La defensa de Begoña Gómez ha informado su renuncia a la declaración de dos testigos originalmente propuestos, María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena, dentro del procedimiento judicial sobre las actuaciones de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según consignó Europa Press. Este cambio en la estrategia procesal ocurre tras un año de solicitudes y desarrollos en la investigación, en la que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca demostrar que sus decisiones y firmas en documentos de la universidad respondieron a instrucciones directas del propio centro académico.
De acuerdo con Europa Press, este viernes a partir de las 9:30 horas comparecerán ante el magistrado Juan Carlos Peinado varios representantes de la UCM. Se trata de testigos propuestos por la defensa de Gómez con el objetivo de proporcionar contexto y justificación a sus intervenciones en la gestión de la cátedra que codirigía en la universidad. Según la defensa, estos testigos pueden avalar que Gómez actuó en base a directrices institucionales, incluyendo la firma de pliegos técnicos para licitaciones y el registro del dominio de la cátedra.
La propuesta de estos testimonios surgió después de que el juez Peinado aceptara tramitar una querella presentada por la organización Hazte Oír. En esa denuncia se atribuyen a Gómez presuntos delitos relacionados con la apropiación indebida de un software universitario, así como la comisión de intrusismo profesional al firmar documentos técnicos para conseguir patrocinadores de la cátedra universitaria. Para sustentar su posición, la defensa de Gómez aportó correos electrónicos donde, según el abogado Antonio Camacho, se evidencia que la actuación de su defendida, al firmar los pliegos de prescripciones técnicas, se produjo por petición expresa de la Universidad Complutense de Madrid.
Entre las personas convocadas en calidad de testigos destacan María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad, y dos miembros de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero. Europa Press detalla que el abogado de Gómez solicitó la presencia de Gutiérrez-Vierna para que confirmara su declaración previa ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. En dicha comparecencia, la funcionaria universitaria sostuvo que la firma de los pliegos técnicos por parte de Gómez se realizó conforme a la normativa de la UCM.
En el caso de las integrantes de la OTRI, la defensa señaló que orientaron a Gómez sobre el procedimiento adecuado para registrar el dominio de Internet vinculado a la cátedra. El abogado subrayó, según reportó Europa Press, que “el dominio nunca fue inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual», enfatizando que el registro se realizó bajo las indicaciones de la UCM. Este aspecto resultó determinante dentro de la argumentación para solicitar la citación de la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG, Zulma Escalante, quien figura como titular del dominio del máster, pese a ser una persona ajena a la universidad.
Igualmente, la actual directora de la Escuela de Gobierno de la UCM, Carmen Mitxelena, fue propuesta por la defensa para constatar la propuesta de Gómez sobre la denominación ‘Transformación Social Competitiva’. No obstante, esta declaración ha sido finalmente descartada por la propia defensa, junto con la de Sánchez Rosales, quien habría firmado dos de los correos presentados como prueba.
Este proceso judicial ha experimentado retrasos en la incorporación de testimonios. Según relató Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid intervino el pasado mes de octubre para ordenar al juez Peinado que resolviera de manera inmediata sobre la pertinencia o no de las declaraciones solicitadas, situación que llevó a la citación actual de los mencionados cargos.
La investigación dirigida por el magistrado Peinado implica a la esposa del presidente Sánchez en posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. El magistrado ha advertido que, en caso de que la causa prospere y se lleve a juicio, la vista oral sería dirimida por un jurado popular y no por jueces profesionales.
Hasta la fecha de la publicación del reporte de Europa Press, las fuentes jurídicas consultadas no han recibido respuesta formal del juzgado respecto al escrito reciente de la defensa donde se comunica la renuncia a las declaraciones de dos testigos. La causa, por su complejidad y proyección pública, sigue bajo análisis judicial.
