La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó este miércoles el nombramiento de Stephany Vega Morón como asesora de Alta Dirección, conforme a la resolución ministerial N.º 282-2025-PCM. El documento cuenta con la firma del premier Ernesto Álvarez y fue publicado en el diario oficial El Peruano.
Vega Morón, abogada, alcanzó notoriedad en 2022 al participar en una fiesta clandestina junto al entonces congresista y actual presidente interino José Jerí. El medio digital El Foco difundió imágenes de ambos en el bar Elephant, ubicado en la conocida Calle de las Pizzas del distrito de Miraflores, en Lima.
La reunión ocurrió durante un periodo de prohibición de eventos sociales que pudieran reunir a varias personas, según disposiciones que se mantenían vigentes en ese momento. El portal de investigación detalló que Vega Morón acudió junto a Jerí para celebrar el cumpleaños de una funcionaria municipal, amiga cercana del exparlamentario.
Los videos revelados mostraron a los presentes consumiendo bebidas alcohólicas en una terraza cerrada y sin respetar las normas sanitarias en vigor, como el uso de mascarillas o el distanciamiento físico. El Foco indicó que Jerí verificó la ausencia de personas conocidas en el local antes de retirarse el cubrebocas y sentarse con la entonces miembro de su equipo en el Parlamento.
La propia PCM había suspendido entonces desfiles, fiestas patronales y cualquier evento que implicara concentración de personas. A pesar de la restricción, el grupo continuó la celebración más allá de la medianoche. Tras la difusión del caso, la oficina de prensa de Jerí eligió no emitir declaraciones.
Según el Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales (RENATI) de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Vega Morón obtuvo el título de abogada en la Universidad de San Martín de Porres. El jurado de su tesis lo integró el actual jefe de Gabinete.
Estado de emergencia
Jerí anunció en la víspera la declaración de un estado de emergencia en Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao, por un plazo de 30 días, para luchar contra la delincuencia organizada.
En un mensaje a la nación emitido a través de televisión y redes sociales, el gobernante interino dijo que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada”, causando un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional.
“Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.
De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.
Durante toda la jornada del martes, el Consejo de Ministros estuvo reunido para elaborar el marco legal del estado de emergencia anunciado hace unos días por el mandatario para enfrentar la ola de crimen organizado en Lima, donde reside un tercio de la población peruana.
