El Gobierno de Panamá ya ha contratado a asesores legales para defenderse del arbitraje abierto por Sacyr en el que reclama hasta 1.700 millones de euros por los sobrecostes de las obras que llevó a cabo entre 2009 y 2016 para ampliar el Canal de Panamá.
En concreto, el Consejo de Ministros de ese país pagará hasta 6,5 millones de dólares (5,6 millones de euros) a la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer para representarle legalmente ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), donde se dirime el arbitraje.
Se trata de un contrato que ha arrastrado varios años de litigios entre Panamá y el consorcio GUPC –participado al 41,6% por la constructora española–, debido a que la obra se adjudicó por 3.200 millones de dólares pero acabó costando 5.580, casi el doble.
Ya en 2020, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, llegó a sentenciar que se trataba de una historia del pasado de la compañía, intentando así pasar página, y en las últimas juntas de accionistas reiteró que todos los importes que pudiesen resultar negativos para la empresa ya están provisionados: «Solo podemos obtener ganancias», argumentó.
No obstante, los efectos de la considerada como la mayor obra de ingeniería del siglo XXI todavía siguen presentes y la República de Panamá busca armarse legalmente para truncar las últimas reclamaciones de Sacyr.
En concreto, en el Cnudmi (conocido en español por las siglas Uncitral), se está resolviendo un arbitraje iniciado en solitario por Sacyr (sin sus socios italiano Webuild y belga Jan de Nul), valorado entre 1.000 y 2.000 millones de dólares (861 y 1.723 millones de euros).
Las diferencias se dirimen con arreglo al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá, al considerar que el encargo de las obras se atribuyen a la República de Panamá, algo que solicitó Sacyr en contra del criterio del estado panameño.
Los últimos avances en torno a este litigio fueron la recuperación en 2022 de 250 millones de dólares en garantías por parte del consorcio constructor y el rechazo por parte del Tribunal Supremo de EEUU de un recurso que presentó el consorcio contra un pago que tuvo que hacer de 265 millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en 2020.
