El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se refirió a la suspensión de Víctor Zanabria Angulo como comandante general, decisión adoptada en el marco de las investigaciones por el caso ‘Policías Albañiles’. Arriola indicó que aguardará la confirmación oficial del relevo, dada la gravedad de las acusaciones relacionadas con presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.
Con la salida temporal de Zanabria, Arriola asume la responsabilidad de encabezar la institución, función que ya ha desempeñado en otras ocasiones de manera interina durante las ausencias del jefe policial por motivo de viaje al extranjero. No obstante, esta vez podría ser oficialmente designado como nuevo comandante general de la PNP hasta que se resuelva la situación administrativa y judicial de Zanabria.
“Siempre he estado preparado para lo que Dios designe en cualquiera de los momentos, para cualquiera. Acuérdese que en el 2022 yo prácticamente estaba de baja en la Policía Nacional del Perú porque tuve algunas situaciones que consideré que era sumamente necesario. Nunca me arrepentiré de ello”, señaló en entrevista con Willax.
Reconoció que, según la normativa vigente, el subcomandante general debe asumir la jefatura de manera interina en caso de una suspensión formal, pero reiteró que la prioridad en este momento es actuar con “serenidad”.
Mientras se espera la notificación oficial y la definición del Gobierno de Dina Boluarte sobre la continuidad del mando en la PNP, Arriola recalcó que mantendrá la cautela y el respeto por los procesos administrativos y judiciales.
Por su parte, el abogado especialista en temas policiales, Stefano Miranda, también señaló que le corresponde a Arriola asumir el cargo, a pesar de que el suspendido comandante presente una apelación.
Suspensión por 18 meses
Según la resolución, la suspensión se ha establecido por un período de 18 meses, considerando la gravedad de las acusaciones, que incluyen colusión agravada, uso indebido de recursos públicos y apropiación ilícita. La medida busca garantizar la “continuidad de la investigación y evitar posibles riesgos de fuga o destrucción de pruebas”.
El caso se remonta a hechos ocurridos entre junio y noviembre de 2020, en el marco de contratos y compras irregularidades vinculadas a la reparación del patio de armas y otros servicios en la IX Macro Región Policial de Arequipa. Parte de las irregularidades incluyen la contratación directa de proveedores, utilización de efectivo sin registro y uso de personal policial en actividades no autorizadas, todo ello en perjuicio del patrimonio público.
Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la apropiación indebida de fondos públicos, por un monto cercano a los S/17 mil 600, en donde se habrían realizado coordinaciones telefónicas. Además, se detectó que varios funcionarios habrían facilitado el proceso, incluyendo la emisión de órdenes de servicio en contra de la normativa vigente.
El Poder Judicial fundamentó la decisión en la necesidad de limitar la posible obstrucción del proceso, además de respetar los límites legales establecidos que aseguran que la suspensión preventiva no exceda la mitad del tiempo que correspondería a la pena de la eventual condena.
