Las amenazas emitidas por las disidencias de las Farc contra periodistas y trabajadores de Noticias Caracol, por la publicación de una investigación sobre presuntos vínculos entre ese grupo armado y funcionarios estatales, han generado una condena enérgica por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa.
En un comunicado, la organización rechazó la divulgación de un video donde tres supuestos integrantes de las disidencias, lideradas por Alexander Díaz, alias Calarcá, después de que el noticiero nacional divulgó un informe que expuso supuestas infiltraciones de las disidencias en organismos del Estado, lo que desencadenó una serie de amenazas y señalamientos públicos por parte de los voceros armados.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidente Pierre Manigault, condenó las amenazas y calificó de inaceptable la estigmatización de los periodistas por cumplir con su labor informativa.
“Calificar a periodistas como actores del conflicto por cumplir con su deber profesional es una forma de intimidación que amenaza la vida de quienes informan y erosiona los principios democráticos. La violencia o la amenaza armada jamás pueden ser una respuesta a la labor periodística, que debe ejercerse libre de presiones, estigmatización y riesgos”, declaró Manigault en nombre de la SIP.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó que “ningún actor armado puede atribuir a un medio de comunicación la condición de enemigo o actor beligerante como represalia por la publicación de contenidos periodísticos”.
Ramos instó al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, a condenar públicamente las amenazas y respaldar la labor periodística.
Según la SIP, en varias regiones de Colombia los grupos armados continúan imponiendo restricciones y hostigamientos que deterioran el ejercicio periodístico y pueden fomentar la autocensura.
La organización ha documentado que estas prácticas representan un retroceso significativo para la libertad de prensa en el país y ponen en entredicho los principios democráticos.
Amenazas tras la investigación periodística
La controversia surgió luego de que Noticias Caracol reveló correos, chats y comunicaciones atribuidas al Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, en los que se sugería la infiltración de la guerrilla en el Ejército y el servicio de inteligencia de Colombia.
Entre los funcionarios mencionados en la investigación figuran el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, alto cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes fueron suspendidos por la Procuraduría tras la publicación del informe.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que analiza dispositivos incautados en 2024, los cuales contienen información considerada de extrema gravedad.
Según reportó Noticias Caracol, estos hallazgos han dado lugar a seis líneas de investigación que abarcan desde la presunta cooptación de agentes estatales por parte de las disidencias, hasta posibles amenazas a la seguridad nacional, esquemas de financiación de campañas presidenciales y la creación de empresas de vigilancia vinculadas a estructuras criminales.
En respuesta a la investigación, voceros de las disidencias difundieron un video en el que calificaron a los periodistas como actores del conflicto armado, una declaración que la SIP y otras entidades han considerado una agresión directa contra la libertad de expresión y un grave riesgo para la integridad de los comunicadores.
Reacciones de organizaciones nacionales
La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) solicitó al Alto Comisionado para la Paz que intervenga y llame al orden de manera inmediata a los voceros armados responsables de las amenazas, en el contexto de un proceso oficial de negociación.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó categóricamente los señalamientos de las disidencias y alertó sobre el riesgo máximo en que se encuentran los equipos periodísticos de Noticias Caracol, así como todos los reporteros que cubren actividades de grupos armados.
La Defensoría del Pueblo de Colombia también se sumó a las condenas, calificando de “absolutamente inadmisibles” las declaraciones de las disidencias, al considerar que generan un riesgo grave e injustificado para la integridad de los periodistas.
Las organizaciones de prensa han reiterado la necesidad de que las autoridades colombianas garanticen la seguridad de los periodistas y defiendan el derecho a informar sin presiones ni amenazas. La SIP y entidades como la Flip y la AMI han subrayado que la protección de la labor periodística es fundamental para la democracia y la convivencia pacífica en Colombia.
