La publicidad en Instagram sonaba convincente: invertir en la compra del equipamiento para montar “granjas” de minería de criptomonedas y recibir ganancias mensuales del 5%. Pero sonaba demasiado bien para ser verdad. Los que apostaron a través de la app cryptofarm cobraron los intereses prometidos un par de veces, y después, la nada que precedió a la certeza de que habían caído en una estafa.
Este martes a la mañana, tras una serie de operativos ejecutados por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro en el marco de la investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro, encabezada por el fiscal Alejandro Musso, fue detenido el líder de la maniobra, Leonardo Javier Viqueira, el “empresario” que ponía la cara en los videos promocionales de la red.
En cambio, su hermano, Carlos Alberto, también acusado por una megaestafa que, por ahora, cuenta con decenas de damnificados por montos superiores a los 360.000 dólares, no fue ubicado por la policía y se encuentra prófugo.
Leonardo Viqueira fue arrestado en su domicilio, en la calle Virrey Olaguer y Feliú al 3100, en la zona residencial de Olivos, partido de Vicente López, a tres cuadras de la autopista Panamericana. Le incautaron su auto, un BMW328i, su computadora y su celular.
Según consta en el dictamen del fiscal Musso, la maniobra defraudatoria comenzó en junio de 2021 y se extendió hasta fines de 2022. Los hermanos Viqueira, a través de posteos en redes sociales ofrecían inversiones en minería de criptomonedas con una rentabilidad fija del 5% mensual, a través de la empresa Global Digital S.R.L.
“La captación de inversores se realizó a través de campañas publicitarias engañosas difundidas en redes sociales, especialmente en Instagram”, señaló el fiscal. A los inversores se les hizo creer que su dinero estaba protegido por “empresas aseguradoras de las más importantes” y que podrían “retirar sus ingresos cuando lo desearan”.
Según varios de los damnificados detallaron en sus denuncias, firmaban contratos de locación de servicios, accedían a una plataforma web (cryptofarm.com.ar) en la que veían reflejadas sus inversiones y sus supuestas ganancias. Los “rescates” de dinero solicitados eran entregados por los Viqueira en persona.
En el dictamen, Musso opinó que “los contratos eran simulados” y que “la plataforma era falsa, diseñada para mostrar montos ficticios y generar confianza”. De hecho, los inversores advirtieron, primero, que la “empresa” cambiaba los términos del contrato unilateralmente (bajando los intereses a 2% y extendiendo los plazos de rescate a 90 días, supuestamente por causa de la baja en la cotización de las criptomonedas). Pero, además, los damnificados pronto advirtieron que nadie respondía a sus reclamos y que las súper computadoras necesarias para montar las granjas cripto no eran más que una ilusión.
Uno de los damnificados, al declarar como testigo, detalló que “los equipos nunca eran comprados”, que la empresa le echaba la culpa a un exportador chino y que, cuando se reclamó la rescisión del contrato y la devolución de lo invertido, “la empresa se escudó tras abogados” para no devolver el dinero.
“Pasados 18 meses de reclamos ya no se recibe más que una respuesta automática”, declaró I. A. S., uno de los damnificados. Otro testigo, M. Z., relató que solo había podido realizar dos extracciones antes de que la inversión “dejara de reportar dividendos en la app”, y que aunque les envió una carta documento para exigir el pago, “los hermanos Viqueira dejaron de atender sus mensajes y llamados”.
Amenazas
Aunque la dinámica más habitual eran las evasivas y el silencio, las respuestas ante los reclamos también podían ser intimidatorias, sostuvieron al menos dos testigos.
C. G. F., uno de los denunciantes, que había llegado a invertir casi 90.000 dólares para la compra de equipos de minería cripto, que según los acusados no podían entregar por “problemas aduaneros”, declaró que en una reunión mantenida para discutir el incumplimiento contractual, Viqueira le dijo que “estos asuntos se resolvían llenándolos de agujeros”.
M. C. M., una diseñadora gráfica que había trabajado para los imputados en una empresa previa y que había estado a cargo del diseño de la página web del emprendimiento www.cryptofarm.com.ar, afirmó que Viqueira “portaba armas en la oficina”, situada en la avenida Ader, en Villa Adelina.
Su amiga N. E., que apostó dinero en cryptofarm por su recomendación y que solo pudo recuperar el 20% de lo invertido, también mencionó que “Leonardo Viqueira habría proferido amenazas hacia exempleados para evitar denuncias” y afirmó que la sede de la empresa en Villa Adelina funcionaba también como un depósito de bebidas alcohólicas y que allí “había equipos informáticos para minería sin medidas de seguridad”.
Según describió el fiscal en su dictamen, los acusados, “para brindar una apariencia de legalidad y profesionalismo, montaron oficinas con personal contratado, realizaron campañas de marketing, confeccionaron contratos simulados de locación de servicios, diseñaron sitios web y exhibieron supuestos equipos de minado”.
Hasta el momento de los allanamientos de ayer, en la causa se habían documentado 13 casos con víctimas identificadas que invirtieron un total de 364.036 dólares. Pero según confió a LA NACION una calificada fuente de la investigación, una mujer que pasaba por la puerta de la casa de Virrey Olaguer y Feliú entre Valle Grande y Francisco Beiró advirtió, por el operativo, que algo andaría mal con su inversión en cryptofarm. “Le dijo a los detectives que ella había entregado a Viqueira unos 150.000 dólares para colocar en las granjas de minería. Fue directo a la fiscalía a hacer su denuncia”, explicó el vocero consultado.
El fiscal Musso estima que los damnificados podrían contarse por cientos, tanto en la Argentina como más allá de las fronteras. Es que se detectó que los Viqueira habían expandido sus operaciones a Paraguay, bajo el nombre de fantasía de “Criptofarm Latam”.
Colaborador y damnificado
Además del caso de J. A. D., que invirtió 130.000 dólares y denunció haber recibido amenazas tras reclamar la devolución, se destaca el de G. D. P., que comenzó como inversor y se convirtió en socio de los Viqueira en “la migración del negocio a Paraguay”. Tal como declaró, tarde descubrió que “el verdadero negocio no era la minería, sino una gran estafa”.
Afirmó: “Tardíamente, advierto que el verdadero destino de mi inversión, y la del resto de los damnificados no se encontraba dirigido a compra de equipos ni minado de criptomonedas, sino que solo se trataba de estafas y extorsiones, con el fin de exigir nuevas inversiones. En algunos casos habrán destinado fondos a préstamos, ya que se jactaban de “apretar” a los nuevos “deudores” cuando estos no pagaban”.
El fiscal Musso solicitó al juez de Garantías Nº4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, que avalara los allanamientos y las detenciones de los hermanos Viqueira, y también pidió autorización para la apertura compulsiva de celulares mediante biometría, ante el riesgo de que los imputados borraran evidencia digital o transfieran criptoactivos. Según pudo saber LA NACION, no se encontraron billeteras de criptomonedas en los dispositivos.
También afirmó, al fundamentar los pedidos de arresto, que había riesgo de fuga (como efectivamente ocurrió con Carlos Viqueira) y de entorpecimiento del desarrollo de la investigación, y recordó que “el imputado cuenta con un antecedente condenatorio por un delito de idénticas características”.
