Ocho detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires partirán hoy a las 11 desde la Brigada Aérea El Palomar, en Tres de Febrero, en un avión de la Fuerza Aérea hacia Lima, Perú. Irán a buscar y trasladar a la Argentina a Matías Agustín Ozorio, presunto ladero de Pequeño J, el teórico autor intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.
Así lo informaron a LA NACION fuentes de la PFA. Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, será expulsado por Perú luego de haber sido detenido la mañana del martes en el barrio Los Olivos, en Lima.
“Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, sostuvo Ozorio después de que un detective de la Policía Nacional de Perú le puso las esposas. Tenía pedido de captura internacional por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela.
A diferencia de Ozorio, Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, no será expulsado. Al ser un ciudadano peruano detenido en su país, será sometido a un proceso de extradición que puede demorar varios meses o más de un año.
“Desde nuestra perspectiva, lo ideal es que ambos lleguen juntos a la Argentina. En el caso de Ozorio, por ser argentino —aunque no merezca esa condición por haber cometido un asesinato— será expulsado de Perú, lo que evita un proceso de extradición. Es un trámite rápido que puede resolverse en pocos días. Distinta es la situación de Pequeño J: al ser ciudadano peruano y haber sido detenido en su país, deberá atravesar un proceso de extradición que, seguramente, será más extenso y dependerá de los tiempos de la Justicia peruana. Las autoridades se comprometieron a hacerlo lo más rápido posible. Nuestra gestión apunta a que ambos estén aquí cuanto antes, para que las tres familias puedan encontrar algo de paz. La Justicia no repara el dolor, pero sí puede dar tranquilidad», explicó ayer la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa.
Los ocho detectives, entre los que estarán representantes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA, junto con Ozorio, volverán en el día a la Argentina.
Cuando el avión aterrice en la Brigada Aérea El Palomar, el sospechoso quedará a cargo de la policía bonaerense y en los próximos días será indagado por el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, a cargo de la investigación del triple crimen.
Si bien no es la primera vez que representantes de dos fuerzas de seguridad viajen a otro país a buscar a un sospechoso prófugo, llama la atención la cantidad. No es común. Algunos memoriosos hablan de una situación inédita.
“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, se afirmaba en el oficio enviado el viernes a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial, Ministerio Público y Legislatura de la cartera conducida por Bullrich con la orden de captura nacional e internacional de Ozorio, firmada por el juez de Garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara.
En el documento se hizo una “breve reseña” del hecho por el que se ordenó la captura del sospechoso: “Entre los días viernes pasado [por el 19 de septiembre], aproximadamente entre las 22.30 y el martes último, aproximadamente a las 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montaña y/o Pequeño Jota [cuando todavía no tenían identificado al supuesto autor intelectual del triple crimen] y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chanar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas mujeres”.
