En medio de la incertidumbre por el paro nacional, tres dirigentes indígenas y políticos fueron denunciados en la Fiscalía de Riobamba por presunta instigación, incendio y terrorismo. Se trata de Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Guillermo Churuchumbi, presidente del movimiento Pachakutik; y Leonidas Iza, expresidente de la Conaie. La denuncia fue presentada por Manuel Peñafiel Falconí, quien lidera la denominada Corte de Justicia Indígena Iberoamericana, una agrupación afín al gobierno del presidente Daniel Noboa.
Según el escrito de Peñafiel, el 18 de septiembre de 2025 los tres dirigentes convocaron a un paro nacional inmediato e indefinido en rechazo al Decreto Ejecutivo 126, con el que Noboa eliminó el subsidio al diésel. A juicio del denunciante, esta convocatoria habría derivado en acciones que configuran delitos de instigación, incendio y terrorismo, lo que, bajo el Código Orgánico Integral Penal, podría implicar penas de hasta 40 años de prisión. En su petición, Peñafiel solicitó a la Fiscalía el inicio de una investigación previa y la citación para reconocer su firma y rendir versión.
La acusación no se limita a estos tres líderes. Paralelamente, los presidentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Negras y Montuvias (Fenocin) confirmaron que fueron notificados con el inicio de investigaciones por su participación en las jornadas de protesta. Las diligencias fiscales se enmarcan en la política del gobierno de Noboa de procesar judicialmente los actos de violencia registrados durante la paralización.
El contexto en que surgen estas denuncias es el de un paro nacional que suma varios días con bloqueos de vías, marchas en ciudades de la Sierra y la Amazonía y enfrentamientos con la Policía. La Conaie, que agrupa a 18 pueblos y 15 nacionalidades, convocó la medida tras la eliminación del subsidio al diésel, una decisión que ya había sido tomada y revertida por gobiernos anteriores. A las demandas contra el alza del combustible se sumaron reclamos sobre el alto costo de la vida, la precariedad en salud y educación, la inseguridad, la oposición a la minería y críticas a la consulta popular impulsada por el Ejecutivo.
La denuncia contra Vargas, Iza y Churuchumbi añade un elemento judicial al escenario político y social que vive el país. Mientras sectores indígenas y sindicales buscan consolidar un frente amplio de oposición mediante el Parlamento Intercultural de los Pueblos, el gobierno endurece su discurso. Noboa advirtió que no dará marcha atrás en la medida económica y que los responsables de actos violentos enfrentarán cargos por terrorismo.
Los denunciados, figuras de trayectoria en la movilización social, no se han pronunciado de manera oficial frente a la acusación presentada en Riobamba. Sin embargo, organizaciones sociales y movimientos aliados denuncian una estrategia de criminalización de la protesta. Para estos sectores, el paro es una respuesta legítima a medidas que consideran lesivas a la economía popular y a los derechos de comunidades campesinas e indígenas.
Movimientos de Tungurahua, por ejemplo, anunciaron que se unirán a las protestas y rechazaron la visita de Noboa a esa provincia. Al mismo tiempo, las demandas se amplían con exigencias como la reducción del IVA, el fin del modelo extractivista, el respeto a la consulta previa y el cumplimiento del mandato popular de detener la explotación petrolera en el Yasuní ITT.
La Fiscalía ahora deberá determinar si abre formalmente una investigación contra los dirigentes denunciados. De avanzar, el proceso podría convertirse en un nuevo punto de confrontación entre el Estado y las organizaciones sociales, en un momento en que las carreteras de algunas provincias del país siguen siendo escenario de choques y los llamados al diálogo parecen estancados.
