El impacto de la nueva política estatal también afecta el desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas cerca de la frontera, así como la vida cotidiana tanto de los migrantes en tránsito como de los comerciantes y habitantes locales. Frente a este escenario, el gobierno peruano dispuso recientemente la declaración del estado de emergencia en las zonas de Tacna, Palca y La Yarada, con el objetivo de ejercer un mayor control de los flujos migratorios y abordar el aumento de delitos transfronterizos. Según informó la prensa local y consignó el Ejecutivo, esta medida extraordinaria incluye restricciones a derechos fundamentales, el despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) apoyada por las Fuerzas Armadas y una vigilancia estricta de las actividades en la región.
De acuerdo con medios peruanos y chilenos, la decisión se adoptó tras una interrupción prolongada de la vía principal en la ciudad de Tacna, bloqueada por migrantes extranjeros, en su mayoría venezolanos, que buscaban ingresar hacia territorio chileno. Este hecho, sumado al incremento de problemas vinculados al comercio y la movilidad en la frontera, motivó la intervención estatal aprobada en una reunión urgente del Consejo de Ministros. El gobierno peruano detalló que la intervención tendrá una vigencia inicial de 60 días e implicará la habilitación de operativos encabezados por la PNP, quienes contarán con el apoyo militar conforme a la necesidad que determinen las circunstancias en la frontera sur.
Según publicó la prensa local, la declaratoria establece restricciones temporales a derechos como la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libre circulación y la posibilidad de reunión. El Ministerio del Interior designó a la PNP como responsable directa de los patrullajes y operativos, con facultades para intervenir de manera inmediata en zonas clasificadas como prioritarias tras la elaboración de mapas delictivos y el análisis de informes de inteligencia. El gobierno también autorizó reasignaciones de recursos orientadas a fortalecer las capacidades del Ministerio Público y del Poder Judicial en la gestión y procesamiento de casos emergentes durante el periodo de emergencia.
El Ejecutivo peruano, citado por medios nacionales, comunicó que, en adelante, toda actividad pública dentro de las áreas bajo emergencia, incluyendo eventos religiosos o culturales, queda sujeta a la autorización previa de las autoridades correspondientes. Complementariamente, la estrategia oficial se apoya en mecanismos digitales para la denuncia de delitos relacionados con mercados ilícitos y criminalidad transfronteriza. Entre estos se incluyen casos de trata de personas, tráfico de estupefacientes, contrabando de armas, comercio irregular de chips telefónicos y transporte no autorizado de pasajeros.
Tal como publicó la prensa peruana, este enfoque integral responde a la necesidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía local y reforzar la vigilancia activa a lo largo de la franja fronteriza. El presidente José Jerí, en un mensaje transmitido a través de la red social X y difundido por los medios nacionales, afirmó: “Nuestras fronteras se respetan”. En este contexto, Jerí subrayó la importancia de consolidar una coordinación efectiva entre las fuerzas policiales y militares. Según reportó la prensa local, el titular del Interior, Vicente Tiburcio, justificó la medida aludiendo a los riesgos derivados de las recientes modificaciones en la política migratoria chilena y los desafíos emergentes en la región limítrofe, señalando que “El Estado es uno” al referirse a la actuación conjunta de las fuerzas estatales.
De acuerdo con lo consignado por los medios, el detonante inmediato de la decisión del gobierno fue el bloqueo de la vía principal de acceso a Tacna, protagonizado por migrantes extranjeros que aguardaban acceso hacia Chile ante la imposibilidad de cumplir con los nuevos requisitos de visado. La acumulación de personas y la paralización de cargas afectaron la circulación habitual de mercancías y a decenas de camiones, generando severas alteraciones en el comercio y la cotidianidad de la población de la zona. La mayor parte de los migrantes implicados provienen de Venezuela y se encuentran en tránsito debido a los recientes cambios regulatorios implementados por Chile, que dificultaron su ingreso o salida del territorio chileno. Esta situación provocó una presión adicional sobre el lado peruano de la frontera.
Medios internacionales y nacionales precisaron que el objetivo central del estado de emergencia recae en facilitar una intervención más focalizada contra el ingreso irregular de personas y la vigilancia de actividades fuera de la legalidad en la región fronteriza. El gobierno informó que la cooperación establecida con Chile, mediante la creación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, permitirá implementar respuestas conjuntas y coordinar acciones para administrar el flujo migratorio y combatir la criminalidad asociada.
El gabinete peruano estructuró un plan operativo basado en el refuerzo de los patrullajes motorizados, la aplicación de inteligencia policial y la detección sistemática de delitos vinculados al fenómeno migratorio, según informaciones recogidas por la prensa local. El monitoreo incluye la identificación de personas que cruzan la frontera sin autorización y la investigación de redes criminales dedicadas a actividades como la trata de personas y el tráfico de sustancias prohibidas.
El monitoreo estatal también involucra la supervisión constante de eventos públicos y la regulación de reuniones masivas en las zonas bajo emergencia. La política estatal contempla que la continuidad, reforma o levantamiento de las restricciones quedará sujeta a los resultados operativos alcanzados a lo largo de las próximas semanas, afirmaron voceros oficiales recabados por los medios nacionales.
Además de los efectos inmediatos sobre la seguridad interna y el comercio local, la crisis fronteriza se inscribe en un marco de tensión regional influido por la coyuntura política chilena, incluida la inminente segunda vuelta presidencial. Medios chilenos señalaron que las propuestas de ciertos candidatos, como José Antonio Kast, incluyen mayores controles en el paso terrestre, la expulsión inmediata de migrantes sin documentos y el cierre de rutas hacia Perú y Bolivia. Estos posibles endurecimientos, de aplicarse, modificarían significativamente los flujos migratorios hacia territorio peruano.
Funcionarios peruanos citados por el gobierno y reproducidos por medios especializados advirtieron que la combinación entre la sofisticación de la vigilancia estatal, la presión ejercida por el fenómeno migratorio y los cambios normativos en Chile podría aumentar tanto el número de personas en movimiento como la tensión social en la frontera en los próximos meses. Frente a este contexto, las autoridades insisten en que la presencia activa y la vigilancia en la franja limítrofe permanecerán como prioridades para afrontar las amenazas y gestionar los desafíos operativos que surgen de la criminalidad transfronteriza.
La situación en la frontera sur de Perú se caracteriza por una fuerte incertidumbre, con la población local, los transportistas y los comerciantes a la espera de los resultados que producirá este robustecimiento del control estatal. Según detalló el Ejecutivo peruano y difundió la prensa nacional, el enfoque multisectorial adoptado persigue garantizar tanto la seguridad ciudadana como la operación fluida de los procesos económicos en la región. En el fondo, el estado de emergencia y sus mecanismos asociados se proyectan como la respuesta estatal ante los desafíos inmediatos que plantea la crisis migratoria y delictiva concentrada en el eje fronterizo entre Perú y Chile.
