En noviembre próximo, Brasil será el escenario de la Conferencia de las Partes, COP 30, que tendrá lugar en Belem, en la región de la Amazonia. La elección de esta sede, marca, de alguna manera, un cambio respecto a la hegemonía de las dos últimas conferencias, celebradas en países donde la cuestión energética—y más específicamente los combustibles fósiles—domina la economía.
La selección de la Amazonia por el actual gobierno brasileño, es sin duda, simbólica y le permitirá poner el foco en la importancia de la selva amazónica en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad.
Sin embargo, esta conferencia deberá enfrentar desafíos claves, como el impacto creciente del cambio climático sobre la seguridad alimentaria y la pobreza, que afecta a millones de personas. La COP30 debe impulsar soluciones que fortalezcan la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y promuevan la adaptación climática para garantizar alimentos y reducir la pobreza.
Rebaja de retenciones: el agro podría acelerar exportaciones por US$11.000 millones
Es aquí en donde se puede resaltar el papel de la agricultura en América Latina como una región que de facto produce alimentos suficientes para más de 1300 millones de personas, lo cual es más del doble de su población.
La región produce aproximadamente el 14% de la producción agrícola y pecuaria mundial y es responsable de aproximadamente el 25% de las exportaciones regionales. Esto señala a la región como un actor clave para la seguridad alimentaria global.
En este aspecto, la COP ofrece una interesante plataforma de diálogo que permitiría a América Latina y el Caribe (ALC) exponer, frente a los tomadores de decisiones, cómo una región con alto potencial productivo es parte de la solución y no el problema.
Sin embargo, la efectividad genera dudas, especialmente cuando observamos el importante peso que posee el sector en referencia a las emisiones totales de GEI (Gases Efecto Invernadero) en comparación con el promedio mundial. Aproximadamente 45% de las emisiones netas totales de GEI están relacionadas con la agricultura y el cambio en el uso del suelo, mientras que a nivel mundial el promedio es 21%.
La transformación del sector hacia una actividad resiliente y sostenible, tanto en lo climático como en lo económico, se ve limitada por la insuficiente implementación de acuerdos y la falta de financiamiento efectivo por parte de las fuentes multilaterales existentes.
A nivel mundial, por ejemplo, las pérdidas del sector agropecuario debido a eventos climáticos extremos alcanzaron más de US$120.000 millones, y la financiación para este sector representa solo el 5% del total de la financiación climática. A esto se suma uno de los mayores retos de la COP30: la posición casi inflexible de la actual administración de EE.UU. respecto a la acción climática y su financiamiento.
La COP 30 se perfila como una conferencia muy compleja que nos obliga a preguntarnos si Brasil como anfitrión y líder del sector agropecuario latinoamericano podrá encontrar consenso entre los diferentes países en las conversaciones sobre cambio climático, financiación, agricultura y seguridad alimentaria.
La imposición de altos aranceles por parte de Estados Unidos reduce la competitividad de productos agrícolas brasileños como carne, café, jugo de naranja y azúcar en un mercado clave, volviendo inviables muchas exportaciones y provocando una posible caída de precios internos por exceso de oferta.
Además la medida de Trump genera incertidumbre sobre la capacidad de Brasil para liderar los intereses agropecuarios en ALC, ya que pone en evidencia su vulnerabilidad ante cambios en la política comercial de grandes socios y lo obliga a buscar con urgencia nuevos mercados en Asia, Oriente Medio y el Sur Global, donde la competencia es intensa y las barreras de entrada pueden ser altas.
El sector enfrenta una notable inestabilidad. Las guerras entre Rusia y Ucrania, entre Israel e Irán, la continuación de las hostilidades en la Franja de Gaza y la nueva política arancelaria de la administración Trump han generado aumentos en el precio de la energía, encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados y potásicos, e impactos sobre las cadenas de suministro. Estas circunstancias han provocado una significativa volatilidad y vulnerabilidad para la agricultura en América Latina y el Caribe.
Un reciente informe del Banco Mundial proyecta un crecimiento del 2,1 % en 2025 y del 2,4 % en 2026, lo que convierte a la región en la de menor crecimiento a nivel mundial. Esta situación obliga a los países de ALC a enfrentar el desafío de adaptar sus estrategias económicas para afrontar las crecientes incertidumbres, en medio de una creciente volatilidad económica a nivel global.
En ALC, la falta de liderazgo regional y los desacuerdos en políticas agropecuarias y climáticas dificultan la adopción de prácticas sostenibles y la respuesta conjunta ante el cambio climático. Los intereses económicos particulares de cada país agravan la falta de coordinación.
Aunque la COP30 ofrece una oportunidad, las tensiones geopolíticas y la falta de compromiso financiero podrían impedir avances significativos. Ante esto, surge la pregunta: ¿podrán los países dialogar y otorgar a la agricultura el papel clave que merece en la financiación para enfrentar tanto el cambio climático como la seguridad alimentaria, o estamos, una vez más, frente a un nuevo fracaso y desaprovechando otra oportunidad para el cambio?
El autor es ingeniero agrónomo, con una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue parte del Servicio de Extensión Rural perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel, actualmente ocupa el cargo de Director del Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
