El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cargar en la noche de este jueves contra la oposición kirchnerista, a la que acusó de hacer “terrorismo económico”, además de quejarse del apoyo que, según él, tiene en los “inventos de los periodistas”.
Fue antes de justificar el inédito apretón monetario que lleva adelante el Gobierno para evitar que suba el dólar antes de las elecciones, en el marco del desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). La medida se implementó, según explicó Caputo, porque el Presidente le pidió tomar recaudos antes de julio, mes en el que “se vendría un ataque como no te podés imaginar”, sostuvo, imitando el tono de voz que suele usar el primer mandatario cuando quiere enfatizar algo.
“Si no lo hubiéramos hecho ahora muy posiblemente estaríamos vendiendo reservas y con unos $30 billones en LEFI por renovar a diario. ¿Se imaginan esa situación?”, graficó.
La explicación de Caputo contradice lo que la propia administración Milei había establecido en el decreto 602/2024, publicado en el Boletín Oficial el 10 de julio de ese año. Esa norma instrumentó la creación de estos títulos con los que el Tesoro reasumió hace poco más de un año la deuda que le había trasladado al Banco Central (BCRA) al recurrir sistemáticamente a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
Basta repasar el artículo 1 de esa norma, firmada por el propio Caputo, para comprobarlo. Allí se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a emitir la “Letra Fiscal de Liquidez (LeFi)” por un (1) año de plazo, la que capitalizará a la tasa de política monetaria informada por el BCRA y por un valor nominal original de $20 billones.
Es decir, la discontinuidad de estas Letras ya estaba definida de antemano y no devino de una instrucción para evitar un “ataque de mercado”, como ahora plantea el ministro.
Incluso el propio Banco Central había dispuesto el año pasado “la suspensión de la operatoria de pases pasivos a partir del 22 de julio”, al definir, mediante la Comunicación “A” 8060, “los aspectos técnicos y operativos de la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi), que servirá, a partir de esa fecha, como el principal instrumento de administración de liquidez del sistema bancario”.
El comunicado que anunciaba estos cambios repetía que esa letra tendría “un plazo máximo de 1 año y solo podrá ser negociada entre las entidades financieras y el BCRA”.
Caputo volvió a defender la decisión de secar la plaza de pesos: “Fue la manera de quitarle las balas a la oposición”, sostuvo, aunque admitió que la contracara es un nivel de tasas “muy altas”, pero que, afirmó, será “temporal”.
También dijo que, contra lo que dicen algunos periodistas, en más de 18 meses de gestión nunca tuvo “una pelea con el Presidente”.
El ministro de Economía volvió a desembarcar junto a su ex socio en consultoría y hoy titular del Banco Central, Santiago Bausili, en Carajo, el streaming ultraoficialista que conduce el propagandista Daniel Parisini (conocido en redes como Gordo Dan).
Fue para participar nuevamente del programa Las tres anclas, creado por Felipe Núñez, Federico Furiase y Martín Vauthier, donde se suelen comentar —de modo muy indulgente— los datos de la economía.
Se trata de un envío semanal del que ambos funcionarios participan regularmente desde que se instaló la volatilidad financiera tras el desarme de las LEFI. A ellos se suman ocasionalmente otros integrantes del equipo económico, como ocurrió esta vez con el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González (aunque en el graf fue presentado como “Gonzáles”).
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— Christian Buteler (@cbuteler) August 28, 2025
En el mercado ya se interpreta esta seguidilla de presencias como un indicador del estado de situación: una señal de que tal vez no todo marcha de acuerdo al plan (TMAP), el acrónimo que instaló Santiago Caputo y que incluso repite el presidente Milei.
González fue citado para hacer un balance de las inversiones aprobadas para el RIGI. “Es un éxito: ya aprobamos siete inversiones de 22 que estamos evaluando”, anunció, y precisó que la mayoría corresponde a energía y minería.
“Solo una fue rechazada porque ya tenía un importante grado de avance, y en promedio estamos tardando unos 90 días en aprobar los proyectos. Descuento que estaremos aprobando tres o cuatro más en los próximos meses”, agregó.
Recordó, además, que este régimen caduca en julio del año próximo, aunque el Poder Ejecutivo podría prorrogarlo por decreto un año más. “Es un seguro Antikuka”, celebró uno de los influencers del programa, en alusión a los beneficios garantizados por 30 años a las empresas que logren la aprobación oficial.
Fue antes de sugerir, con la habitual liviandad que caracteriza al programa y que suele ser festejada por los funcionarios presentes, que “se dinamite toda la cordillera” para poder explotarla y generar recursos.
