Los detalles emergentes en los procesos judiciales sobre la fiabilidad de los equipos y archivos electrónicos confiscados en julio, pieza central de diversos reportajes televisivos y escritos, han posicionado la discusión sobre la transparencia informativa y el control institucional en Colombia. Estas controversias, surgidas tras la designación del capturado Alexander Díaz, conocido como ‘Calarcá’, como gestor de paz por parte de la Fiscalía luego de una operación militar, renovaron el debate alrededor de supuestos vínculos entre representantes del gobierno y organizaciones fuera de la ley, según informó Europa Press.
A raíz de la liberación de ‘Calarcá’ y la difusión de registros electrónicos presuntamente intervenidos, el presidente Gustavo Petro dirigió severas críticas hacia los medios nacionales. Según consignó Europa Press, el mandatario acusó a cadenas de televisión y publicaciones impresas de difundir conversaciones que, tras un análisis de inteligencia artificial, resultaron ser producciones tecnológicas y no diálogos genuinos entre funcionarios y miembros de disidencias armadas. De acuerdo con Petro, todos los chats y mensajes atribuidos a su círculo próximo fueron construcciones artificiales y, tras una revisión, se determinó que la información presentada al público formaba parte de registros públicos y no de documentos confidenciales protegidos por la Fiscalía.
La reacción presidencial tuvo lugar en un contexto de creciente escrutinio político. Petro sostuvo, citado por Europa Press, que «son mentiras», en referencia a los materiales digitales divulgados que buscaban posicionar un relato engañoso justo en el umbral de inestabilidad que atraviesa el panorama institucional. Al mismo tiempo, la Fiscalía mantiene la investigación sobre el material incautado a los responsables de las disidencias, con el objetivo de esclarecer si existen nexos concretos entre este y funcionarios estatales, detalló Europa Press.
Este escenario quedó marcado también por la actuación del Consejo Nacional Electoral, organismo que sancionó recientemente a los organizadores de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por supuestos excesos en los límites de financiación permitidos. El presidente descartó, según palabras difundidas por Europa Press, que existiera cualquier aporte ilícito: “no hubo un solo peso del narcotráfico” involucrado en su candidatura. Petro insistió en que la comprobación a través de fuentes abiertas descartó irregularidades y rechazó la manipulación y la difusión de conversaciones digitales alteradas, considerándolas responsables del agravamiento de la tensión política.
Las investigaciones no solo han destacado posibles implicaciones de figuras políticas, sino también de altos cargos de los organismos de seguridad. Europa Press reportó la suspensión temporal de Wilmer Mejía, exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia, acusado de facilitar intercambios de información y encuentros tanto dentro como fuera del país con miembros de disidencias. Petro matizó, según la misma fuente, que Mejía “solo integró un equipo de análisis” sin responsabilidades ejecutivas ni peso en la toma de decisiones que definieran la política gubernamental.
Otro foco de atención lo ha recibido el general retirado Juan Miguel Huertas, a quien reportes anónimos mencionaron por su presunta participación en el fomento de empresas de seguridad dedicadas a prácticas ilegales y habilitación de personal armado. Gustavo Petro enfatizó, según declaraciones recogidas por Europa Press, que Huertas se retiró del Ejército en 2021, designado en su rango durante la administración anterior, desvinculándolo del equipo del actual gobierno. Ambas situaciones provocaron que la Procuraduría suspendiera provisionalmente a Huertas y Mejía ante indicios de colaboración con las disidencias bajo el liderazgo de Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’, un movimiento que Europa Press confirmó al citar fuentes de la entidad disciplinaria.
En paralelo, registros electrónicos intervenidos involucran a la vicepresidenta Francia Márquez en supuestos contactos con el bloque Estado Mayor Central, liderado por ‘Iván Mordisco’, para canalizar financiamiento hacia dicha organización y respaldar la campaña presidencial de Petro. El presidente negó cualquier implicación de Márquez o de su entorno en ese tipo de actividades, y señaló que su administración denunció ante la Fiscalía la existencia de seis empresas de seguridad operadas de manera irregular bajo cobertura de figuras y empresarios vinculados a gobiernos anteriores, según reportó Europa Press.
En cuanto a los procedimientos judiciales, actualmente persiste la tarea de evaluar la veracidad de los archivos digitales retenidos a los disidentes y determinar si los documentos presentados en los reportajes responden a fuentes válidas y legítimas o si han sido manipulados, informó Europa Press. La entidad judicial mantiene abiertas varias líneas de investigación a la espera de definir si la información difundida cumple con los criterios de autenticidad y trazabilidad en cada caso.
El presidente Petro, en diversas intervenciones recientes reproducidas por Europa Press, aludió a su historial en la lucha contra el narcotráfico y la estructura de ilegalidad en Colombia, remarcando: “si alguna posición ha tenido Petro en las últimas dos décadas en la lucha frontal contra los narcotraficantes, a riesgo de su propia vida y la de su familia, es por tomarse (en serio) el Estado y desarrollar la ley”. Petro aseguró que en este periodo su gabinete fue el primero en identificar y advertir sobre intentos de infiltración y manipulación de entidades estatales con fines de favorecer a grupos armados irregulares.
La publicación, circulación y debate público sobre la documentación intervenida profundizó las discusiones respecto a la transparencia en los procedimientos estatales, la solidez de la información difundida por los medios y el impacto de estos factores en la estabilidad política de un país que se dirige hacia escenarios electorales en marzo y mayo de 2026, consignó Europa Press. El proceso de investigación y las posiciones contrapuestas entre las instituciones de control, la Fiscalía y la Presidencia han instalado una controversia sobre el alcance real de las pruebas y la posible participación estatal o privada en la gestión de los archivos electrónicos que han alimentado el debate nacional.
Mientras tanto, la Fiscalía y la Procuraduría prosiguen las pericias sobre los dispositivos y archivos electrónicos vinculados al caso de ‘Calarcá’, piezas determinantes en la definición o desestimación de eventuales nexos entre figuras del Estado y estructuras armadas irregulares, tal como puntualizó Europa Press. El proceso permanece bajo observación de la opinión pública, con el trasfondo de interrogantes acerca de la legitimidad de los documentos y testimonios presentados tanto en ámbitos judiciales como en medios de comunicación.
