El juez federal Norberto Guillermo Costabel hizo lugar al pedido del fiscal Abel Córdoba y determinó que el empresario Lázaro Báez regrese a la cárcel común para cumplir la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Báez, de 69 años, cumple arresto domiciliario en una de sus estancias en la Patagonia. Su condena quedó firme porque la Corte Suprema de Justicia rechazó todos sus recursos.
Por eso, el fiscal del juicio presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 4 en el que pide que se haga el cómputo del tiempo que lleva detenido Báez y solicita que lo que falta por cumplir lo cumpla en la cárcel. Ahora, Costabel, que está cargo de la ejecución de la condena, resolvió que el empresario santacruceño regrese a la cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Junto con Costabel, firmaron el acta los jueces Ricardo Basílico y Fernando Canero, miembros del Tribunal Oral Federal N°4.
Báez cumple desde hace casi un año la prisión domiciliaria en El Calafate. El empresario santacruceño, acusado de lavar dinero, está en una casona de dos plantas de líneas modernas con rejas negras y caseta de seguridad. Tiene vista al Lago Argentino.
El otrora poderoso empresario de la construcción porta una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos las 24 horas: de acuerdo a diferentes testigos que transitan habitualmente la costanera “Presidente Néstor Kirchner” frente a su casa, suele ser visto en el jardín de la vivienda, de césped, pero sin flores, o bien en la puerta recibiendo algún envío, intercambiando con las pocas personas que suelen entrar y salir de la casa.
El fallo de la Corte
La Corte Suprema votó por mayoría la semana pasada por confirmar la condena. Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y dos conjueces lo hicieron a favor, mientras que Carlos Rosenkrantz lo hizo en disedencia y se pronunció a favor de enviar el caso a la Procuración.
La maniobra consistió en haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal.
El caso es recordado por las imágenes en televisión que presentó el periodista Jorge Lanata. Se veía allí a uno los principales acusados contando dólares en “La Rosadita”, como se conocía a la financiera clandestina de Puerto Madero que movía el dinero al exterior.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por US$ 54.872.866,69.
El dinero salió del país, fue depositado en el extranjero y ingresó a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras empresas. Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción SA (ACSA).
El juicio oral ocurrió entre 2018 y 2021. El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. También recibieron penas otras 21 personas. Entre ellas los cuatro hijos del empresario -Martín, Leandro, Melina y Luciana-, Pérez Gadín, Chueco, Federico Elaskar y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.
