(Corrige en el tercer párrafo para aclarar que SEMI no tiene vínculo con ACS y añade reacción de las empresas españolas en los párrafos quinto y sexto párrafo)
Ginebra, 26 sep (EFECOM).- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas.
La lista de 2023 incluía 97 empresas, de las que siete han sido eliminadas, por lo que, con la actualización de hoy, ahora son un total de 158, en su mayoría israelíes (138), aunque también hay seis de Estados Unidos, dos de Francia y otras dos de Reino Unido, además de las españolas.
Las españolas incluidas ahora son Actividades de Construcción y Servicios (ACS), la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).
Según la organización, las cuatro han participado de algún modo en proyectos ferroviarios en Israel, en especial en la red de tranvía de Jerusalén, que une esta ciudad en algunas de sus líneas con paradas en territorios palestinos ocupados. La lista cubre actividades confirmadas entre el 2 de agosto de 2019 y el 30 de abril de 2025.
Al respecto, fuentes del Ministerio español de Transportes, de la que depende la pública Ineco, han explicado que la firma únicamente tiene actividad allí para concluir los contratos pendientes, pero que ya hace tiempo que no busca nuevas oportunidades de negocio en ese país.
Por su parte, ACS asegura a EFE que no tiene actividad en Israel, al tiempo que la guipuzcoana CAF dice no haber constatado «ninguna vulneración de los derechos humanos» en el proyecto del tren de Jerusalén en el que participa, sino que, al contrario, «genera impactos positivos en la población como han corroborado informes de expertos independientes».
De las firmas no israelíes destacadas en la lista las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking, la también norteamericana Motorola, la empresa de ingeniería francesa Egis y su filial ferroviaria, o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.
Las nuevas empresas incluidas con la actualización de 2025 se dedican principalmente a actividades relacionadas con la construcción, el sector inmobiliario y la minería, sectores a los que la ONU ha dado prioridad en sus recientes pesquisas, mientras que en su próxima actualización primaran las del sector de la seguridad.
La lista no lleva asociadas sanciones, su carácter es simplemente informativo, aunque la oficina de la ONU pide a las empresas incluidas que «tomen medidas adecuadas para abordar el impacto adverso en los derechos humanos» de sus actividades.
Según el alto comisionado Volker Türk, al frente de la oficina de Naciones Unidas, la lista subraya la importancia de cumplir con la diligencia debida a la hora de operar en contextos de conflicto, «con el fin de garantizar que las actividades no contribuyen a abusos de derechos humanos».
La oficina también anima a los once Estados con empresas en la lista (los arriba citados más Portugal, Canadá, Alemania, China, Luxemburgo y Países Bajos, con una firma cada uno) a tomar medidas al respecto.
«Deben garantizar con medios judiciales, administrativos, legislativos u otros que cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales dentro de su territorio o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a remedios efectivos», destacó.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió en 2024 información sobre hasta 596 empresas posiblemente involucradas en actividades en la Cisjordania ocupada, pero sólo pudo estudiar hasta el momento una tercera parte del total.
Todas las empresas de las que se habían presentado alegaciones fueron informadas e invitadas a colaborar, destacó el organismo de la ONU, aclarando que su mandato no incluye estudiar actividades en Gaza.
El Consejo de Derechos Humanos encargó en 2016 a esta entidad la elaboración y actualización de esta lista en función de actividades que incluyeran el abastecimiento de materiales para la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de viviendas y propiedades de los palestinos, actividades de vigilancia, uso de recursos naturales, u operaciones que contaminaran localidades palestinas.
Entre las empresas que han salido de la lista tras figurar en la de 2023, al considerarse que ya no llevan a cabo alguno de esos tipos de actividades en los asentamientos ilegales, se encuentran la francesa Alstom o la plataforma de reservas eDreams ODIGEO, actualmente con sede central en España aunque en la primera versión de la lista (de 2020) figuró como firma de Luxemburgo.
En 2020, poco después de que la ONU publicara su primera versión de la lista, el Gobierno palestino aseguró que daría tiempo a las empresas extranjeras que operan en asentamientos ilegales israelíes para que cesen esas actividades, pero que de no hacerlo se les podría exigir una indemnización. EFECOM
