Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, anunció el incremento de la renta dignidad a 500 bolivianos (unos 60 euros) durante una transmisión especial en la red social X, como parte de una serie de medidas urgentes para enfrentar la crisis económica. El mandatario remarcó que la economía nacional atraviesa un momento tan delicado que la comparó con un escenario de guerra, afirmando que Bolivia “tocó fondo, pero cuando un país toca fondo, solo le queda subir, y Bolivia va a subir, aunque a algunos les duela”. En el mismo mensaje, según informó El Deber, expuso una reforma en la política de subsidios al combustible y un alza del 20% en el salario mínimo.
El Deber detalló que el subsidio a los combustibles fue eliminado de manera inmediata. La decisión busca frenar lo que el mandatario describió como una “sangría” de reservas internacionales. El propio Paz argumentó que mantener ese beneficio ponía en riesgo la capacidad del Estado para atender demandas sociales y garantizar el suministro nacional de energía. A partir de ahora, los precios de los hidrocarburos se fijarán según el costo real para el Estado, basados en lo dispuesto por el «Decreto por la Patria».
El salario mínimo nacional aumentará a 3.300 bolivianos (407 euros) a partir de enero de 2026, como parte del mismo paquete de ajustes, según consignó El Deber. Paz justificó el incremento como una respuesta para proteger el ingreso familiar frente a un contexto de reajustes macroeconómicos. Además, el gobierno aplicará la descentralización de los fondos obtenidos tras retirar el subsidio a los combustibles, transfiriendo los recursos directamente a gobiernos regionales y municipales. Estos capitales se destinarán a fortalecer hospitales, centros educativos y otros servicios públicos fundamentales en las distintas regiones del país.
El medio El Deber subrayó que Paz insistió en que eliminar subsidios “mal diseñados” no debe interpretarse como un castigo a la población, sino como un paso para reordenar las finanzas del Estado y construir un sistema de redistribución de recursos más justo y eficiente. La descentralización en la administración de los fondos aparece como un eje prioritario, dado que permitirá a regiones y municipios gestionar directamente los recursos para mejorar la calidad de los servicios esenciales.
El anuncio vino acompañado de nuevas disposiciones administrativas, entre ellas la instauración del “silencio administrativo positivo”, según El Deber. Esta figura legal permite que las solicitudes y trámites administrativos se aprueben de forma automática si no reciben respuesta en los plazos oficialmente estipulados, una medida orientada a eliminar obstáculos burocráticos y a facilitar el funcionamiento de la economía.
En materia fiscal, Paz comunicó una exención total de impuestos para capitales nacionales repatriados, anunció El Deber. Esta norma favorecerá que quienes inviertan sus recursos en la producción de bienes y servicios dentro del país no enfrenten nuevas cargas tributarias respecto a esos fondos. El objetivo declarado de esta política es incentivar la inyección de capital en territorio boliviano y fortalecer la actividad productiva.
El paquete de reformas se enmarca en lo que El Deber describió como una declaratoria de emergencia económica y social. Este proceso surge tras dos décadas de gobiernos encabezados por el Movimiento al Socialismo (MAS), periodo durante el cual, de acuerdo con Paz, se acumularon problemas en la gestión de reservas y divisas. El presidente apuntó directamente a la administración de su antecesor, Luis Arce, acusándola de dejar al Estado sin reservas internacionales y de tratar a las instituciones públicas “como un botín”.
De acuerdo con los datos de El Deber, la prioridad del actual gobierno es recomponer al Estado y remediar las consecuencias negativas de las gestiones previas. El rediseño del aparato institucional, junto con la redistribución de fondos y la apertura de nuevos incentivos fiscales, tiene como meta estabilizar la economía, contrarrestar la pérdida de reservas y garantizar la cobertura de los servicios estatales.
El impacto inmediato de la eliminación del subsidio y de la actualización de los precios en el sector energético constituye uno de los aspectos más debatidos dentro del país, según la cobertura realizada por El Deber. Estas reformas, junto con la descentralización de recursos y la transformación de los procedimientos administrativos, modificarán tanto la vida diaria de la ciudadanía como la estructura institucional boliviana.
Las autoridades subrayan que la implementación de todos estos cambios estará acompañada por una política de transparencia y por la búsqueda de un mejor aprovechamiento de los fondos públicos. En palabras recogidas por El Deber, Paz destacó que el “esfuerzo de todos se convertirá en mejores hospitales, escuelas y servicios para cada boliviano”. La administración se propone también debilitar lo que denomina el “Estado tranca”, refiriéndose a las trabas administrativas que han entorpecido la eficiencia gubernamental en los últimos años.
El contexto de estas medidas responde a una situación fiscal caracterizada por varios años de déficit y la acentuada depreciación de los activos internacionales. Ante esa coyuntura, el conjunto de acciones recientes representa un intento de abrir una nueva etapa en la gestión de la economía y el aparato estatal de Bolivia, según la información recopilada por El Deber.
