La posibilidad de ser detenido y deportado preocupa cada vez más a la comunidad latina que vive en Estados Unidos. Con las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, el proceso de deportación en 2025 volvió a endurecerse. Según el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), todo comienza con un control migratorio y puede terminar, meses o incluso años después, con una orden final de salida. Así funciona el mecanismo para deportar a un migrante en Estados Unidos.
Paso 1: ICE identifica a la persona
El primer paso en la deportación en Estados Unidos es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) localice a una persona potencialmente deportable. Esto puede ocurrir de varias maneras.
Una de las situaciones más comunes es la interacción directa: agentes de ICE o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detienen a alguien en estaciones de tren, autobuses, retenes viales, domicilios o lugares de trabajo, y solicitan pruebas de ciudadanía o estatus migratorio.
También puede suceder a través de la colaboración con policías locales, cuando agencias estatales o municipales informan a ICE sobre personas arrestadas.
Otra posibilidad es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) rechace una solicitud para regularizar el estatus migratorio y derive el caso a ICE.
Finalmente, una persona puede ser detectada al intentar ingresar al país norteamericano en aeropuertos o cruces fronterizos. Si CBP detecta irregularidades o falta de documentación válida, puede iniciar el proceso de deportación.
En esta etapa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puede detener a la persona en instalaciones federales o cárceles locales.
Paso 2: el DHS define cómo procede la deportación
Una vez localizada la persona, el DHS debe decidir cómo continuar el caso.
La opción más frecuente es comenzar un proceso judicial, al presentar una Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés) ante una corte migratoria.
En otros casos, DHS puede emitir una orden de remoción expedita, que permite deportar a personas detenidas cerca de la frontera sin necesidad de una audiencia, si no tienen visa ni solicitud de asilo válida.
Otra posibilidad es ejecutar una orden de deportación anterior. Si la persona ya tenía una orden vigente, puede ser deportada de inmediato.
Aunque menos común bajo la administración actual, DHS también puede optar por no proceder mediante la llamada “acción diferida”, que suspende temporalmente el proceso de deportación.
Paso 3: la corte migratoria define si puede quedarse
Si se abre un proceso judicial, la persona pasa por dos etapas ante un juez migratorio. Primero, se realiza una audiencia preliminar (master hearing, en inglés), donde el juez evalúa si el individuo violó leyes de inmigración. El gobierno, representado por abogados de DHS, debe demostrar que la persona no es ciudadana estadounidense.
Luego, en la audiencia individual (merits hearing, en inglés), el inmigrante puede presentar una defensa para permanecer en EE.UU. Puede demostrar vínculos familiares sólidos o acreditar arraigo en Estados Unidos.
Si pierde el caso, el juez emite una orden final de remoción. Esta decisión puede ser apelada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) y, en última instancia, ante cortes federales.
Paso 4: ICE intenta ejecutar la deportación
Con una orden final vigente, el ICE evalúa si puede deportar físicamente a la persona. Para concretar la salida, el país de origen debe aceptar el retorno.
Este proceso puede complicarse si faltan documentos, existen conflictos políticos o si el gobierno extranjero se niega a recibir a la persona. En esta etapa, ICE puede optar por tres caminos:
- Detener a la persona mientras gestiona el traslado. La ley permite hasta 180 días de detención. Después, se puede solicitar la libertad ante un juez federal.
- Liberarla bajo supervisión, mediante una orden que obliga a presentarse periódicamente ante ICE y, en algunos casos, permite trabajar legalmente.
- Suspender la deportación por razones humanitarias, si existen riesgos médicos, familiares o de seguridad en el país de destino.
