la composición partidista del organismo gestor del proceso electoral. Este diseño institucional habría obstaculizado la operatividad durante la jornada de votación, tanto en la entrega y recolección del material electoral como en la administración de los sistemas informáticos utilizados para el conteo y la publicación de los resultados. Eladio Loizaga, jefe de la misión de observadores, expuso ante el Consejo Permanente de la OEA información sobre retrasos en el procesamiento de datos y fallos técnicos, aludiendo específicamente al desempeño de los proveedores tecnológicos y del software empleado.
Según reportó Europa Press, Loizaga subrayó que los problemas detectados no implicaban en sí mismos la existencia de dolo ni manipulación intencionada, afirmando que no hallaron pruebas de irregularidades en el material electoral físico ni en los sistemas utilizados para la transmisión de los datos. En ese sentido, insistió en que los incidentes informáticos no equivalen de manera automática a fraude y destacó la importancia de que las actas físicas permanezcan bajo la debida custodia, confiando en que este procedimiento resguarda la voluntad popular.
Europa Press consignó que, a pesar de las deficiencias técnicas y de las demoras reportadas, las autoridades electorales de Honduras no habían superado el plazo legal para la publicación de los resultados oficiales y seguían procesando el remanente de actas pendientes. El sistema contemplaba mecanismos para revisar y rectificar posibles errores en documentos con inconsistencias antes de proceder a la declaratoria oficial de los ganadores. No obstante, Loizaga manifestó su inconformidad con la falta de justificación para la lentitud del escrutinio y en la difusión pública de los datos, e instó a las autoridades y actores políticos a cumplir oportunamente con sus responsabilidades institucionales.
Como parte de sus recomendaciones, los integrantes de la misión solicitaron cesar cualquier práctica dilatoria y no utilizar las fallas tecnológicas como explicación para retrasar artificialmente el proceso, según publicó Europa Press. El informe presentado ante la OEA subrayó la necesidad de ofrecer certeza y claridad a la sociedad hondureña, destacando la importancia de que el escrutinio y la difusión de los resultados se desarrollen en tiempos razonables, para fortalecer la credibilidad del sistema electoral.
Europa Press también transmitió que tanto el jefe de la misión como el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dirigieron exhortaciones a los principales actores políticos de Honduras. Loizaga remarcó la obligación de preservar la legitimidad del proceso y evitar declaraciones que puedan minar la aceptación de los resultados, mientras que Ramdin apeló a través de redes sociales a los candidatos y partidos para que prioricen la estabilidad nacional y la paz social durante el tiempo que reste hasta el anuncio de los resultados definitivos. Ramdin, en sus declaraciones recogidas por Europa Press, instó además a las autoridades electorales a actuar con total imparcialidad y dentro del marco jurídico previsto, asegurando que las etapas finales del proceso cumplan estándares de transparencia y libertad.
El entorno informativo, según desarrolló Europa Press, dio cuenta del aumento del ambiente de desconfianza y crispación social ligado a la demora en la transmisión de los datos oficiales y a la falta de explicaciones claras por parte del ente electoral encargado. La polarización entre las fuerzas políticas y la intervención del propio organismo supervisor alimentaron percepciones de falta de neutralidad, lo que colocó en el centro de la atención la capacidad institucional para garantizar un desenlace electoral legítimo.
A lo largo del proceso, la misión de la OEA enfatizó en su informe, citado por Europa Press, que las anomalías en el funcionamiento tecnológico o las dificultades logísticas no constituyen automáticamente evidencia de un intento de alterar la expresión ciudadana en las urnas. La existencia de procedimientos de verificación y la custodia estricta de documentos oficiales figuran entre los recursos destinados a proteger la integridad del resultado electoral mientras continúan las tareas de procesamiento y revisión final de las actas.
Por último, la OEA, siempre según Europa Press, reiteró la importancia de que todos los actores políticos se abstengan de discursos destinados a restar legitimidad al proceso y renueven su responsabilidad colectiva con el mantenimiento de la estabilidad institucional. El informe señaló que la transparencia, la prontitud en la divulgación de resultados y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente representan condiciones indispensables para la confianza pública y la continuidad democrática en el contexto hondureño.
