Political Watch, un observatorio político creado por profesionales independientes, aprecia retrocesos en la nueva reforma del Reglamento del Senado aprobada este miércoles, pues considera que no sigue el ‘Plan Parlamento Abierto’ y transparencia que ha emprendido el Congreso, pero sí celebra que la Cámara Alta se haya sumado a la creación de un registro público de intereses económicos de los senadores.
Por un lado, Political Watch critica que la reforma reglamentaria impulsada por el PP «ni siquiera menciona el registro de lobbies o la huella legislativa» de cada senador, como sí se aprobó en el Congreso. «El avance en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación que tanto necesitamos es desigual y desacompasado. Es momento de medidas de apertura radicales, no de avances tibios y mucho menos de pasos atrás», afirma Javier Pérez, director del observatorio.
Censura asimismo las restricciones a los grupos parlamentarios plurales, ya que se les obliga a recabar la firma de todos sus componentes para poder presentar una proposición de ley. A su juicio, este requisito es «letal» para esos grupos donde conviven varios partidos distintos.
Además, critica que sólo se reservarán cinco minutos para presentar en el Pleno del Senado las peticiones ciudadanas, pues considera que así el Parlamento se distancia de sus representados. También censura que el silencio administrativo sea entendido como una respuesta negativa para los ciudadanos, pero no para los senadores, que si no se les responde la petición se considerará estimada y la Mesa del Senado requerirá respuesta en tres días.
«Facilitar a los senadores y senadoras ejercer su derecho de acceso a la información pública no puede hacerse en ningún caso en mejores condiciones respecto de las que tiene cualquier ciudadano. Eso solo traslada el mensaje de que no todos somos iguales ante la ley», reflexiona Pérez.
«MAL MOMENTO PARA RETROCEDER»
En su opinión, es «mal momento para retroceder» cuando ha venido aumentando la preocupación ciudadana por la política, reflejada en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y el Índice de Calidad de la Democracia 2024 de la Fundación Alternativas habla también de un «estancamiento» de la calidad democrática en España. «Las y los representantes políticos no parecen reaccionar a las preocupaciones ciudadanas en este sentido», se lamenta.
Eso sí, Polítical Watch ve positivo que el Senado haya decidido exigir a sus señorías que presenten no solo las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales, sino también las de rentas e intereses económicos, que hasta ahora no se incluían en el Reglamento.
Además, el registro de intereses será íntegramente público y quienes no respondan a los requerimientos sobre incompatibilidades serán apercibidos también de forma pública, de forma que quede reflejado en su ficha dentro de la web de la Cámara.
También es positiva la creación de una comisión de vigilancia de las contrataciones de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal.
