Luego de la decisión del Gobierno nacional de no reanudar el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc-EP, múltiples organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que manifestaron su “profunda preocupación” por lo que consideran un retroceso en la búsqueda de la paz en Colombia.
Según el documento, fechado el 17 de abril de 2025, esta medida no solo agrava la situación humanitaria, sino que también afecta directamente a comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.
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En el comunicado, estas organizaciones advirtieron que la suspensión de la tregua con las estructuras armadas trae consecuencias graves, especialmente en zonas rurales y apartadas. “Durante los meses de vigencia del cese al fuego, si bien persistieron tensiones y situaciones que exigían atención inmediata, también se registraron mejoras significativas en la movilidad, una reducción de hostilidades y avances en la interlocución entre las comunidades, el Estado y los actores armados”, señalaron.
Los firmantes resaltaron que la interrupción de este mecanismo reactiva los riesgos para las poblaciones campesinas e indígenas que, tras un breve alivio, vuelven a quedar expuestas a escenarios de violencia directa como desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y asesinatos. En ese sentido, criticaron que la decisión gubernamental se haya adoptado “sin una consulta previa a los territorios ni un análisis integral de sus consecuencias humanitarias”.
Además, alertaron sobre el agravamiento del conflicto armado justo cuando el país atraviesa un proceso de diálogo que debería generar confianza y no escalar la confrontación. “Se consolida una tendencia preocupante: la escalada de la confrontación armada en medio de un proceso de paz aún vigente, lo que socava la confianza de la población y de los actores comprometidos con la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto”, denunciaron.
En su mensaje, las organizaciones reiteraron su compromiso con la construcción de una paz incluyente y efectiva, pero insistieron en que esta solo podrá ser posible si se garantiza seguridad para quienes habitan los territorios y si se establecen condiciones que prioricen los derechos humanos. “Exigimos medidas integrales que prioricen el diálogo, la participación activa de las comunidades y su respeto irrestricto a los derechos humanos”, afirmaron.
El pronunciamiento también incluyó un llamado al Gobierno nacional y a las fuerzas armadas para que retomen los esfuerzos de diálogo y se adopten acciones urgentes para proteger a la población civil. “Instamos al Gobierno nacional y a las estructuras armadas a reencauzar los esfuerzos hacia el diálogo y a implementar acciones urgentes para la protección de la población civil”, indicaron.
Finalmente, el comunicado cerró con una declaración contundente: “La vida, la dignidad y la paz de los pueblos no son negociables. Seguiremos exigiendo, desde los territorios, justicia, verdad y garantías de no repetición”. Esta frase resume el tono del pronunciamiento y refuerza la exigencia de estas organizaciones de mantener canales de diálogo que no comprometan la seguridad ni los derechos de las comunidades más afectadas por la violencia.
