El proyecto de ley A4987/S3672, conocido como Ley de Confianza para Inmigrantes, plantea un nuevo marco para la relación entre autoridades estatales y residentes de origen extranjero. La iniciativa fue introducida en 2024 y continúa en proceso legislativo durante 2025. Su propuesta central consiste en delimitar la participación de agencias estatales y municipales en actividades vinculadas con la aplicación de normas federales, lo cual podría limitar la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Cómo esta ley busca limitar al ICE en Nueva Jersey
- La propuesta legislativa A4987/S3672 establece un conjunto de normas destinadas a separar el trabajo de agencias locales del sistema federal de control.
- También prohíbe la posibilidad de firmar o mantener acuerdos similares al programa 287(g) que permite a agencias locales asumir funciones federales de control migratorio.
El texto indica que la aplicación de leyes migratorias corresponde exclusivamente al gobierno federal. Bajo esa premisa, la iniciativa plantea que las instituciones estatales se concentren en sus funciones vinculadas a seguridad pública, programas sociales y servicios locales.
El proyecto busca evitar que la población deje de usar servicios públicos por temor a que sus datos lleguen a entidades federales.
La propuesta incluye limitaciones detalladas sobre la recopilación de información vinculada al estatus, ciudadanía, lugar de nacimiento o números de identificación.
Esto solo se permitiría cuando resulte indispensable para determinar si una persona puede acceder a un programa o beneficio estatal.
Además, la legislación propone restringir de manera estricta la divulgación de cualquier información migratoria recabada por las entidades locales.
Los datos de este tipo quedarían fuera de la Ley de Registros Públicos, salvo para casos específicos en procesos electorales que requieran verificar ciudadanía de candidatos.
Nueva Jersey: así limitaría la ley A4987/S3672 la cooperación policial con ICE y CBP
Uno de los ejes centrales de la propuesta legislativa es la restricción a la cooperación policial con agencias federales.
La legislación establece que ninguna fuerza de seguridad estatal, del condado o municipal puede utilizar sus recursos para ejecutar tareas vinculadas con la aplicación de la ley migratoria civil.
Entre las prohibiciones, la medida impide detener, interrogar o retener a personas por motivos relacionados con su estatus legal o ciudadanía.
Las fuerzas del orden tampoco pueden solicitar información sobre lugar de nacimiento, número de seguro social o cualquier dato vinculado.
La iniciativa también prohíbe arrestos o detenciones basadas únicamente en órdenes civiles o solicitudes de detención emitidas por autoridades federales.
Los agentes tampoco pueden prolongar una captura una vez que la persona cumple las condiciones para ser liberada.
Qué son las “ubicaciones sensibles” y cómo las protegería la Ley de Confianza para Inmigrantes
La ley define un conjunto de instituciones definidas como ubicaciones sensibles, sujetas a reglas específicas para garantizar el acceso universal. Entre estas se incluyen:
- Centros médicos
- Bibliotecas públicas
- Escuelas
- Refugios para víctimas de violencia doméstica y otros albergues de emergencia
El Fiscal General debe elaborar políticas modelo para estos espacios, con el fin de impedir que se conviertan en lugares donde las personas sientan riesgo de interacción con autoridades federales.
Las políticas deben asegurar que estos centros no recojan información de los extranjeros establecidos en el país norteamericano, salvo en circunstancias de estricta necesidad para determinar la elegibilidad de un servicio. Asimismo, las instalaciones no pueden permitir actividades de ejecución de arresto en áreas que no estén abiertas al público sin restricciones.
El propósito de estas medidas es evitar que los residentes se abstengan de acudir a instituciones esenciales por temor a que su información sea utilizada en procesos migratorios.
Estado del proyecto A4987/S3672: en qué etapa está y qué falta para su aprobación en Nueva Jersey
La medida aspira a establecer normas permanentes que reemplacen disposiciones temporales existentes. Su intención es que la población inmigrante cuente con garantías claras al interactuar con organismos públicos, independientemente de su situación.
Actualmente, el proyecto A4987 fue introducido en la Asamblea el 24 de octubre de 2024 y se encuentra pendiente en el Comité de Supervisión, Reforma y Relaciones Federales. La versión equivalente del Senado, S3672, también espera verificación en el Comité Judicial.
Ambas propuestas cuentan con un avance parcial del 25% en la Legislatura. Para convertirse en ley, necesitan aprobación en cada comité correspondiente, votación favorable en la Asamblea y en el Senado, conciliación de textos si las versiones difieren y, finalmente, la firma del gobernador. Una vez promulgada, la normativa entrará en vigor de manera inmediata.
