El exconcejal platense del Frente Renovador Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, exfuncionario de la Legislatura bonaerense, podrán dejar la cárcel y deberán seguir presos en arresto domiciliario, controlados por una tobillera electrónica.
Ambos están con prisión preventiva por haber recibido dinero del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau, que cobraba los sueldos de medio centenar de empleados de la Legislatura bonaerense que en realidad no trabajaban. El cobro era con tarjetas de débito. Era un mecanismo de financiamiento ilegal de la política.
Los dos Albini estaban en prisión preventiva tras las rejas. En primera instancia, el juez Federico Atencio les había otorgado este régimen de morigeración (la prisión domiciliaria), que luego la Cámara de La Plata revocó, pero que ahora fue reestablecido por la Cámara de Casación bonaerense.
En un fallo que contó con una disidencia, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal bonaerense resolvió ahora hacer lugar al recurso de casación de Claudio y Facundo Albini.
La decisión revocó el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías La Plata, que fue el tribunal que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de ambos.
Los votos
Los jueces Fernando Luis María Mancini y Mario Kohan votaron hoy por conceder el recurso sobre la base del precedente de Julio Rigau, a quien le habían otorgado el mismo beneficio. Ese fue el argumento del juez Atencio para concederlo.
Pero la jueza María Florencia Budiño propuso rechazar el recurso de los Albini. Defendió el fallo de la Cámara de Apelaciones que sostuvo que la situación de los Albini no era similar a la de Chocolate Rigau. “Las circunstancias de los Albini no eran idénticas o equiparables”, dijo la jueza.
Esto es por el mayor rol jerárquico de los Albini y su condición de funcionarios públicos, un factor relevante que hace pensar en el peligro procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación.
La jueza consideró que el tiempo transcurrido en prisión preventiva no resultaba irrazonable o desproporcionado dada la gravedad de la imputación y la pena en expectativa. Además, compartió la visión de la Cámara respecto de los efectos de la edad de Claudio Albini, 68 años: los dos tribunales sostuvieron que eso no impide que esté preso. Tampoco aceptaron el argumento de Facundo Albini (invocó a su hija) porque dijeron que no es un supuesto excepcional que justifique la morigeración de la prisión preventiva.
Los jueces Mancini y Kohan, en cambio, adhirieron a los fundamentos de Atencio y argumentaron que la equiparación que hizo el juez de primera instancia entre la situación de los Albini y la de Rigau tenía “suficiente peso específico”.
Según los magistrados, para justificar el encierro hace falta explicar “de forma concreta y razonada” cómo las circunstancias invocadas contra los acusados “derivan en su riesgo de fuga o entorpecimiento futuro”.
La decisión implica que los Albini volverán a cumplir la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, según lo ordenado por el juez de primera instancia.
Los Albini están acusados de ser los “jefes” de Rigau y están detenidos desde noviembre de 2023 por un presunto fraude a la Legislatura bonaerense.
Pese a las últimas novedades, la causa principal se encamina a un juicio oral por la defraudación que se llevó a cabo con las 48 tarjetas de débito que utilizaba Rigau.
La fiscal Betina Lacki pidió la elevación a juicio de Rigau y de sus jefes, todos acusados de haberse apropiado de los sueldos de empleados “ñoquis” de la Legislatura provincial para el financiamiento ilegal de la política.
También –dijeron fuentes judiciales a LA NACION– se solicitó la elevación a juicio de 47 de los 48 titulares de las tarjetas de débito ajenas que usaba Rigau cuando fue detenido extrayendo dinero de cajeros automáticos del centro de La Plata. Uno de los titulares de las tarjetas se mudó a España y se realizará otra solicitud.
Ahora, el juez Atencio deberá decidir. Todos están acusados en la misma causa. Rigau fue detenido el 9 de septiembre del año pasado cuando sacaba dinero en un cajero automático del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito que no eran suyas. Y los Albini cayeron el 23 de noviembre de 2023 y desde entonces están tras las rejas, procesados con prisión preventiva.
La investigación está a cargo de la fiscal platense Lacki y del juez Atencio. Rigau fue liberado a los 13 días de ir preso por una disposición de los camaristas platenses Villordo y Benavides, pero tras el estrépito público que generó, el fallo fue revocado y Rigau volvió a prisión el 14 de octubre de 2023.
Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, cuya copia obtuvo LA NACION.
Tanto la fiscal Lacki como el juez Atencio consideran que los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.
Los chats de Rigau con sus jefes revelan cómo funcionaba el mecanismo, donde “Chocolate” debía rendirles el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.
Los chats exponen que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que en los papeles debían desempeñar. En un caso, uno de los titulares de las tarjetas reclamó que le dieran de baja en la Cámara de Diputados porque figurar con ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.
De esas conversaciones surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de tarjetas de empleados fantasma, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” al massista Claudio Albini.
La Legislatura bonaerense no mostró un real interés por investigar la trama de corrupción ni por cooperar con los pedidos de la Justicia. Completó este año una “investigación preliminar” plagada de inconsistencias, en la que descartó que se hubieran cometido “irregularidades” –mucho menos delitos–, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis” y hasta desechó que hubiera existido un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo LA NACION.
