El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló este jueves que el Gabinete ya no emitirá más pronunciamientos sobre las cirugías plásticas a las que se sometió la presidenta Dina Boluarte, sin informar al Congreso a mediados de 2023.
“Ya mencionamos que nosotros no vamos a pronunciarnos sobre este tema (…) porque estamos abocados en implementar la política pública, vuelvo a repetirles. Ya hemos mencionado cuál es la respuesta nuestra”, dijo a la prensa el mismo día en que el premier Eduardo Arana se presentó ante el pleno para solicitar el voto de confianza a la gestión que empezó hace casi un mes.
La postura del Ejecutivo ya se ha manifestado con acciones. El ministro de Educación, Morgan Quero, evitó responder cuando fue consultado sobre el mismo asunto, y optó por sonriente rápidamente y haciendo con los dedos la “V” de victoria.
Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, declaró que no estuvo “en el cargo” cuando Boluarte se sometió a los procedimientos estéticos en la clínica del cirujano Mario Cabani, aunque aseguró tener “conocimiento que la presidenta en ningún momento ha hecho abandono del cargo”.
Sin embargo, el médico exigió en la víspera, mediante una carta notarial, que la jefa de Estado reconozca públicamente que se sometió a “varias cirugías estéticas y una funcional”. Además, aseguró que ella “ha trastocado la realidad y la verdad de los hechos”, por lo que su clínica rechaza “consentir sus falsedades”.
Cabani volvió a mencionar que Boluarte se sometió a una rinoplastia, una septoplastia, una blefaroplastia inferior transconjuntival (retiro de bolsas de grasa bajo los ojos), relleno facial y la colocación de hilos tensores. El procedimiento, indicó, requirió anestesia general, dos días de internamiento y la participación de seis especialistas.
La carta también reveló que el pago por la cirugía fue saldado en abril pasado por el abogado de la mandataria, tras múltiples intentos de cobro a través de terceros desde 2023. El cirujano le otorgó un plazo de 24 horas para rectificarse y advirtió que, de no hacerlo, iniciará acciones civiles por daños y perjuicios, además de una denuncia penal por difamación agravada y calumnia.
Acciones
El caso ha escalado políticamente. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció que propondrá la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. “Dentro de las recomendaciones que hemos aprobado están los indicios de que existe una forma de comportamiento impropia de una presidenta de la República que posibilitaría una moción de vacancia o denuncia constitucional”, afirmó.
El grupo congresal también investiga el ‘caso cofre’, en el que se acusa a la presidenta de haber facilitado la fuga de Vladimir Cerrón, exlíder de Perú Libre. Según el informe preliminar, Boluarte podría haber incurrido en los delitos de peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes y encubrimiento personal.
Además de la Fiscalía, que investiga un presunto abandono del cargo por parte de Boluarte —quien, al no tener vicepresidentes, está obligada a informar al Congreso si se ausenta del Ejecutivo—, la Comisión de Fiscalización sigue recopilando pruebas sobre lo ocurrido durante los días en que la mandataria no apareció en público.
