El Fiscal Carlos Larrarte, titular de la Fiscalía Nº 30 del Departamento Judicial de Necochea, confirmó que los operativos recientes contra las denominadas «picadas» o pruebas de velocidad con motovehículos han revelado delitos que exceden lo meramente contravencional.
Si bien muchos consideran estas prácticas como simples infracciones de tránsito, el funcionario judicial aclaró que pueden encuadrarse dentro del Código Penal. “El artículo 193 bis establece penas de seis meses a tres años de prisión para quienes realicen pruebas de velocidad sin autorización y pongan en riesgo la vida de terceros”, explicó.
El inicio de la investigación se dio tras una denuncia presentada por el personal del Centro Operativo de Monitoreo (COM). A partir de ese reporte, se analizaron imágenes de cámaras de seguridad e identificaron a los responsables, en algunos casos mediante patentes y en otros por antecedentes previos.
Gracias a estas pruebas, el Juzgado de Garantías Nº 2 autorizó allanamientos que permitieron detectar irregularidades graves. “Nos encontramos con motos adulteradas, algunas robadas con pedido de secuestro de otras jurisdicciones, y en ciertos domicilios incluso había armas de fuego y estupefacientes”, reveló el fiscal.
Larrarte enfatizó que la modalidad de estos operativos no es amistosa. “No se trata de golpear la puerta y pedir permiso, sino de una intervención por razones de seguridad”, aclaró.
Finalmente, el fiscal subrayó que los implicados no solo enfrentarán multas municipales, sino que serán investigados penalmente. “No es solo un tema de ruido o velocidad, sino de delitos concretos que pueden derivar en penas de prisión”, concluyó.
